Presupuesto 2027 o el retroceso del agua en Argentina

El Presupuesto 2027 destina apenas 0,11% del gasto nacional a agua potable y alcantarillado. Pero el proyecto muestra un cambio más profundo: la Nación reduce su rol y modifica cómo se financia la infraestructura hídrica.

Archivo. El acueducto Vipos en Tucumán, tiene un costo total previsto de aproximadamente $148.257 millones y contempla para 2027 un desembolso de $25.113 millones.

Una persona que admiro mucho me enseñó que la única forma de juzgar a un gobierno, tanto en el mundo corporativo como de lo público, es interpretar, con mirada crítica, sus decisiones económicas. Bajo este precepto, el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 es, como mínimo, llamativo.

La función presupuestaria específica “Agua Potable y Alcantarillado” contempla para 2027 alrededor de $220.000 millones. Esa cifra representa aproximadamente el 0,11% del gasto total de la Administración Pública Nacional. Un elemento indispensable para 47 millones de personas, quienes no podrían vivir más de 2 días sin él. Y para miles de fábricas, campos y otras unidades productivas, es marginal en la planificación financiera del país para el año que viene.

Pero el dato es aún más lapidario cuando miramos hacia atrás: en términos reales, el monto proyectado para 2027 es 93% inferior al gasto devengado en 2023 y 25,7% menor que el crédito vigente de 2026. Ahora bien, sería un error concluir que la Argentina invertirá solamente $220.000 millones en agua durante 2027.

El presupuesto nacional clasifica el gasto en distintas funciones, organismos y programas. Los acueductos, las obras de regulación, determinados proyectos de infraestructura hídrica y otras inversiones relacionadas con el recurso pueden aparecer fuera de la función “Agua Potable y Alcantarillado”. Tampoco estarían contemplados los incentivos al desarrollo de nuevas patentes o las exportaciones del sector del agua.

Entre las obras plurianuales incorporadas al Presupuesto 2027 se encuentran dos proyectos de infraestructura hídrica de gran magnitud.

El Acueducto Vipos, en Tucumán, tiene un costo total previsto de aproximadamente $148.257 millones y contempla para 2027 un desembolso de $25.113 millones. El proyecto incluye captación, planta potabilizadora y conducción de agua, y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

El segundo es el Acueducto y las dos plantas potabilizadoras Quirós-Frías, que vincula a Catamarca y Santiago del Estero. Su costo plurianual asciende a unos $97.753 millones, de los cuales se prevén $8.099 millones para 2027, también con financiamiento del BID.

El dato es interesante porque muestra la diferencia entre dos conceptos que suelen confundirse: el gasto presupuestario de una función y la inversión hídrica total del Estado.

El agua no es solamente agua potable

El agua es mucho más que redes domiciliarias. Es saneamiento, acueductos, drenajes, prevención de inundaciones, manejo de cuencas, riego, reservorios, regulación, calidad del agua y adaptación frente a sequías y eventos extremos, como los que nos trae el Super Niño.

El proyecto incorpora recursos para el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, aunque esos aparecen de manera global y no necesariamente identificados con una obra específica o con una provincia determinada. El caso del proyecto del azud del lago Fontana, en Chubut, resulta ilustrativo: la obra no aparece individualizada en las planillas, mientras que desde la provincia se analiza la posibilidad de recurrir al Fondo Hídrico para financiarla. Un fondo subejecutado en más de un 70 por ciento este año.

La función presupuestaria específica “Agua Potable y Alcantarillado” contempla para 2027 alrededor de $220.000 millones.

Por eso, construir una única cifra que represente “todo lo que la Argentina gastará en agua” requiere una metodología mucho más amplia que sumar funciones presupuestarias. Hay, además, un cambio estructural que probablemente sea más importante que cualquier número aislado.

El Estado nacional está modificando la forma de financiar y ejecutar infraestructura. La participación directa de la Nación en determinadas obras se reduce, mientras aumenta el papel de las provincias, los municipios, los organismos multilaterales y los operadores de servicios. El caso de AySA es probablemente el ejemplo más significativo.

El nuevo esquema regulatorio establece un Plan de Acción 2027-2031 con inversiones obligatorias por $2,89 billones, expresados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa fija además metas de cobertura para 2031 de 75,3% para agua y 63,9% para cloacas, con objetivos superiores hacia el final del período inicial de concesión.

Esto significa que una parte sustancial de la inversión futura en agua y saneamiento del área metropolitana ya no será presentada exclusivamente como una transferencia del Tesoro Nacional, sino como una obligación de inversión asociada al nuevo modelo de prestación del servicio. Es un cambio de paradigma.

Durante décadas, la pregunta central fue cuánto podía invertir el Estado en agua. Ahora comienza a aparecer otra: cuánto capital público, privado y multilateral puede movilizar el sistema hídrico argentino para ampliar y mantener su infraestructura. El pasado nos hace dudar de la eficacia de esta estrategia.

El problema es que la discusión presupuestaria todavía tiende a mirar el agua como un servicio público más. Y el agua es mucho más que eso. Es salud pública, empleo, producción de alimentos, industria, energía, exportaciones.

Argentina tiene una paradoja: es un país con enormes recursos hídricos, pero con una distribución espacial y temporal muy desigual. Tenemos regiones con abundancia y otras con estrés hídrico; territorios afectados por inundaciones y otros por sequías; grandes ciudades que necesitan ampliar sus sistemas de saneamiento y economías regionales que necesitan mejorar la eficiencia del riego.

¿Qué dice entonces el Presupuesto 2027?

Primero, que Agua Potable y Alcantarillado ocupa una porción muy pequeña del presupuesto nacional: aproximadamente 0,11%, y que esa función se encuentra muy por debajo, en términos reales, de los niveles de 2023.

Segundo, que existen proyectos hídricos de gran escala, especialmente acueductos financiados mediante organismos multilaterales, que continúan formando parte de la inversión pública plurianual.

Tercero, que una parte de la infraestructura hídrica se está desplazando hacia nuevos mecanismos de financiamiento y ejecución, incluyendo fondos fiduciarios, créditos internacionales y obligaciones de inversión de los operadores.

Y cuarto, que el agua ya no puede analizarse solamente desde la lógica de una obra pública.

Pero hay una pregunta que los números todavía no responden: ¿cuánto vale para la Argentina tener seguridad hídrica?

Tal vez esa sea la discusión que deberíamos comenzar a incorporar en cada próximo presupuesto. El agua no es solamente una partida. Es la infraestructura invisible sobre la que funciona buena parte de la economía argentina.

CEO de la Cámara Argentina del Agua