''Es ficción subir tarifas a empresas y no a particulares''

Santiago Urbiztondo

Santiago Urbiztondo, economista de FIEL, sostuvo que «una vez que se entra en este tipo de práctica es difícil salir», por lo que no cree que sea temporario. El director del Departamento de Estudios Regulatorios de esa institución agregó que no es bueno mantener funcionando los servicios públicos «a través de subsidios, ya que son tarifas ocultas que pagamos todos».

Periodista: ¿Tenemos que esperar un ajuste de tarifas de servicios públicos o es posible seguir con esta situación?

Santiago Urbiztondo: A partir de 2004, comenzó a agotarse la capacidad instalada y se generó una complejidad creciente, que llevó a un retraso en la expansión de los servicios en un marco de inversiones bajas. La necesidad de generar una solución sustentable es impostergable. Implica en muchos casos subir las tarifas, pero no necesariamente en todos; hay que analizar cada uno por separado. Actualmente, la única forma de mantener el servicio es a través de subsidios, es decir, tarifas ocultas que pagamos todos, lo que no es un buen esquema.

P.: Al parecer la solución ideada por el gobierno sería tomar a su cargo las inversiones necesarias para mantener los servicios. ¿Es esto conveniente?

S.U.: El esquema de un Estado que invierte y empresas que administran no es bueno. Por ejemplo, provoca que no se pueda definir un contrato con penalidades para servicios deficientes, ya que el mismo puede derivarse de inversiones públicas malas o escasas. Esto va en perjuicio de los consumidores. El esquema de compensación que se vio en el apagón, donde más de u$s 80 millones se revirtieron a los usuarios por el mal servicio, sería inviable. Por otro lado, la capacidad del Estado de financiar las inversiones puede ser alta hoy con el importante superávit (producto de la gran reducción de salarios públicos y jubilaciones que trajo la devaluación), pero no es sostenible en el tiempo. Se empezó a blanquear la situación con 11% de aumento a jubilados, pero la magnitud deberá ser mayor en el futuro para empezar a recuperar el poder adquisitivo, lo que afectará la posición fiscal.

P.: ¿Y si se financia a través de los cargos específicos?

S.U.: Si vamos a ese esquema las tarifas costearán los proyectos. Entonces, ¿cuál es el sentido de que la inversión sea pública? La eficiencia que ha mostrado el Estado argentino a lo largo de su historia ha sido muy baja, por lo que no hay elementos que justifiquen su protagonismo.

P.: ¿Qué opina de que las empresas sean las únicas que deben soportar los aumentos?

S.U.: Es otro error. Hoy no se sube ni 10% a las personas que pueden pagar, por un problema solucionable técnicamente,que es concentrar la asistencia social exclusivamente en el conjunto de usuarios de bajo poder adquisitivo. En vez de eso, entramos en la ficción de que si el aumento lo pagan los usuarios industriales, entonces se protege a los residenciales. Esto es muy reiterativo de la experiencia argentina. Ya en los 80, las tarifas de servicios públicos eran menores para usuarios residenciales y se usaban como política antiinflacionaria, para retrasar los ajustes de los contratos indexados por inflación, mientras que por otro lado se emitía dinero en exceso. Después igual tuvimos dos hiperinflaciones, así que como solución no era tan efectiva. Lo cierto es que los mayores precios de la energía para la industria y el comercio generan mayores precios en los bienes y servicios que estos proveen, afectando así a los consumidores, además de generar pérdidas de competitividad y de puestos de trabajo, efectos que son menos visibles y, por lo tanto, políticamente más digeribles.

Riesgos

P.: ¿Puede llegar entonces la crisis energética?

S.U.: ¿Qué situación es una de riesgos permanentes de cortes, donde se genera energía en plantas ineficientes, con diésel importado a valores exorbitantes? Aunque no se la llame crisis, está lejos del ideal. El Estado tampoco puede hacerse cargo con sus recursos, vía subsidios, de todos los costos que no quiere que se reflejen. No es sostenible.

P.: ¿Qué piensa de los acuerdos de precios? ¿Qué consecuencias tendrán?

S.U.: Claramente, en los mercados competitivos las inversiones no son hundidas como en los servicios públicos, donde las empresas, una vez que invierten, quedan enganchadas, porque por una cuestión de costos, no pueden levantar la infraestructura que instalaron. Cuando se impide en los mercados competitivos que se consigan rentabilidades razonables, surgen bajas en la calidad, desabastecimiento y, por último, las empresas dejan de invertir, ya que no se van a quedar perdiendo dinero. Incluso se puede desinvertir rápidamente y redireccionar el capital, por lo que este tipo de medidas tiene un efecto más inmediato. Por último, sobre la cuestión de que los acuerdos son temporarios tengo una lectura muy distinta. Una vez que se entra en este tipo de práctica es difícil salir, porque el día en que se sincera la situación hay un terremoto. Me parece una percepción equivocada de lo que debe ser una política antiinflacionaria, al mantener la inflación baja de forma artificial. Mientras tanto, la política fiscal sigue expansiva.

Entrevista de Martín Lalín