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Además de las condiciones propicias para la inversión que ofrecía el país, una circunstancia relevante en este aumento de inversiones fue la suscripción por parte de la Argentina de más de 50 acuerdos de promoción y protección de inversiones. Estos acuerdos, conforme se indica en sus respectivos preámbulos, están dirigidos esencialmente a «crear condiciones favorables para una mayor cooperación entre los dos países para la realización de inversiones por inversores de una parte contratante en el territorio de la otra» y «para mantener un clima satisfactorio para las inversiones dentro del respeto a las leyes del país receptor».
En todos los acuerdos suscriptos por la Argentina, asimismo, se incluyó una cláusula mediante la cual los inversores extranjeros de países signatarios tienen el derecho de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Controversias Relativas a Inversiones (CIADI), en caso de existir una controversia jurídica relacionada con su inversión en la Argentina.
La inclusión de este foro neutral para la resolución de disputas relacionadas con cuestiones de derecho (y no de hecho) fue clave para garantizar a los inversores extranjeros una mayor seguridad jurídica y protección asociada con procesos más rápidos y eficientes que permiten a los inversores participar en la designación de los árbitros, elegir el idioma del proceso, etc.
La jurisdicción del CIADI, limitada a cuestiones de naturaleza jurídica relacionadas con inversiones, requiere el consentimiento de las partes, el cual, conforme el Convenio del CIADI, debe ser otorgado por escrito. El modo de prestar el consentimiento, sin embargo, dista del tradicional, el de presentación escrita, en el cual las partes se someten a esta jurisdicción.
Por el contrario, todas las solicitudes de conciliación o arbitraje ante el CIADI se fundan en la inclusión de esta opción en leyes internas de promoción de inversiones, en acuerdos de promoción y protección de inversiones o en convenios multilaterales tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el caso de la Argentina, por ejemplo, la totalidad de los reclamos de inversores extranjeros se basan en los acuerdos de promoción y protección de inversiones. El CIADI ofrece dos tipos de procedimientos para la resolución de conflictos, el de conciliación y el de arbitraje. Dado que la mayoría de los procedimientos ante el CIADI son de arbitraje, a continuación sintetizaremos algunas de sus características básicas.
El proceso de arbitraje comienza con la Solicitud de Arbitraje, conforme el artículo 36 del Convenio del CIADI, la cual puede ser presentada por cualquier Estado contratante al Convenio del CIADI o por un inversor nacional de un Estado contratante. Seguido a la presentación de la solicitud, se constituye el tribunal arbitral, el cual puede estar conformado por una o más personas según lo acuerden las partes.
En caso de que no haya acuerdo entre las partes, el tribunal se conforma por tres árbitros, uno elegido por cada parte y un tercero designado de común acuerdo. Si las partes no llegaran a un acuerdo para la conformación del tribunal, el secretario general del CIADI tiene la facultad de designar el o los árbitros pendientes de designación. Una vez establecido el tribunal arbitral, se toman algunas medidas preliminares relacionadas con aspectos operativos del proceso, tales como la elección del idioma, el lugar de celebración de las audiencias, la cantidad de presentaciones que hará cada una de las partes y el modo en que se cubrirán las costas.
El proceso de arbitraje prevé actuaciones escritas (la demanda y su contestación, y usualmente dos presentaciones adicionales, una por cada parte, que sirven para definir el objeto de la contienda) y actuaciones orales, durante las cuales las partes pueden interrogar recíprocamente, a sus apoderados, consejeros y abogados.
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