La pampa húmeda, principal actora de nuestras exportaciones, era un desierto hasta mediados del siglo XIX. Ferrocarriles, caminos, canales, comunicaciones y puertos transformaron «el desierto» de Martín Fierro en la pampa húmeda moderna. El acceso norte a la Ciudad de Buenos Aires, postergada desde la época del presidente Frondizi generó inversiones asociadas del sector privado por más de cuatro mil millones de dólares, diez veces lo que costó la obra.
El populismo tarifario arrasó a las empresas. Los servicios públicos se convirtieron en un modelo de ineptitud, en promotores de inflación (decisivos en las hiperinflaciones de 1989 y 1990), y en una rémora para el desenvolvimiento de toda la economía.
Después de las hiperinflaciones de 1989/ '90, el Congreso decidió privatizar los servicios públicos: apresuradamente, concentrando excesivamente a veces algunos servicios, casi sin participación del capital local, formandomegaunidades de negocios ciclópeas que no podían ser afrontadas por inversores nacionales, extranjerizando casi todo, con errores conceptuales graves. Todas estas críticas pueden hacerse al proceso de privatización. Sin embargo, lo único que jamás puede ni debe intentarse es volver atrás. Los servicios públicos explotados por el sector privado son y deben seguir siendo una política de Estado de la Argentina.
Con motivo de la crisis desatada hacia mediados de 2001, se dictó la Ley de Emergencia Económica, que estableció la obligación de reestructurar los contratos de servicios públicos en un plazo de 120 días.
Mientras tanto, durante ese plazo, los contratos quedaron profundamente desequilibrados con tarifas congeladas, mantenimiento de los niveles de servicio, crecimiento del costo de explotación igual a la inflación y aumento del costo financiero. Este desequilibrio era tolerable durante un plazo de 120 días.
Pero ese plazo se ha prorrogado, durante 3 años desde que se declarara la emergencia económica, los contratos no han sido renegociadosy siguen en desequilibrio, disminuyendo drásticamente las inversiones.
Esta situación perjudica mucho más a las pocas empresas nacionales que a sus pares extranjeras. Las empresas nacionales no tienen acceso a tribunales arbitrales, ni respaldo de grandes países que se preocupan de su destino.
No existe ningún motivo jurídico ni económico para mantener a un grupo de empresas en un angustioso estado de emergencia económica, que ya ha cesado para casi todas las demás actividades, que se encuentran normalizadas: la Argentina podrá continuar con su incumplimiento de la Ley de Emergencia por un tiempo reducido; cuando no quede nada, no contará con servicios suficientes para comunicarse, calentar, enfriar, transportar o cargar, ni con bancos para financiar.
Todos sabemos de las graves dificultades que tiene la inversión en nuestro país, en medio del default y con un tipo de cambio sobrevaluado y por ello inestable, la antigua y reciente historia de la inseguridad jurídica, la emergencia como modo de vida, etc. Aun en este marco de dificultades, si se realiza una renegociación dinámica y abierta de los contratos de servicios públicos, existen enormes oportunidades de inversión. En lugar de postergar, la renegociación que la ley manda se debe entrar de lleno en la cuestión, mediante la compensación de la ecuación económicofinanciera del servicio, y su valor contractual, buscando el menor impacto posible sobre las tarifas y permitiendo planes de inversión que amplíen el servicio público prestado.
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