EE.UU.: también libertad amenazada

El Departamento de Estado ha publicado, recientemente, el informe anual con su visión de la situación de los derechos humanos en el mundo.

Durante el gobierno de Jimmy Carter estos informes poseían una inusitada importancia que, es lamentable, ha ido decreciendo en los últimos tiempos. En aquellos años plagados de dictaduras en América latina se realizaban con un objetivo puntual: ofrecerle a los legisladores elementos que fundamentasen las decisiones de una política agresiva en la defensa de los derechos humanos.

Por ejemplo, la información obtenida por el diplomático Tex Harris y publicada en aquellos primeros informes sobre las desapariciones y los vuelos de la muerte, sentó las bases para que el Congreso prohibiera la venta de armas a la dictadura militar argentina de entonces.

La administración Carter dejó en claro que dicho informe no debía ser utilizado como un dictamen sobre el mundo; ni tampoco ocuparse de temas en los cuales Estados Unidos tuviera deficiencias aun mayores que las de otros países o fueran irrelevantes a los intereses humanitarios de su gobierno.

El actual informe presentado por la propia Condoleezza Rice incluye el tema de la relación entre el gobierno democrático argentino y la prensa libre. Si bien en la posterior conferencia de prensa no hubo preguntas sobre la Argentina entre los periodistas estadounidenses que cubren el mundo diplomático, la mención sobre la prensa en nuestro país provocó varios comentarios sarcásticos ya que, en realidad, quienes defienden la libertad de prensa en todo el mundo están hondamente inquietos por las condiciones de la misma en Estados Unidos.

Sólo algunos datos ilustrativos de los últimos tiempos:

Hace cinco años que el cameraman Sami Al-Haj se encuentra encarcelado sin que se le hayan efectuado cargo alguno en su contra. Y lo mismo ocurre desde hace casi un año con el fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein.

Propaganda oficialista

Más de 20 agencias federales utilizaron 240 millones de dólares para producir y distribuir propaganda oficialista disfrazada como información periodística independiente. La oficina del presupuesto federal denominó tal gasto como «difusión encubierta».

El senador del partido gobernante, Jim Bunning acusó a «The New York Times» de «traición a la patria» disgustado por diversos artículos. Mientras tanto, el diputado republicano, Peter King solicitó que el ministro de Justicia Alberto Gonzales levante cargos contra el mismo diario ante la Justicia federal, por actos criminales por publicar ciertos actos de gobierno.

El presidente George W. Bush acusó a varios diarios de ayudar a los terroristas cuando revelaron que su gobierno espiaba las transacciones financieras de millones de personas sin autorización previa de un juez. Uno de los diarios que publicó la información es «The Wall Street Journal».

El gobierno autorizó pagos a por lo menos tres periodistas para que promuevan políticas específicas en sus artículos. El columnista conservador Armstrong William reconoció haber recibido 240.000 dólares del Ministerio de Educación encubiertos como honorarios, por un asesoramiento que nunca fue realizado

Así como Judith Miller, periodista de «The New York Times», fue encarcelada durante 85 días por negarse a revelar sus fuentes de información; hay más de 12 periodistas que están por pasar por las mismas circunstancias. Mientras tanto, el periodista independiente, Joshua Wolf ya fue encarcelado dos veces en un año por negarse a revelar fuentes de información, un derecho esencial de la libertad de prensa.

Desde el comienzo de la guerra en Irak a la prensa no se le permite sacar fotos de los ataúdes que a diario traen de regreso a los soldados muertos en el conflicto.

El reconocimiento de la importancia de resguardar una prensa libre para construir una sociedad democrática es una lección por la cual los argentinos hemos pagado un alto costo. Más de 100 periodistas fueron asesinados y muchos más debieron exiliarse durante la dictadura. Si algo hemos aprendido durante aquellos años, es que la defensa de la prensa libre debe ser una causa de toda la ciudadanía.