1 de septiembre 2020 - 10:15

El acuerdo con el FMI y sus consecuencias

Ningún acuerdo con el FMI fue ni será favorable al pueblo argentino.

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Argentina ha dado inicio formalmente a la negociación de un nuevo programa con el FMI. Lo hizo el pasado miércoles 26, a partir de la conversación telefónica del presidente Alberto Fernández con la titular del organismo Kristalina Georgieva, seguida de la carta formal enviada al organismo. El texto enviado por el gobierno argentino tiene la particularidad de que, después de dedicar varios párrafos a criticar el anterior acuerdo del ex presidente Macri con el organismo, acepta de hecho su legitimidad y los derechos del Fondo a cobrarlo, pese a que el total del dinero tuvo como destino la fuga de capitales. Más aún, el texto se ubica en el terreno de reconocer como válido el planteo más clásico del Fondo, la necesidad del ajuste fiscal. Lo hace incluso destacando como positivo que durante el gobierno de Macri el déficit fiscal se redujo de 3,8% a 0,9%, en línea con lo exigido por el organismo.

Un primer interrogante remite a por qué se comienza ahora la negociación con el FMI, más aún cuando el gobierno había dejado trascender previamente que aspiraba a un proceso “lento”, que comenzaría una vez cerrado el canje de deuda con los acreedores privados. La interpretación más plausible para esta aceleración es la presión ejercida por los propios bonistas, en conjunto con el hecho de que durante agosto se agravó el problema de la caída de reservas, presionadas por la continuidad de una especulación contra el dólar que impide la reducción de cualquier brecha entra el oficial, el CCL, el MEP y el blue. En síntesis, el establishment financiero internacional “obligó” al gobierno argentino a comenzar ya las negociaciones con el Fondo.

¿Un acuerdo “benigno” para el país?

Así lo busca presentar el gobierno. Seamos claros: ningún acuerdo con el FMI fue ni será favorable al pueblo argentino. Así lo demuestra la evidencia empírica de los 21 programas anteriores. El Fondo Monetario no tiene como objetivo el crecimiento o desarrollo de la economía argentina, ni mucho menos la “redistribución de la riqueza”. Su interés primario es recibir la devolución del dinero de lo que supuestamente se le debe. En el caso argentino eso significa los 45.000 millones de dólares enviados al gobierno de Macri, más los 5.000 millones de dólares de intereses acumulados. No aceptando, como ha explicado infinitas veces el propio Fondo, quita alguna. El otro objetivo del FMI, más estratégico, es cumplir con su rol de “policía financiera internacional”. Por eso el gobierno argentino sabe que debe tener cerrada la negociación antes de mayo del año que viene, ya que entonces hay vencimientos con el Club de París, que exige para ser renegociado que “primero” esté firmado el nuevo acuerdo con el Fondo.

No es cierto, como se viene sosteniendo discursivamente, “que el FMI cambió” y que ahora sería más “progresista”. Como muestra inmediata está el programa firmado en estos días con Ecuador, donde a cambio de 6.500 millones de dólares se exige un fuerte ajuste, que contiene bajas salariales y reducción de los gastos relacionados con el Covid-19.

¿Entrarán dinero fresco?

La respuesta es tajante: no. Más allá de que, el acuerdo tome la forma de un “nuevo préstamo”, este se usará estrictamente para cubrir los vencimientos del programa anterior. Será una mera operación contable, donde lo único que se hace es “correr” los próximos vencimientos hacia más adelante (y sumarle intereses, por lo que, de todas formas, la deuda argentina con el organismo seguirá creciendo). Algunos analistas sostienen que una parte mínima del préstamo podría usarse marginalmente para “acrecentar reservas”, pero eso no ha sido planteado ni por el gobierno ni por el propio Fondo.

La exigencia histórica del FMI: mayor ajuste

Más allá del formato de crédito que se termine adoptando (las posibilidades son un nuevo stand by o bien un préstamo de facilidades extendidas), en los dos casos esto implica un nuevo y fortísimo ajuste. Y, además, someterá al país a un monitoreo constante del Fondo para verificar que se cumplan las metas acordadas. En concreto: el nuevo préstamo se hará en “cuotas” que se irán acreditando (cubriendo así los vencimientos del préstamo anterior) previa “inspección” de misiones del FMI de que Argentina está efectivamente llevando adelante el ajuste. Siempre con la amenaza de que, “si no se cumplen las metas se cae el acuerdo”. En síntesis, una vez más, como tantas otras en la historia, cederemos virtualmente nuestra soberanía económica a las decisiones del organismo internacional.

El ajuste se materializará, en concreto, en la “reducción del déficit fiscal”. En la carta enviada, el gobierno de hecho hace dos promesas: la reducción de dicho déficit y la remoción, “a su debido tiempo”, de las restricciones al acceso al mercado de cambios oficial. Esto implica, como ya lo viene reconociendo el Banco Central en las últimas semanas, una reducción sustantiva de todos los gastos sociales asociados a la pandemia. Lo que veremos plasmado, en concreto, en el nuevo proyecto de presupuesto nacional que se presentará el 15 de septiembre. Donde esa reducción superará, sin dudas, a la suma de los gastos asociados a las “60 medidas” que se vienen anunciando como el plan de reactivación del gobierno.

Las “reformas estructurales”: jubilaciones y flexibilización laboral

El acuerdo, como ya dijimos, podrá asumir dos formatos posibles. Una posibilidad es un Stand by, que exige el fuerte ajuste que hemos mencionado, pero que, a la vez, conlleva vencimientos en plazos muy cortos (dos o tres años). Tras los cuales el gobierno volverá a enfrentarse a vencimientos insostenibles.

La alternativa es acceder a un “crédito de facilidades extendidas”, la otra línea disponible por parte del Fondo. En este caso las devoluciones del nuevo préstamo se extienden más en el tiempo (hasta 10, años, con cuatro de gracia, a devolver en cuotas semestrales, por lo que la Argentina tendría que empezar a pagar en 2025), pero viene atado a la exigencia de “reformas estructurales”, además del ajuste monitoreado durante todo el plazo del crédito que ya explicamos. Dichas reformas estructurales, además de la fiscal, pueden resumirse en dos: reforma previsional y reforma laboral. En síntesis, un ataque en toda la línea a los jubilados, en el primer caso, y al conjunto de la clase trabajadora, en el segundo.

Como vemos, absolutamente nada bueno puede salir de este acuerdo con el Fondo. Así como el canje que se está terminando de cerrar con los acreedores privados nos dejará una nueva hipoteca, que habrá que comenzar a pagar en septiembre del año que viene, y luego se transformará en una bola de nieve impagable a partir de 2024, el pacto con el FMI nos condena a un futuro de ajuste y recesión. Volvemos a insistir: la única salida, tanto para salir de la recesión actual como, fundamentalmente, para poder resolver las más urgentes necesidades populares, pasa por romper con el FMI y dejar de pagar el total de la deuda externa.

Economista. Dirigente de Izquierda Socialista

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