El país necesita un "Moncloa" poselectoral

Adolfo Suárez

Las elecciones del 23 de octubre no deben ser en modo alguno un fin en sí mismo sino tan sólo un medio para organizar una nueva legitimidad parlamentaria que contribuya a sacar a la Argentina del estado de fragmentación política, económica, social e institucional en que se encuentra.

Es perentorio diseñar un nuevo universo en el cual se reflejen las expectativas del conjunto de los argentinos para evitar que la vida de la gente en todos sus órdenes sea la variable de ajuste de la disputa política entre facciones que a diario comprometen nuestro presente y porvenir.

La intemperancia del discurso oficial y la ausencia de diálogo en el país ponen en evidencia el estado de facción en el cual se encuentra la opinión política nacional. Esta fragmentación -en la que el mismo gobierno actúa como una facción más- incrementa la necesidad de un conjunto que contenga a las partes, pues éstas sólo pueden existir en el contexto de un todo. Y ese todo no podrá ser instituido sino mediante un ejercicio colectivo de responsabilidad por parte de una dirigencia seriamente comprometida en afianzar nuestra cohesión social, aun en el contexto de la dura competencia internacional que nos significa participar activamente de un mundo global. El gobierno debe comprender que las adversidades de una áspera negociación sólo pueden ser afrontadas con el respaldo de la unidad de los argentinos pero esta última no podrá ser alcanzada sino a través de la participación.

Por todo ello, inmediatamente después de las elecciones, con prescindencia de resultado alguno, es necesario convocar -como en los acuerdos españoles de la Moncloa- a todas las fuerzas políticas del país con representación parlamentaria y demás fuerzas sociales con el propósito de establecer una agenda de temas de Estado que restituyan la estabilidad, la credibilidad, la previsibilidad y el prestigio que la Argentina supo tener en muchos períodos de su historia.

• Coincidencia

Los pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977, consagraron la supremacía del conjunto respecto de los intereses de la parte. El punto de partida fue la coincidencia en el diagnóstico respecto de la situación del país y en la necesidad de que los costos desiguales de la superación de la crisis fuesen soportados equitativamente por los distintos grupos sociales participantes.

No se trató sólo de un pacto financiero sino que los acuerdos incluyeron muchas más políticas de mediano y largo plazo que determinaron el futuro político y económico de España. Sin embargo, lo más importante fue el grado de confianza que un consenso como éste dio a los ciudadanos españoles y la estabilidad política que ello suponía.

Los partidos políticos y los sindicatos fueron capaces de dejar de lado sus diferencias para lograr que imperase el interés común frente al particular. Esto les concedió una gran credibilidad a los dirigentes políticos y creó las condiciones adecuadas para debatir, en un marco de tranquilidad social y de consenso, la futura Constitución de España.

Desde Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, a Manuel Fraga Iribarne, franquista, pasando por el socialista Felipe González y el centrista Adolfo Suárez, todos comprendieron que no había futuro sin unidad. Por ello, diez días antes de la firma de los pactos, fue dictada una ley general de amnistía para la pacificación de los espíritus y la reconciliación nacional. Como vemos, la imaginación siempre es mejor que el rencor.