El juez locuaz y el juez taciturno

Como un rayo en el sereno, el juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio renunció anticipadamente, con fundamento en la proximidad del cumplimiento de sus 75 años, edad en la que (de acuerdo con el inc. 4 del art 99 de la Constitución nacional) le sería necesario un nuevo acuerdo y un nuevo nombramiento para mantenerse en el cargo. La dimisión es breve: considera que no sería ético seguir en el alto tribunal gracias a la nulidad de dicha norma que él mismo, junto con sus colegas (con excepción del Dr. Petracchi, que se excusó) declarara finalmente en el caso Fayt («Fallos» de la CSJN, 323; 1.616).

La renuncia ejemplifica que la brevedad y la claridad son las cualidades más apreciables en el menester de las gentes de justicia «y que ambas mejor se funden en el silencio» (Calamandrei). Es el modelo del juez taciturno en su función, que «habla por sus sentencias». Belluscio, en todo su largo desempeño, ha sido su paradigma.

La contracara es el juez locuaz, que habla «mucho o demasiado», condenado por violar «l'arte di tacere» (el medieval arte de callar). La 12ª acepción de la voz «hablar» consigna que «el que más habla es el que más tiene que callar». Rodeado de micrófonos como estrella del rating o asistente a almuerzos televisivos, este tipo de jueces utiliza su función hasta para promoverse a cargos políticos. Es la videopolítica (Sartori) llegando al Pretorio. Los casos locales son de dominio público En Estados Unidos, por el contrario, se ha reiterado que la Corte sólo opina por escrito. Los magistrados, dice su vocero, simplemente no desean ser personalidades. «No creen que jugar al tenis o ser campeones de baile tengan nada que ver con ser buenos jueces.» Se niegan a ser filmados cuando pronuncian discursos (juez Scaglia) o inauguran alguna dependencia (jueza O'Connors). «En un mundo en que todos querían aparecer en la pantalla, sólo la mafia y los ministros de la Corte la evitan.»

El actual presidente de la Corte Suprema, Dr. Petracchi, acaba de dirigirse a sus colegas exhortando a evitar «la Corte parlanchina».

La circunstancia pone en evidencia a los destinatarios de su admonición. No han de ser los taciturnos, indudablemente. La imparcialidad política del juez impone la exclusión de actividades que puedan afectar su objetividad y soberanía de criterio o erosionen la circunspección de su investidura, ingredientes de la independencia, constitucionalmente exigida. «Los jueces -escribió Tocqueville hace 170 años- no sólo deben ser buenos ciudadanos, hombres probos e instruidos, sino también hombres de Estado. Es preciso que sepan discernir el espíritu de su tiempo, afrontar los obstáculos que puedan vencerse y apartarse de la corriente cuando el ímpetu de ésta amenaza con llevarse, junto con ellos, la soberanía de la unión y la obediencia debida a sus leyes.»