El sentido de la pena

Opiniones

Para el sistema penal, descontando los casos de disposición de la acción (como la suspensión del juicio a prueba) la centralidad de la sanción es absoluta: ni qué hablar para el condenado o en términos de expectativa social.

Para el sistema penal, descontando los casos de disposición de la acción (como la suspensión del juicio a prueba) la centralidad de la sanción es absoluta: ni qué hablar para el condenado o en términos de expectativa social.

Hay una arraigada noción cultural que no asimila otra forma de resolver la criminalidad que no sea a través del castigo. Se afirma que, una vez establecido, el orden moral no será destruido por violaciones individuales que socaven la confianza de los otros en la autoridad, justamente porque existe la pena. Para Durkheim “El castigo no le confiere autoridad a la disciplina (moral), pero sí impide que ésta pierda autoridad, ya que las transgresiones que no se castigan la erosionarían progresivamente”.

Como explicación, insuperable. Sin embargo, no podemos conformarnos con esta finalidad lineal de la pena. ¿Para qué le sirve, al Estado, a la sociedad y al penado, esa sanción? ¿Cuenta la víctima? ¿Basta con aplicarla sin preguntarnos por lo demás, o es ello una mirada sesgada que, última instancia, olvida potenciar su utilidad? Es que siendo la sanción penal la máxima respuesta estatal frente a la comisión de un delito, tiene que servir para algo más que la sola retribución a la ofensa. Porque, seamos claros, como instituto que reporta a ese único objetivo, estacado y desgastado, no viene siendo precisamente exitoso.

El gran capítulo de la pena, cómo su concepción y finalidad se fue modernizando con el tiempo, ocupa grandes espacios en las bibliotecas.

Recordemos que el sistema penal terminó de estructurarse alrededor del siglo XV en la Europa medieval (baja Edad Media) no por obra de estudios o de políticas de Estado sino por necesidad, casi que por egoísmo de los reyes, por las mermas en la recaudación de los dineros que percibían de los señores feudales, atribulados en venganzas personales, “ordalías” y duelos, como medios exclusivos de poner fin a los constantes conflictos y ofensas producidos entre ellos y/o sus grupos familiares o de pertenencia, que consumían toda su energía y riquezas.

La justicia, entonces, consistía en un enorme entramado de violencias privadas que se regían por una mezcla de normas penales (las menos), morales y religiosas (las más). Y ese fue el preludio de la disminución en las arcas del monarca, que incapaz de ordenar sus finanzas (ordenar la convivencia era un tema secundario), decide tomar riendas en el asunto y confiscar el conflicto a los particulares.

Así, se convierte en impartidor de “justicia”, con un sistema netamente inquisitorial, una investigación secreta y oscura, plagada de torturas, a cargo del mismo juez, encarnado en el soberano, que luego pronunciaba la condena.

Y entonces el objetivo de la pena por el delito, concebido como una ofensa al señor feudal y al monarca, fue el castigo corporal, penas infamantes, suplicios o destierro. Se desencadenan luego distintas modalidades de pena basadas en teorías que intentaron encontrarle una finalidad, un sustento que las legitime.

Así, se habló de la retribución absoluta (sobre la lógica de la ley del Talión, la pena es la secuela automática del crimen) prevención general negativa (el mensaje intimidante de la pena, hacia la sociedad en general, sirve para prevenir), prevención especial positiva (resocialización del condenado gracias a su paso por el establecimiento carcelario), prevención especial negativa (neutralizar para siempre al autor del delito, que constituye un peligro social), prevención general positiva (afectación de un bien del imputado por generar un conflicto contrario al sistema), teorías mixtas (combinan variables de las anteriores), etc.

Todas ellas, para explicar el poder punitivo y el discurso coercitivo del Estado (absolutista primero, democrático después), omitiendo lo que no conviene poner a la luz: el evidente fracaso del instituto.

Es que desde su inicial concepción como padecimiento físico del condenado (hacerlo sufrir en carne propia las secuelas de su crimen) hasta la instauración definitiva de la pena privativa de libertad, si no se trabaja sobre esa persona condenada y en paralelo se ignoran las pretensiones de la víctima, la pena no cambia ni compone la situación quebrada por el delito. El condenado, cumplido su tiempo en la cárcel, retorna a la libertad sin trabajo ni evolución personal, resentido y quizás más hábil para cometer nuevas injurias; sin enmendar, ni por asomo, a la víctima. Y la sociedad, lo que es peor, sigue insegura, porque ese sujeto probablemente vuelva a delinquir.

Hubo progresos, sí. Se han desarrollado líneas de acción para garantizar intramuros programas laborales y de educación, junto a esfuerzos por regular la progresividad dentro del sistema penitenciario, por acompañar el “retorno de la delincuencia”, dotar al autor (o cómplice) de herramientas suficientes para que pueda alejarse del delito y reincorporarse a la sociedad sin agredirla.

A la par, se habla de justicia restaurativa, que atiende al perjudicado, ese a quien el Estado le expropió el conflicto, tanto tiempo ignorado o considerado un estorbo para el progreso de la persecución penal, que nunca reparó en escucharlo. Para el damnificado, el castigo tiene poco más que un poder simbólico, allí se agota; por eso la premisa de avanzar en el diálogo y construir una solución a medida, personal, particular, para que el agresor de alguna manera pueda reparar el daño ocasionado, por ejemplo, con el decomiso de algún bien a favor de aquél.

En el año 2002, el Consejo Económico y Social en Naciones Unidas (ECOSOC) recomendó a los Estados una readecuación del sistema tradicional penal a uno con enfoque restaurativo, más dinámico y evolucionado, enfatizando su carácter complementario al sistema tradicional.

Esa es la meta. Hoy debemos entender que no sólo la pena, como retribución del Estado frente al delito, debe estar construida sobre una base legitimante; sino que además debe cumplir otros propósitos, superar la instancia de reacción, ejemplaridad y prevención para avanzar hacia la real posibilidad de pacificar, de componer el conflicto.

La pena sorda y estática, sin reparaciones ni seguimiento, no le sirve a nadie.

*La autora es Jueza de la Cámara Federal de Salta.

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