Durante los últimos dos años, el crédito se ha convertido en un pilar inesperado para las familias argentinas, actuando como un amortiguador contra la erosión del poder adquisitivo en medio de un ajuste macroeconómico implacable. Pero este salvavidas ha venido con un costo creciente: una morosidad que revela fisuras profundas en la solvencia de los hogares. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al cierre de diciembre de 2025, la irregularidad en los préstamos a familias alcanzó el 9,3%, un nivel que subraya presiones persistentes en segmentos específicos. Este fenómeno no solo refleja la tensión sobre los ingresos reales, sino que también expone una dinámica regresiva donde los más vulnerables llevan la mayor carga.
La morosidad de las familias argentinas: el precio oculto del crédito como salvavidas económico
Con el 60% de la población adulta endeudada, el financiamiento dejó de ser un motor de consumo para transformarse en un restrictivo mecanismo de supervivencia ante el ajuste.
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Con salarios reales en caída y 6 de cada 10 adultos endeudados, el aumento de la morosidad expone el límite del crédito como sostén del consumo.
En un contexto de salarios reales que cayeron un 2,1% interanual en diciembre de 2025, según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del Ministerio de Capital Humano, el endeudamiento ha funcionado como un "ingreso complementario" temporal. Analistas de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, en su "Semana Económica 920" del 20 de febrero de 2026, describen esta situación como un "puente intertemporal" que mitigó el impacto del ajuste sobre el bienestar social. Sin embargo, con 20,5 millones de personas endeudadas—equivalente al 60% de la población adulta—el sistema crediticio ha pasado de ser un motor de consumo a un factor de restricción financiera.
El crédito como amortiguador en un entorno hostil
El bienio 2024-2025 marcó un punto de inflexión en la relación entre crédito y consumo. Frente a una contracción severa del poder adquisitivo, impulsada por inflación persistente y políticas de austeridad, las familias recurrieron al financiamiento para sostener niveles básicos de gasto. Datos cruzados de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) y RIPTE muestran que el ratio de crédito sobre salario medio escaló de 1,5 a fines de 2024 a 2,5 al cierre de 2025. Esto implica que, en promedio, los hogares argentinos acumularon deudas equivalentes a dos salarios y medio mensuales, un aumento que equivalió a inyectar un "aguinaldo extra" completo en 2025 para cubrir gastos corrientes.
Esta dinámica no fue accidental. Como detalla el "Informe sobre Bancos" del BCRA de diciembre de 2025, el financiamiento al sector privado operó como un amortiguador distributivo, evitando que la demanda interna colapsara en la misma proporción que la masa salarial. En términos macroeconómicos, el crédito suavizó el ajuste, permitiendo que los hogares postergaran recortes drásticos en consumo. Pero este rol ha tenido límites claros: con tasas de interés reales elevadas y una caída mensual de salarios reales del 0,3% en diciembre de 2025, el endeudamiento se ha transformado en una carga que penaliza en lugar de aliviar.
Los bancos redujeron su exposición al sector público al 27,8% (-8 puntos porcentuales inter anual) y se expandieron hasta un 43,9% (8.6 p.p. i.a.) en préstamos a familias y empresas, justo cuando el entorno se tornaba más adverso. Esta pivotación agresiva amplificó el riesgo, especialmente en segmentos de ingresos medios y bajos, donde el crédito se convirtió en una herramienta de supervivencia diaria.
La brecha entre bancos y fintech: dos velocidades de riesgo
Un análisis más granular revela una disparidad marcada en la irregularidad crediticia, dependiendo del tipo de entidad. Utilizando la metodología de CENDEU en lugar del tradicional "Informe sobre Bancos" del BCRA, se captura mejor la financialización extrabancaria—impulsada por fintech y tarjetas de retail—que ha ganado terreno en los estratos más vulnerables. Al cierre de 2025, la irregularidad en entidades financieras bancarias fue del 11,1%, mientras que en no financieras alcanzó el 24,6%, contribuyendo a un promedio total ajustado al 9,3% según los datos consolidados del BCRA.
Esta brecha subraya un sistema con "dos velocidades de riesgo", como lo describe la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia. Los prestamistas no bancarios, con tasas más altas y requisitos menos estrictos, han absorbido a deudores que buscan liquidez rápida, pero a un costo mayor. La variación acumulada de 9 puntos porcentuales desde diciembre de 2023 indica un deterioro acelerado, impulsado por la erosión de ingresos reales. En particular, el auge de las fintech ha democratizado el acceso al crédito, pero también ha multiplicado la exposición al default en hogares con ingresos inestables.
Esta dualidad complica la gestión del riesgo sistémico. Mientras los bancos tradicionales mantienen carteras más conservadoras, las entidades no financieras concentran la mora en préstamos pequeños, lo que genera un impacto social desproporcionado. Según CENDEU, esta segmentación refleja no solo diferencias en regulación, sino también en la composición de los deudores: los canales no bancarios atraen a un 29% más de clientes mixtos (que combinan deudas bancarias y no bancarias), un salto que añadió 1,6 millones de personas en el período.
Morosidad por líneas de crédito: disparidades en la vulnerabilidad familiar
Al desagregar la morosidad por tipo de línea crediticia, se evidencia una heterogeneidad que resalta la vulnerabilidad diferencial de los hogares. Según el BCRA, al cierre de diciembre de 2025, la cartera irregular total para familias se situó en 9,3%, pero este promedio oculta variaciones significativas. Los préstamos personales, que suelen destinarse a gastos corrientes y emergencias, registraron una irregularidad del 12,0%, reflejando la presión sobre ingresos variables en un contexto de salarios reales en declive. En contraste, los créditos con garantía hipotecaria mostraron una mora mínima del 1,2%, beneficiados por colaterales sólidos y tasas más estables, lo que indica una mayor resiliencia en segmentos de ingresos medios-altos con activos inmobiliarios.
Los préstamos con garantía prendaria, comúnmente asociados a vehículos o bienes durables, alcanzaron un 5,8% de irregularidad, un nivel intermedio que sugiere impactos moderados por la depreciación de activos en un entorno inflacionario. Las tarjetas de crédito, un pilar del consumo diario, exhibieron un 9,3% de mora, alineado con el promedio total y evidenciando el rol de estos instrumentos como "amortiguadores" de corto plazo, pero con altos costos por intereses punitivos. Finalmente, la categoría "otros"—que incluye financiamientos diversos como adelantos en cuenta corriente o líneas especializadas—registró la irregularidad más alta, del 29,1%, destacando riesgos en productos menos regulados o dirigidos a estratos de menor solvencia. Esta segmentación subraya cómo la morosidad no es uniforme: líneas con garantías reales resisten mejor, mientras que las de consumo desprotegido amplifican la crisis en hogares de bajos ingresos, exacerbando desigualdades.
El carácter regresivo de la mora: una paradoja distributiva
La morosidad actual exhibe un perfil profundamente regresivo, donde la calidad crediticia varía drásticamente según el monto del préstamo. Datos de CENDEU muestran que en préstamos menores a $1 millón, la irregularidad alcanzó el 20,4%, casi duplicando el 11,9% observado en créditos superiores a $10 millones. Esta disparidad estructural destaca una paradoja: medido por saldos en pesos, el riesgo sistémico parece contenido al 9,3%, pero evaluado por número de individuos, afecta a 1 de cada 4 deudores (24%).
Esta brecha entre "peso en cartera" y "capilaridad social" es clave. Los préstamos pequeños representan solo el 4% del saldo total, pero concentran al 50% de los deudores. En contraste, los grandes créditos explican el 60% del volumen, pero pertenecen a menos del 10% de las personas. Como explica el análisis del Banco Provincia, esta regresividad implica que la crisis de deuda es masiva a nivel social, aunque los balances contables de las instituciones financieras sugieran estabilidad.
El umbral del 24% en mora por individuos evidencia un impacto administrativo complejo: gestionar defaults masivos en deudores dispersos es más costoso y menos eficiente que en carteras concentradas. Esta dinámica agrava la vulnerabilidad de los estratos bajos, donde el crédito se usa para necesidades básicas, y la caída de salarios reales—del 2,1% interanual—ha erosionado la capacidad de pago.
Orígenes del deterioro: no nuevos, sino antiguos deudores
Contrario a lo que podría esperarse, el aumento en la mora no proviene principalmente de "mala selección" de nuevos clientes, sino de la degradación de la solvencia en la base existente. Según CENDEU, los ingresantes sin historial previo acumularon deudas por $3,1 billones (3,7% del saldo total), con una mora del 15,5%. Sin embargo, su aporte a la nueva irregularidad es marginal: solo 5 de cada 100 pesos de mora generada.
El grueso del deterioro radica en clientes antiguos, cuya capacidad de pago se vio minada por la contracción económica. Esta erosión coincide con el pivotaje bancario hacia el sector privado, en un entorno hostil. Además, la búsqueda de liquidez ha desplazado a deudores: los "solo bancarios" cayeron un 4%, mientras los mixtos crecieron un 29%, reflejando un movimiento hacia canales de mayor costo.
Este diagnóstico técnico, respaldado por el BCRA, subraya que el problema es estructural, no coyuntural. La financialización ha ampliado el acceso, pero sin un piso de ingresos estables, ha acelerado el ciclo de deuda insostenible.
Perspectivas para 2026: de motor a restricción
Hacia 2026, el crédito ha agotado su rol como amortiguador. Con salarios reales estancados y una carga financiera en máximos, cualquier recuperación de ingresos se destinará al repago de deudas, no a nuevo consumo. El Banco Provincia advierte que el sistema ha alcanzado "umbrales de estrés sistémico" comparables a la salida de la convertibilidad, con mora triplicada en segmentos clave.
Los factores de riesgo son evidentes: sin un cambio drástico en variables exógenas como ingresos, el crédito se convierte en un "sumidero" de recursos. La saturación de deudores—60% de adultos—y tasas reales elevadas limitan nuevas expansiones. En este escenario, la morosidad podría profundizarse, exacerbando desigualdades y frenando la recuperación.
En resumen, la morosidad de las familias argentinas no es solo un indicador financiero, sino un espejo de las tensiones sociales del ajuste. Mientras el crédito mitigó el dolor a corto plazo, su costo a mediano plazo amenaza con perpetuar un ciclo de vulnerabilidad.
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