Mirar las medidas fiscales de Estados Unidos para luego ver el reflejo en el espejo

Opiniones

Los beneficios fiscales del Gobierno nacional surcan el delicado equilibrio entre necesidades y posibilidades. La emergencia exige diseñar e implementar medidas con suma urgencia.

La aparición del coronavirus Covid-19 y su rápida e inclemente propagación que llevaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar a la infección como pandemia está produciendo un impacto mayúsculo en nuestras vidas.

Más allá de algunas reacciones tardías y declaraciones desafortunadas o ambiguas que inicialmente subestimaron la gravedad del fenómeno, los gobiernos de las principales economías del mundo han implementado medidas sanitarias tendientes a contener la circulación amplia y sostenida del virus, en muchos casos con restricciones extremas.

Pronosticar el impacto económico generado por el necesario e indispensable confinamiento es extremadamente dificultoso toda vez que estamos en presencia de un hecho sin precedentes y de duración incierta.

No obstante, a la luz de los primeros datos que corroboran la caída del nivel de actividad en muchos sectores y el significativo aumento de desempleo, ya nadie duda que la economía global se está encaminando a una profunda recesión, cuya magnitud y recuperación posterior dependerá de muchos factores, pero especialmente de cómo evolucione la situación epidemiológica.

En este contexto, la respuesta de las autoridades de los países centrales ha sido bastante pragmática, con medidas de rápida implementación tendientes a paliar los efectos de la crisis en las personas y empresas. En efecto, las medidas sanitarias por las que se impusieron restricciones a la movilidad y concentración de personas fueron acompañadas por políticas monetarias para incrementar la liquidez del sistema financiero y políticas fiscales para asegurar el ingreso de los sectores más más vulnerables y reducir o postergar la carga impositiva, especialmente de las empresas (al mismo tiempo que se deben atender los mayores gastos en materia sanitaria).

A modo de ejemplo, en los Estados Unidos la Administración del presidente Donald Trump impulsó la denominada CARES Act (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security), que establece un paquete de estímulos por la suma estimada de 2,3 billones de dólares (dos trillions según la terminología utilizada en EEUU, esto es, una cifra de doce ceros) y que incluye:

  • la extensión del seguro de desempleo, eliminando restricciones para su obtención, incrementando los beneficios por hasta cuatro meses y expandiendo la cobertura a trabajadores autónomos;
  • un programa de protección del salario (Paycheck Protection Program) al cual se alocaron u$s350.000 millones en préstamos condonables destinado a las “pequeñas empresas” -hasta 500 trabajadores- para que puedan afrontar los pagos de salarios, alquileres y servicios públicos por ocho semanas. El monto máximo del préstamo, que no requiere garantías y se encuentra garantizado por la agencia gubernamental SBA (Small Business Administration), es de U$S 10 millones, y no deberá repagarse en la medida que la empresa beneficiaria mantenga la nómina salarial;
  • una línea de préstamos de emergencia por u$s454.000 millones para ciertos sectores afectados severamente por la crisis (aerolíneas, transporte, etc.), provincias y municipios;
  • una reducción del costo salarial a través de créditos fiscales por hasta el 50% de los pagos efectuados por los empleadores y la postergación para el ingreso de las contribuciones patronales hasta fin del corriente año;
  • reducción del impuesto a la renta para individuos a través de créditos fiscales

Como vemos, se trata de una respuesta de amplio espectro y que parece ser, a priori, acorde a la magnitud del problema.

En el caso de los países emergentes y de América Latina en particular, el escenario se torna aún más complejo de resolver por cuanto, por un lado, la combinación del aislamiento social con un alto grado de informalidad hace que amplios sectores de la población queden sin sustento alguno y con serias dificultades para que puedan recibir la ayuda del Estado, y por el otro, los países tienen menor espacio fiscal y de financiamiento para desplegar políticas activas.

En nuestro país, cabe señalar que ya a fines del año pasado y con anterioridad a la aparición de este flagelo, el Congreso de la Nación había declarado la situación de emergencia en materia económica, entre otras (Ley N° 27.541 publicada en el B.O. el 23/12/2019).

El poco tiempo transcurrido desde entonces y la aparición de la pandemia no han hecho más que agravar la situación. El aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno fue seguido de una serie de medidas tendientes a atenuar el impacto económico de la crisis para las familias y empresas, afectando negativamente tanto los crecientes gastos (para reforzar el sistema sanitario y realizar transferencias monetarias a familias y empresas), como los alicaídos recursos fiscales producto de la menor actividad económica.

A la fecha, las principales disposiciones que conllevan una reducción de los ingresos fiscales han consistido en:

  • a) un tratamiento diferencial a los empleadores pertenecientes a servicios relacionadas con la salud, consistente en una reducción del 95% de la alícuota de contribuciones patronales y reducción del “impuesto al cheque”;

  • b) la posibilidad de idéntica reducción de contribuciones patronales (o postergación del pago) para empresas de hasta 60 trabajadores con afectación de actividad debido a la pandemia;

  • c) el otorgamiento de vencimientos especiales y facilidades para el pago de las contribuciones devengadas durante los meses de marzo y abril; y

  • d) la posibilidad de otorgar pagos no remunerativos a trabajadores de sectores afectados.

Por su parte, las medidas tomadas para mitigar la emergencia que afectan el gasto incluyen, además de transferencias corrientes adicionales a las provincias:

  • a) un bono a jubilados que reciben el haber mínimo y a beneficiarios de la asignación universal por hijo;

  • b) un nuevo ingreso familiar de emergencia (IFE);

  • c) un bono para empleados de la salud y fuerzas de seguridad; y

  • d) el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Como puede advertirse, las medidas han apuntado fundamentalmente a atender las necesidades básicas de los sectores más vulnerables y posibilitar el mantenimiento del empleo a través de la ayuda financiera a empresas, especialmente las pymes.

Las atendibles demandas que recibe el Gobierno nacional son crecientes, tanto de parte de los actores económicos y de los contribuyentes en general como de las provincias y municipios que también ven caer fuertemente sus ingresos y acelerar sus gastos directos, principalmente los vinculados a la salud.

Nuevamente debemos tener presente que el espacio fiscal con que cuenta el gobierno para mitigar la recesión y paliar sus efectos es sumamente acotado; la falta de acceso a los mercados financieros internacionales y la ausencia de un mercado de crédito doméstico relevante hace que las políticas fiscales deban ser financiadas casi exclusivamente con emisión monetaria, con el consiguiente riesgo que esta estrategia conlleva a futuro para nuestra economía, en un contexto de inflación elevada.

El sector privado ha propuesto diversas medidas impositivas. En términos de establecer prioridades, entendemos que en primer orden debieran estar aquéllas orientadas a mejorar de inmediato la delicada situación financiera de las empresas para que puedan seguir operando y afrontar los salarios de los trabajadores, paliando la grave crisis de oferta que produjo la pandemia y en línea con lo que están haciendo otras economías desarrolladas. Por ejemplo, la ampliación del alcance de la moratoria impositiva lanzada a fin del 2019 para las pymes y la suspensión temporal de los pagos anticipados de impuestos para las empresas (anticipos y retenciones de ganancias, retenciones y percepciones de IVA e Ingresos Brutos que afectan el flujo de caja, especialmente de pequeños y medianos contribuyentes) parecen estar a la cabeza del ránking.

La emergencia exige más que nunca diseñar e implementar medidas con suma urgencia, procurando que las mismas brinden una respuesta amplia y coordinada, no sólo entre las distintas áreas del Gobierno nacional sino también actuando en tándem con los gobiernos locales, y con un delicado equilibrio entre necesidades y posibilidades. Todo ello con el indispensable consenso político que la gravedad de la crisis requiere.

Muchos hábitos y conductas de las personas cambiarán como consecuencia del coronavirus. Ojalá que lo vivido nos deje un aprendizaje y podamos ver un espíritu de mayor apertura y colaboración en la discusión de las políticas públicas.

(*) Contador Público (Universidad Argentina de la Empresa), especialización en Finanzas y es MBA (Kellogg School of Management) y ex secretario de Ingresos Públicos (2017/2018).

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