Hace falta una regla monetaria

La moneda es el fiel reflejo de la calidad institucional de un país. Su principal función social consiste en proveer un común denominador a las transacciones, tanto comerciales como laborales. Cuando su valor es estable, la relación de cambio de unos bienes o servicios por otros puede establecerse con precisión, y la mayor o menor ganancia de los trabajadores y demás agentes económicos depende de la evolución de su propia productividad. Es entonces cuando la sumatoria de los esfuerzos individuales y colectivos para aumentar la propia productividad constituye la más poderosa palanca de desarrollo.

En el marco de una regla que permita la existencia de ese valor «genuino y estable», la evolución de los precios de los diferentes bienes y servicios se da en relación con el precio de otros bienes o servicios y el aumento generalizado de la productividad neutraliza cualquier presión inflacionaria.

El valor que la moneda nacional tenga respecto de las extranjeras determina la mayor o menor competitividad de los productos locales en el comercio internacional, que incluye el propio territorio respecto de las importaciones. También determina el valor de los servicios en el mercado doméstico en relación con el que tienen en los mercados domésticos de otros países. En este caso, la competencia es reducida o indirecta.

• Ecuanimidad

En definitiva, al fijar el valor de la moneda y el de las extranjeras (art. 75, inc. 11 de la Constitución), el Congreso establece el valor del trabajo nacional en relación con el extranjero. Su decisión debe ser ecuánime, ni sobrevaluarlo desalentando la competitividad, ni subvaluarlo provocando pobreza.

Pero hay otro componente central para la estrategia de desarrollo de un país. El producto del trabajo puede acumularse en la forma de ahorro, imprescindible para la inversión. Y no es por casualidad que la regla monetaria constitucional está en el mismo inciso que aquel que manda al Congreso adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.

El valor uniforme y estable de la moneda en toda la Nación es condición necesaria para su acumulabilidad. Uno de los males de nuestros países (subdesarrollados respecto de los países centrales e, incluso, respecto de los que estaban como nosotros unas pocas décadas atrás) radica en su imposibilidad de acumular en el país la riqueza financiera derivada del ahorro nacional. Por eso vivimos mendigando apoyos externos mientras buena parte de los ahorros derivados de nuestro trabajo está en el exterior. Al alterar discrecionalmente el valor de la moneda y establecerlo de modo no uniforme (1), atribución constitucional inexistente que lamentablemente la nueva Corte Suprema ha convalidado hasta ahora, la masa de ahorro nacional disminuye drásticamente respecto de la alternativa de no haber ejercido el gobierno ese poder ilegal o no haberlo convalidado la Corte. Basta comparar la evolución de nuestros ahorros domésticos con los de Canadá, Australia, Italia, Irlanda o España, entre otros, para confirmar el aserto.

El Congreso puede fijar el valor mediante el establecimiento de un cierto contenido en metálico (oro o plata, principalmente), como se hacía en el pasado (aún subsiste la Ley 1.130 que establece el valor del peso oro en 1,6129 gramos y el argentino oro equivalente a $ 5 oro, es decir, 8,0645 gramos), o puede establecer una regla monetaria, es decir, un criterio para la emisión de moneda fiduciaria o de papel de valor genuino y estable.

La Ley de Convertibilidad de 1991 estableció esa regla que estuvo inspirada en sus antecedentes nacionales, adaptados a la realidad financiera de entonces. La regla era clara y precisa: asignaba un valor cierto a la moneda nacional, impidiendo su emisión espuria y permitiendo la circulación de moneda extranjeras.

La fluctuación de su valor en relación con las monedas extranjeras distintas del dólar era totalmente libre y su relación con el dólar estaba fijada para la contracción monetaria ( venta de dólares y absorción de pesos), pero no para la expansión (compra de dólares y emisión de pesos), que podía variar de acuerdo con las condiciones del mercado, según dispusiera el Banco Central. Los eventuales excedentes de divisas (superávit comercial, inversiones externas directas, etc.) podían monetizarse o conservarse en divisas en el sistema financiero doméstico, financiando el trabajo nacional.

Los eventuales faltantes se financiaban voluntariamente con ahorro nacional o externo en condiciones de mercado. Era en tal sentido una regla monetaria autosostenible en el tiempo.

Desde la estabilización del valor del peso (1992), la inflación doméstica fue 12% menor que la de Estados Unidos.

De no haber mediado un acto deliberado del Estado para desconocer la regla monetaria, se hubiera podido mantener sin que el revoleo de créditos y deudas por el que se licuaron más de u$s 50 mil millones hubiese tenido lugar y, por ende, sin que se causaran pérdidas incalculables a ahorristas locales y extranjeros, y se redujeran salarios y jubilaciones drásticamente.

• Derrotados

Desde un punto de vista político, la convertibilidad fue adoptada por el Congreso ( representantes del pueblo y de las provincias) y nunca perdió una elección; eran quienes se oponían a sus postulados los derrotados. Por eso no hubiera sido posible derogarla democráticamente y fue necesario un asalto al poder para ello.

La derogación de la regla dio paso a la discrecionalidad monetaria, que es su contracara, es decir, la ausencia de toda regla. El Congreso delegó esa materia en el Poder Ejecutivo y desde entonces no ha retomado su ejercicio, ni establecido una nueva regla.

La combinación de pesificación, devaluación y ausencia de regla monetaria quintuplicaron la emisión monetaria, con un fuerte salto inicial de la inflación. La disminución posterior se debió a la caída del producto más profunda desde la crisis de 1930, que se produjo entre 2002 y 2003 como consecuencia de la devaluación y el default de la deuda pública, que provocaron la caída de ingresos de la población y el salto exponencial de la tasa de interés real en el contexto de una fuga de capitales de más de u$s 40 mil millones. Sin embargo, a medida que se recupera la actividad económica, la discrecionalidad monetaria pasada o futura se transformará en inflación.

La falta de regla hace que sólo el Estado sepa lo que hará, si continuará comprando el saldo favorable del balance comercial y el eventual ingreso de capitales con emisión monetaria por encima de su valor de mercado y endeudándose para contrarrestar parte de esa emisión (políticas por las que ya transitamos antes de la convertibilidad y que terminaron en la hiperinflación de 1989) o si dejará flotar libremente la moneda para que encuentre un valor genuino y estable, recuperando el valor del trabajo nacional.

Parece claro que la demanda de moneda doméstica ha llegado a un límite que no admite que se siga emitiendo para sostener artificialmente el precio del dólar. Los crecientes niveles de inflación y las tensiones salariales así lo demuestran.

Nadie puede dudar de las bondades de tener una moneda nacional libremente convertible sin un valor de respaldo predeterminado, pero para llegar a esa meta se requiere una cultura institucional de la que el país carece. Inglaterra necesitó más de cuatro siglos de patrón oro para llegar a construir su libra esterlina; EE.UU. necesitó más de un siglo y medio de patrón oro para lograr su dólar flotante. En cambio, en nuestros casi dos siglos desde la Revolución de Mayo fueron muy pocos los períodos durante los que pudimos mantener una regla monetaria; los más extensos estuvieron entre 1899 y 1929 (2), época del patrón oro, y entre 1991 y 2002, durante la convertibilidad.

Pretender que por arte de magia nuestros gobernantes respeten la independencia del Banco Central y que éste no emita dinero para financiar el Estado o las provincias, o para sostener el dólar o para redistribuir ingresos o para licuar pasivos o para lo que se le ocurra al eventual artífice de la política económica, es un poco ingenuo. Por eso, cuando pase la nueva borrachera emisionista y nos encontremos con sus consecuencias, deberemos retomar la necesidad de imponer una regla monetaria estable, seguramente diferente de la anterior, pero que, como aquélla, ate las manos de los malos gobernantes para que no descarguen sobre el pueblo el peso de sus errores y desaciertos.

El resto del mundo civilizado ya lo ha hecho.


(1) A $ 1 para ciertas transacciones, a $ 1,40 para otras y a 3 para otras más, con toda la gama de valores intermedios debidos a teorías como el esfuerzo compartido o la imprevisión.

(2) Si bien entre 1914 y 1928 la convertibilidad a oro estuvo suspendida, el valor de referencia se mantuvo para determinar el poder cancelatorio de la moneda nacional y cuando se la restableció se lo hizo al mismo tipo de conversión de 1899, pese a que en el mercado el peso cotizaba a un valor ligeramente superior.