El Estado "privatiza" sus responsabilidades

Asistimos a un momento crucial para nuestro país: la «transferencia de las responsabilidades del Estado». ¿Qué significa esto? Que a pesar de las expresiones constantes desde el oficialismo que ostentan un «Estado fuerte y responsable», ese mismo Estado es quien se encuentra realmente ausente y no se ocupa de sus responsabilidades esenciales: el cuidado de la vida y la libertad de sus ciudadanos.

Distintos acontecimientos de los últimos tiempos demuestran que se busca «tercerizar» la culpa desplazándola hacia distintos actores de la sociedad en lugar de hacerse cargo de sus responsabilidades irrenunciables. Esto se llama ineptitud.

Por ejemplo, en lugar de proveer seguridad, el gobierno oculta su responsabilidad y su inoperancia, negando y ocultando datos y estadísticas, mientras culpa a los medios de comunicación por informar y «causar sensación de inseguridad». Al mismo tiempo, acusa a la oposición por querer «politizar» el tema, como si la seguridad no fuera una política de Estado.

Ante la desaparición de Julio López organizó una campaña de búsqueda mediática, cien por ciento efectiva en cuanto a su difusión, y quedó claro que no se ocupó de cuidarlo realmente cuando debía hacerlo.

En el plano político, el Presidente apoya reelecciones indefinidas, símbolo de la acumulación de poder por el poder mismo, que indefectiblemente conlleva a obtener mayores garantías de impunidad. Y cuando un sector importante de la sociedad, en este caso encabezados por la Iglesia Católica, se manifiesta en contra, ligeramente un ministro expresa «usan las iglesias como unidades básicas»; o se les prohíbe a las fuerzas de seguridad que concurran a misa, en lugar de ocuparse del problema de fondo.

Todas las semanas nos alarmamos por los accidentes fatales en las rutas. No asume la falta de planificación, mientras que sí se ocupa de subsidiar a las concesionarias y de autorizar las casillas de peajes.

Los estadios de fútbol son caldos de cultivo para las barras bravas, que impunemente cometen actos de vandalismo domingo tras domingo y que nadie las controla. Son las mismas patotas utilizadas una y otra vez por bandas mafiosas que disputan su poder dentro de nuestras instituciones, nuestros barrios y nuestras calles. Por ejemplo, nadie del gobierno explicó qué pasó realmente en el Hospital Francés, y mágicamente, nadie es responsable de semejantes hechos de violencia y locura.

Los trágicos hechos del 17 de octubre pasado desnudaron una vez más esta transferencia de responsabilidades, la seguridad, valor indelegable en una sociedad que vive en un pleno estado de derecho, fue delegada a bandos sindicales enfrentados.

El gobierno hace agua en muchos temas que preocupan al conjunto de la ciudadanía. En lugar de reconocerlo o trabajar para resolverlos, traslada culpas, las descarga en la Iglesia, en los medios de comunicación, en la oposición y llamativamente en la ciudadanía..

Usa, como moneda corriente, la difamación por medio de funcionarios. Descalifica las propuestas que realiza la oposición desacreditándolas permanentemente. Algunos funcionarios o dirigentes influyentes utilizan a los «batatas modelo siglo XXI», llámense Muhamad o Quiroz, usando la violencia como metodología para resolver las cuestiones.

Ante los hechos descriptos cabe reflexionar si es que estamos frente a un Estado que traslada los problemas a su ciudadanía por su propia ineptitud o si, por el contrario, sufrimos un gobierno que no quiere resolver los problemas por falta de apego a las necesidades del pueblo.