Papeleras: no habrá apoyo a nuevos cortes de accesos, dice Picolotti
Instalado ahora en el discurso oficial como «política de Estado», el cuidado del medio ambiente va camino a convertirse en otra fuerza de choque con el empresariado argentino. Al frente de esa batalla -que no tiene antecedentes en la historia nacional- el gobierno nombró a la abogada de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Romina Picolotti, y le dio a la secretaría rango ministerial al colocarla bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. «Se le dio jerarquía al ambiente, y eso nos permite tener acceso directo a la agenda del Presidente», explica la flamante funcionaria de 35 años, casada, con dos hijos, que dejó su casa en las sierras cordobesas para radicarse temporariamente en la Ciudad de Buenos Aires y comandar, desde su despacho de San Martín 451, los vaivenes de un área estratégica reposicionada a partir del conflicto por las papeleras de Fray Bentos. «Estamos convencidos de que ganaremos la sentencia definitiva en La Haya», asegura, y confronta con los miembros del tribunal: «Para la medida cautelar utilizaron un criterio de carga probatoria muy antiguo, porque no deberían haberse pronunciado hasta que la prueba se produzca». Veamos los tramos salientes del diálogo que Picolotti mantuvo con este diario.
Romina Picolotti confía en que el tribunal i nternacional de La
Haya emitirá finalmente un dictamen favorable para la Argentina.
R.P.: En este caso quien está en mejores condiciones es Uruguay, porque debe argumentar por qué no nos va a causar daño. La Argentina está en imposibilidad de producir prueba, porque está de este lado del río, porque pidió miles de veces información y le ha sido negada y porque no controla a las empresas.
P.: ¿Y por qué el Tribunal no usó esta teoría?
R.P.: La responsabilidad y la obligación de un juez es, si no quiere utilizarla porque puede parecerle novedoso, al menos tiene que solicitar la producción de pruebas y no pronunciarse hasta que la prueba se produzca. Pero no puede decir: no tengo prueba por lo tanto no ordeno la suspensión.
P.: ¿Cómo es hoy su relación con la gente de Gualeguaychú?
R.P.: Mi relación es muy buena y compartí el malestar tras el fallo de La Haya. La experiencia de Gualeguaychú la atesoro como un momento en mi vida, yo estuve al lado de la gente en todo el proceso y voy a seguir estándolo. Su lucha es justa y su lucha es mi lucha.
P.: ¿Los apoyaría si volvieran a cortar las rutas?
R.P.: No, porque no estoy de acuerdo, sí con la movilización social. Los cortes podrían perjudicar nuestra estrategia jurídica.
P.: ¿Cuáles serán los ejes de su gestión?
R.P.: En primer lugar, nos hemos puesto plazos cortos, de 6 meses, para concretar nuestros objetivos. Los ejes están determinados por tres nuevas subsecretarías: una de Planificación y Gestión Ambiental (a cargo de Miguel Pellerano), que abarca todo lo que es agenda verde (bosques, fauna, incendios, manejo de fuego).
P.: ¿Y las otras dos?
R.P.: Son Desarrollo Sostenible y Relaciones Institucionales. La primera está a cargo de Florencia Roitstein y el eje es empresas y ambiente. No se puede pensar una política pública de ambiente al margen de las empresas, como tampoco se puede pensar la supervivencia de una empresa al margen del ambiente. La segunda, con Bruno Carpinetti al frente, tiene por objeto federalizar la agenda de ambiente.
P.: ¿Cómo se trabajará en el área minera?
R.P.: La gran preocupación que tiene esta secretaría hoy es con la extracción de oro, sobre todo por la minería a cielo abierto, por la utilización de cianuro. Es la que está provocando mayor daño desde le punto de vista económico, ambiental y social. No nos está favoreciendo, no estamos combatiendo la pobreza con esta clase de minería.
P.: ¿Ha tenido contactos con el titular del área minera nacional?
R.P.: Hemos acordado con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, unificar criterios y discurso. A fin de mes esta dependencia va a contar con un equipo técnico capaz de analizar las evaluaciones de impacto que presentaron las empresas mineras a las provincias.
P.: ¿Esta secretaría tiene capacidad de frenar los emprendimientos si se demuestra que éstos contaminan?
R.P.: La capacidad de frenar es política. Cuando un estudio demuestra el impacto interjurisdiccional, tenemos capacidad legal de interceder; lo mismo cuando hay un río interjurisdiccional navegable o si la contaminación pasa a más de una jurisdicción, o si hay residuos peligrosos.
P.: ¿Cómo evalúa lo hecho hasta ahora en el sector minería?
R.P.: Las leyes que se hicieron en la década del 90, anexas al Código de Minería, fueron hechas con un criterio de explotación a ultranza de los recursos no sustentable, y sobre todo con muy poca ganancia para las provincias y para la Nación en regalías. Los recursos naturales no le pertenecen al gobernador de turno, sino a la gente que está ahí para siempre. Los recursos no pueden ser una desdicha para la gente.
P.: ¿Se puede hacer todo lo que propone en tan poco tiempo teniendo en cuenta que el Presidente termina su gestión el próximo año?
R.P.: Algunas cosas sí, otras no. Por eso es importante lograr el cambio de actitud. Además, los argentinos adolescemos de falta de continuidad en políticas públicas buenas. Esperemos que nuestra gestión sea buena y que merezca la continuidad. Sin continuidad nuestro esfuerzo habrá sido en vano. No vine aquí a hacer un borrón y cuenta nueva de lo de hicieron (Atilio) Savino o María Julia. Mire, eso que tengo allá es el Programa de Gestión Ambiental que hizo Alsogaray, y lo estoy estudiando. Hay que rescatar lo mejor que se ha hecho y avanzar en situaciones donde no se ha avanzado y crear espacios donde antes no los había.
Entrevista de Florencia Arbeleche
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