Puente al Empleo: incentivo fiscal con ambición, pero ¿anclado en resultados reales?

El programa “Puente al Empleo” promete transformar beneficiarios de planes sociales en trabajadores formales al ofrecer incentivos fiscales de impacto: reducción del 100% de las cargas patronales por 12 meses y la posibilidad de imputar la asignación estatal como parte del salario. Prorrogado hasta 2026, expande sus aristas, pero carece de certezas sobre su capacidad estructural para generar empleo sostenido y dignifica.

El desafío de reconvertir planes sociales en empleo genuinamente registrado.

Argentina siempre ha enfrentado el desafío de reconvertir planes sociales en empleo genuinamente registrado. En este escenario de paradojas económicas, el programa Puente al Empleo aparece como una idea con proyección.

¿El motor? Una reducción del 100% en las contribuciones patronales (lo que recauda ARCA con los empleadores) durante un año y la imputación de la asistencia estatal al salario. Parece brillante. Pero hay que preguntarse: ¿funcionará de verdad? ¿Sostendrá empleo de calidad? ¿No estará generando artificialmente demanda laboral?

El programa fue creado por el Decreto 551/2022 y su reglamentación asegura el 100% de reducción de las contribuciones patronales (SIPA, PAMI, Fondo Nacional del Empleo, asignaciones familiares) por 12 meses para incorporaciones netas de beneficiarios de determinados planes sociales. Además, el empleador puede imputar la asignación estatal recibida por el empleado como parte del salario.

El gobierno actual prorrogó el programa hasta el 31 de diciembre de 2026 y lo actualizó mediante la Resolución Conjunta 1/2025 (Ministerios de Capital Humano y Economía). Incorporó nuevos programas sociales como Volver al Trabajo (en reemplazo de Potenciar Trabajo), Acompañamiento Social, Inserción Laboral y Fomentar Empleo. Se estima que, tras una etapa piloto con 5.800 incorporaciones y 1.300 empresas, el plan podría favorecer más de 34.000 empleos formales entre 2025 y 2026.

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Ventajas claras: incentiva la formalización rápida, reduce costos para el empleador y ofrece un puente (valga la redundancia) desde los programas sociales hacia el trabajo registrado.

Ahora, lo que no se ve tan nítido: ¿se crean puestos nuevos o sólo se sustituyen otros? ¿Estos empleos serán sostenibles cuando caduque el beneficio? La literatura sobre políticas activas de empleo advierte que los subsidios salariales no siempre mejoran la empleabilidad futura y pueden generar ineficiencias.

La reducción de cargas trae una inevitable comparación con la flexibilización laboral. En ciertos casos, flexibilizar puede crear empleo, sí, pero también puede precarizarlo e incluso aumentar la eventualidad, lo que atenta contra la visión tradicional de un contrato estable . Aún con buena intención, esta política puede convertirse en una válvula de escape que desdibuja derechos si no se acompaña de controles y seguimiento.

Puente al Empleo es un programa bien intencionado, elegante en su diseño, capaz de catalizar formalización inmediata. Tiene la fortaleza de unir lo social con lo productivo: un pasaje claro que puede ser genuinamente transformador si se gestiona bien. Pero la pregunta sigue siendo: ¿será un puente duradero o un paréntesis fiscal con efectos pasajeros?

Se necesita monitoreo riguroso, indicadores de calidad (no solo cantidad), y planes territoriales que aseguren que el empleo no se esfume cuando se corte el beneficio. Una lógica conservadora bien aplicada exige que se respete lo adquirido: derechos, estabilidad, continuidad. Y la perspectiva de futuro exige que ese puente no se vea como un subsidio barato, sino como una palanca real de desarrollo y dignidad.