En la última publicación «Indicadores de Coyuntura» de FIEL el ex ministro de Economía advierte sobre el riesgo contingente para futuros gobiernos por demorar la movilidad de todos los haberes previsionales. Esta es la transcripción del artículo.
Es común escuchar en los medios que la Ley de Solidaridad Previsional de 1995 eliminó la movilidad de las jubilaciones y que ésta se va a lograr sólo luego de que se declare, caso por caso, la inconstitucionalidad de aquella norma. Esta es la opinión equivocada que perjudica a los jubilados, porque los induce a reclamar una solución que, en caso de conseguirse, demorará muchos años.
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La solución para los casi dos millones de jubilados a los que les corresponde una jubilación por arriba de la mínima consiste simplemente en reclamar que el Congreso Nacional obligue al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Solidaridad Previsional. Esta dispone que cada año, en oportunidad de discutirse la Ley de Presupuesto, el Congreso deba disponer un coeficiente de movilidad igual al aumento contemplado en los recursos para el Sistema de Seguridad Social.
En oportunidad de discutirse el Presupuesto anual, el Congreso debe disponer no sólo el aumento que corresponde por el coeficiente de movilidad de ese año, sino de todos los años anteriores, desde 2002 en adelante. Esto es así, porque al aprobarse los presupuestos de 2003, 2004 y 2005, no se cumplió con la ley, y no se fijó el coeficiente de movilidad que corresponde a cada uno de esos años.
Hacia adelante, a los jubilados les corresponden aumentos que llegan hasta 101 por ciento. Pero además, a casi dos millones de jubilados les corresponde cobrar la deuda que el sistema ha venido acumulando, por no pagarles lo que les correspondía desde el año 2002.
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