El coronavirus y la necesidad de reformar la ley de concursos y quiebras

Opiniones

La gravedad de la crisis económica a raíz del coronavirus, requiere la adopción de medidas que permitan la subsistencia del mayor número de empresas y de puestos de trabajos posible. Una de las medidas a considerarse, sería la implementación de herramientas más eficaces que permitan reestructurar los pasivos de las empresas.

Nuestro país y el mundo se ve afectado por la que podría ser una de las mayores crisis – sino la mayor- que hayamos vivido. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georguieva, advirtió que la crisis global que genera la pandemia de coronavirus tendrá "las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión" de 1929.

Además de la deuda externa que agobia al país en un calendario asfixiante, es de esperar un descenso en las exportaciones y un descenso de la inversión externa -derivada de la depresión internacional- que agravará aún más la crisis económica de la Argentina. Una disminución de la demanda interna de bienes y servicios; el quiebre de la cadena de pagos y la necesidad que el Estado tendrá de incurrir en mayores gastos contando con menores ingresos fiscales, se traducirá en un aumento del déficit fiscal y de la depresión. El panorama afectará a todas las empresas aún a aquellas que hasta hace poco eran consideradas como las más solventes.

La gravedad de la crisis requiere la adopción de medidas que permitan la subsistencia del mayor número de empresas y de puestos de trabajos posible. Entre las medidas que a mi juicio deberían considerarse, se encuentra la implementación de herramientas más eficaces que aquellas pensadas para tránsitos económicos normales, que permitan reestructurar los pasivos de las empresas que, necesariamente, se ven y/o se verán seriamente afectadas por el repentino descenso de su facturación, derivado de la caída de sus ventas y el mantenimiento de todas o de una parte sustancial de sus obligaciones. Muchas de dichas empresas, aún siendo patrimonialmente solventes, pueden enfrentar una grave crisis de liquidez que debe ser evitada o superada de la forma menos traumática posible.

En este caso cabe tener presente que, para afrontar la crisis de fin del año 2001 y comienzo del año 2002, entre otras medidas que se adoptaron, se reformó la ley de concursos y quiebras a través de la ley 25.563.

Dicha norma, que declaró la emergencia productiva y crediticia desde el mes de enero de 2002 y hasta el 10 de diciembre de 2003, fue empleada con éxito en una grave crisis, no tan lejana.

Esa ley debería ser reconsiderada a raíz de las actuales y graves circunstancias que atraviesa el país y el mundo entero, por cuanto la actual regulación ha sido pensada para situaciones de insolvencia individual y no está prevista para situaciones de crisis generalizadas, que necesitan de regímenes que regulen tales crisis financieras en el marco de una situación excepcional como la que vivimos en este momento.

La reforma que se introdujo a la ley de concursos en esa oportunidad determinó, para los nuevos concursos que se presentarían, la ampliación del período de exclusividad otorgado al deudor para formular propuestas de acuerdo preventivo a un período máximo, a ser fijado por el juez, de entre 180 y 360 días, que en muchos casos fue además extendido jurisprudencialmente, ponderando las circunstancias de cada caso. Por otra parte, el período de exclusividad de los procesos concursales que ya habían sido presentados fue extendido por 180 días.

Fue en aquella oportunidad que se eliminó la prohibición de que el deudor pueda ofrecer un acuerdo que contemple pagos a acreedores quirografarios por menos del 40% del monto original de la deuda.

La reforma extendió al fiador o codeudor solidario los alcances de la nueva obligación resultante del acuerdo preventivo homologado, importando ello una limitación de la garantía originalmente pactada, en tanto el fiador se beneficiaba de los términos acordados por el deudor principal en su concurso preventivo. Si bien esta solución puede parecer extrema, por cuanto la constitución de una fianza tiene como presupuesto la intención del acreedor de percibir la totalidad de su crédito, en una situación de crisis generalizada como la mencionada se evitó el concursamiento de nuevos sujetos –los fiadores- quienes probablemente tampoco habrían podido cumplir con el pago de la deuda original del deudor afianzado.

El artículo en cuestión disponía “Novación. En todos los casos, el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Esta novación no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios, los que quedarán obligados solamente en la extensión de la nueva obligación nacida del acuerdo homologado.”

También se suspendió por casi un año la ejecución de garantías de obligaciones financieras que permitían la transferencia del control de sociedades concursadas o sus subsidiarias.

Se amplió por el término de un año el plazo para el cumplimiento de obligaciones asumidas por los deudores en los acuerdos concursales homologados, teniendo en cuenta que la crisis trastocaba todos los compromisos que razonablemente pudieron preverse al momento en que los mismos fueron asumidos y también suspendió las ejecuciones en el marco de los concursos preventivos por el plazo de un año.

A fin de evitar quiebras en masa, se suspendieron por 180 días los pedidos de quiebra sin perjuicio de dejar a salvo la posibilidad de decretar medidas precautorias de protección de la integridad del patrimonio del deudor, cuando el juez considerara acreditado, prima facie, lo invocado por el acreedor y se demuestre peligro en la demora.

Se disminuyó la tasa de justicia, estipulándola en el 0,75% (cero setenta y cinco por ciento) del importe de todos los créditos verificados comprendidos en el acuerdo preventivo. Sin embargo, cuando dicho importe superara la suma de $ 100.000.000 la tasa aplicable se fijó en 0,25% (cero veinticinco por ciento) sobre el excedente de dicho importe.

Asimismo se estipuló que la Administración Federal de Ingresos Públicos concediera a los procesos concursales, con carácter general, planes de pago de hasta diez (10) años.

Asimismo se estableció la suspensión por el plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de la presente, la totalidad de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean, con excepción de los créditos de naturaleza alimentaria y los derivados de la responsabilidad de la comisión de delitos penales, los créditos laborales, los que no recaigan sobre la vivienda del deudor o sobre otros bienes afectados por el mismo a la producción, comercio o prestación de servicios, los derivados de la responsabilidad civil y contra las empresas aseguradoras, las obligaciones surgidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley y los casos en que hubiera comenzado a cumplirse la sentencia de quiebra, con la correspondiente liquidación de bienes.

Se suspendieron por ciento ochenta (180) días las medidas cautelares trabadas y se prohibieron el dictado de nuevas medidas cautelares sobre aquellos bienes que resulten indispensables para la continuidad de las actividades relacionadas con el giro habitual del deudor. En ese marco se suspendieron asimismo el plazo las ejecuciones fiscales y medidas cautelares a que se refiere el artículo 92 de la Ley 11.683, estableciéndose que serían nulos todos los actos de disposición extraordinaria del deudor sobre sus bienes durante el período de suspensión, salvo que contare con acuerdo expreso de los acreedores.

Se derogó durante la vigencia de la ley, asimismo, el proceso de cramdown por el que terceros pueden adquirir forzosamente las acciones de empresas concursadas como una forma de facilitar que las mismas lleguen a acuerdos preventivos con sus acreedores, sin que existan tomas de control hostiles por parte de terceros.

Finalmente, en cuanto al acceso al crédito, se dispuso que el Banco Central de la República Argentina procediera a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impidiese, obstaculizare o encareciere el acceso al crédito de las personas físicas y/o jurídicas concursadas. Se dispuso además que el Banco Central de la República Argentina instrumentase una línea de redescuentos, destinada a las entidades financieras que asistieren a las empresas concursadas, lo que tendría por efecto asegurar a los concursados el acceso a créditos y avales suficientes para formular una propuesta de acuerdo a sus acreedores, considerada razonable y viable por la entidad bancaria a cuyo cargo se encontraba la asistencia crediticia.

Se estableció además que las empresas concursadas y aquellas en quiebra con continuidad empresaria, podrían contratar libremente con el Estado nacional, siempre que reuniesen las condiciones exigidas por este último.

También deberían considerarse, junto con otras medidas necesarias para atacar los efectos de esta emergencia, la exclusión de los créditos fiscales quirografarios de la base del cómputo de las mayorías requeridas para la aprobación de los concursos –puesto que la AFIP no expresa su voluntad a las propuestas que se formulan obstando el cómputo de su acreencia las soluciones concordatarias- sometiendo los créditos fiscales quirografarios al régimen que aprueben los acreedores de tal carácter –excluida la AFIP-, sometiéndose a planes de pago sólo aquellos créditos que sean admitidos como privilegiados. Ello terminaría con el comportamiento, indebidamente tolerado, por el que la AFIP cobra, por medio de los planes de facilidades de pago, el 100% de sus acreencias en violación al principio de igualdad de trato que debería primar, mientras el resto de los acreedores del mismo rango deben soportar podas significativas de sus acreencias.

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