Cuando una mano invisible, en coincidencia con el derrumbe de la Argentina a fines de 2001 comenzó a incrementar el precio del petróleo y de la soja en el mercado mundial, el gobierno nacional se encontró con un problema: el precio del petróleo. Lo solucionó inventando una « retención móvil» parecida al «dólar Pugliese» en 1989, maravillosa fórmula por la cual en cualquier precio que alcanzara un dólar, todo exportador lo debía vender al BCRA a 36 australes. Para ese momento, ya habían aplicado «retenciones móviles» sobre los depósitos a plazo en dólares, sobre los depósitos en pesos por vía de la devaluación y sobre los títulos de deuda al ofrecer el pago de sólo una fracción del devengado de los bonos argentinos. Le tocaba al petróleo, donde las compañías habían invertido en exploración, para poder exportar sin el pago de ningún tributo.
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Después se revaluó el euro, y subió nuevamente el petróleo (ya era irrelevante, por las retenciones móviles) y los commodities, donde los inversores se refugiaron ante la caída del dólar. Como la demanda nacional de soja o de sus derivados es ínfima respecto de la oferta argentina, a nadie le importó demasiado su precio. Pero los productores que querían sembrar soja se deshicieron de las vacas, cuya cría quedó relegada a aquellos campos no aptos para soja, y su engorde a los feed-lot.
Como la productividad de esos campos era menor, cayó la oferta de hacienda y el precio subió. Mientras algún burócrata decidía prohibir la faena de animales con 279,99 kilos para «recomponer el stock», alguna mafia de ganaderos argentinos habrá inventado el cuento de la gripe aviar, y el precio internacional siguió subiendo. Para que «los argentinos puedan comer carne» el gobierno decidió suspender las exportaciones, señalando que con esta medida el precio bajaría, y que sólo perjudicaba a unos cuantos ganaderos ricachones que tiraban manteca al techo en los hoteles de París. Cuando aumentó nuevamente el precio en mayo de 2007 (por las malditas lluvias de otoño que impiden -en los anticuados y desastrosos caminos de la Pampa Húmeda-cargar hacienda cuando llueve) los funcionarios comenzaron a mencionar una conspiración ganadera para atentar contra sus objetivos inflacionarios, más fácil de explicar a los legos que el impacto que causa en los precios la emisión monetaria del BCRA para comprar los dólares generados por la carne y la soja. Entonces debe inventar un nuevo «corralito», esta vez respecto del precio que recibe cualquier productor.
Nada más lejos de la verdad que la razón de « redistribución de riqueza» que según el gobierno es el pilar de la norma. Es una falacia y significa un hurto (no robo, ya que no existe por ahora violencia en las personas o en las cosas) al derecho de propiedad establecido en la Constitución. Pero como el hurto es estatal, nadie puede denunciarlo. Para disfrazar la norma de legitimidad, el gobierno dice que otro burócrata planificará lo que debe producir la Argentina para que la gente pueda pagar los alimentos, y que lo que se le quite al agro por la retención les será devuelto a los «pequeños productores» por vía de subsidios, que les serán acreditados en sus cuentas.
Lo que el gobierno no quierecontar es que ignora qué hacer. Y lo peligroso es que cada vez que un burócrata ignora una solución, utiliza (como señalaba De Gaulle) la más fácil, que en el caso argentino es hurtar algo de un patrimonio. La realidad es que si el precio de la soja y del resto de los cereales continúa en los valores de la primera quincena de marzo de 2008, la emisión monetaria que el Banco Central debe efectuar para comprar los dólares producidos por las exportaciones (ya que el gobierno no las compra con el superávit fiscal que dice tener) es de una dimensión tal, que carece de la capacidad de absorción monetaria para que no impacte en los precios de toda la economía. Como no tiene manera de colocar más bonos ni otros instrumentos, salvo incrementando hasta el realismo las tasas de interés, estaría firmando el acta de defunción de su plan económico.
A la Justicia
La incógnita es qué se le puede ocurrir esta vez al burócrata de turno. El Congreso es el único que puede decidir en materia tributaria, y seguramente en estos días las entidades rurales plantearán ante cualquier Tribunal medidas cautelares, que los jueces no tendrán otro remedio que otorgar, ya que el Ministerio de Economía estaría violando una norma legal. Por otra parte no imagino a los diputados y senadores provinciales, aun en el peor escenario de obsecuencia,votando un nuevo impuesto para «redistribuir la riqueza» que afecte a sus provincias.
En ese caso, seguramente los funcionarios cambiarán la brújula. La única manera que el gobierno tiene hoy de apropiarse de la renta, es a través del tipo de cambio de cada exportación, aunque el caos que podría armar en los mercados a término no sería menor. Cavallo ya utilizó ese mecanismo en 1982, cuando presidía el BCRA y contaba con 17 tipos de cambio diferentes, según fuera la mercadería exportada, una forma que el Estado tiene de percibir aranceles sin pasar por el Congreso. Sigaut contaba con dos mercados, uno «comercial» para exportar e importar y uno « financiero» para transacciones monetarias, pero los bienes industriales podían liquidar una parte de los valores de exportación en cada mercado, lo cual incrementaba el dólar de la industria. Machinea inventó un «dólar Aerolíneas» que desde octubre de 1985 se transformó en «dólar libre» por los acuerdos celebrados por la Argentina con los bancos extranjeros al refinanciar la deuda pública por el Guaranteed Refinancing Agreement de 1985. Después llegó Pugliese, y los tipos de cambio múltiples de 1989 con el «dólar farmacéutico» y otros engendros.
Es posible que el gobierno prefiera el caos antes que sacrificar su ideología. Tal vez en un mes, cuando termine el plazo de paz negociado entre el gobierno y las entidades rurales, un juez decida que las retenciones no pueden aplicarse sin una ley del Congreso -lo cual salva al gobierno de dar marcha atrás-y nos encontremos de la noche a la mañana con un dólar oficial, equivalente al precio de hoy menos la retención que el Estado no puede aplicar. Malas políticas varias veces comprobadas no requieren de la presencia de sus ideólogos para producir efectos nefastos.
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