ANDIS: qué es y cómo funciona el organismo que quedó en el centro de la tormenta

El sistema de trazabilidad que podría ayudar a la Justicia y una crisis sin precedentes. Senado trata el veto a la ley de emergencia en Discapacidad.

Las presuntas coimas en ANDIS dejaron al descubierto serios problemas en el organismo.

LR Chivilcoy

El circuito de recaudación de coimas que describió Diego Spagnuolo, exabogado del presidente Javier Milei, tiene como escenario principal al organismo del cual fue eyectado. Se trata de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Creado en el año 2017 (Decreto 698/17), es un ente descentralizado que administra todo el sistema de prestaciones y apoyos para personas con discapacidad y sus familias. Esto incluye la provisión de medicamentos, prótesis, sillas de ruedas, transportes, terapias y apoyos de todo tipo.

Como toda dependencia descentralizada, la ANDIS cuenta con servicio jurídico propio, auditoría interna y manejo del presupuesto. Con cinco millones de personas con discapacidad en todo el país y más de 1 millón 200 mil que perciben una pensión, la Agencia administra la tercera caja más importante de toda la Argentina.

Si bien originalmente la ANDIS dependía de la Secretaría General de la Presidencia, hoy a cargo de Karina Milei, el 14 de diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo dispuso el pase a la órbita de Jefatura de Gabinete junto a otros organismos descentralizados, entonces a cargo de Nicolás Posse. Ahora quedó en manos del ministerio de Salud.

Organigrama

El organigrama de la ANDIS está conformado por cinco direcciones específicas dirigidas por una Dirección General.

En primer término está la Dirección Nacional, que se encarga, entre otras cosas, de las auditorías internas. Desde que asumió la administración libertaria quedaron sólo 5 de los 16 auditores con reporte a la Auditoría General de la Nación. De esta manera, los controles disminuyeron en un organismo que, por su propia lógica de funcionamiento hace compras directas y no puede licitar. A diferencia de otros insumos en otras dependencias, la ANDIS no puede licitar grandes cantidades y acopiar, como pasa, por ejemplo, con las compras de gasas, algodón o pañales. Se trata, en este caso, de adquisiciones de medicamentos de alto costo o sillas de rueda muy específicas que se compran a demanda de cada caso en particular. Por eso las compras, a pesar de tener un costo elevado, se deben hacer por simple compulsa de precios. Estas compras están en la órbita de la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud. Es la que administra el plan Incluir Salud, dentro del cual están las Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia, conocido como PACBI. Es esta el área que quedó en la mira de la justicia a partir de los audios en los que Spagnuolo habla de un sistema de coimas con la droguería Suizo Argentina en el centro de las sospechas.

El Incluir Salud tiene, además del PACBI, otras dos patas fundamentales. Una se encarga de los convenios con las instituciones y empresas que brindan atención y apoyos, como centros de días, educativos/terapéuticos, etc. Son unos 1200 en todo el país que operan como proveedores de ANDIS.

Como reveló Ámbito, esas instituciones hoy están en riesgo. El gobierno comenzó a auditarlas con exigencias insólitas y las empezó a dar de baja de la nómina de prestadores del Incluir sin previo aviso. Esto derivó en la interrupción abrupta de muchos tratamientos y acompañamientos escolares y terapéuticos de niños y niñas con discapacidad.

Esta situación que muchos profesionales describen como una “persecución”, se suma a la falta de actualización del nomenclador, que mantiene valores de diciembre de 2024, lo que deja a los centros de apoyo al borde del cierre. Sin actualización de salarios y expulsadas del Incluir, deriva en que las instituciones dejan de atender a sus pacientes de un día para el otro. Y se trata de personas que, en su mayoría, no tienen obra social, por lo que se quedan sin ningún tipo de cobertura para terapias que son de un valor muy elevado si se realizaran en forma particular.

La tercera pata que administra el Incluir Salud son las transferencias de las cápitas a las provincias. En esta gestión el envío de fondos a los distritos se redujo prácticamente a cero.

Incluir Salud: un sistema que iguala

Todos los actores del colectivo de discapacidad coinciden en dos cosas. Por un lado, que esta crisis en el sector no tiene precedentes. Por el otro, que el sistema argentino, que hoy está en riesgo, es uno de los mejores de la región y del mundo. Es porque el Incluir garantiza el mismo nivel y calidad de prestaciones y apoyos de los que tienen obra social o prepaga. La diferencia es que lo paga el Estado. Por eso, las organizaciones advierten que las auditorías a los prestadores y la baja injustificada esconden el objetivo real de hacer el ajuste y pasar la motosierra por una de las áreas más sensibles.

Como también reveló Ámbito -y los propios audios de Spagnuolo dejan al desnudo- las auditorías cargadas de irregularidades a las personas que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) y, en muchos casos, la baja del beneficio también son parte de los recortes en discapacidad. Es la Dirección nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas la que se encarga de otorgar y administrar las pensiones. Según denunciaron a este diario familiares y beneficiarios, el área está desmantelada. Quedaron sólo doce personas para atender los reclamos en forma telefónica por las bajas sin justificativo, por lo que deben hacer varias horas de cola en alguna dependencia de la ANDIS para pedir cobrar otra vez una suma que no llega a los 300 mil pesos por mes. El trámite de reposición, en caso de ser aceptado el reclamo, puede tardar varios meses.

Las otras dos direcciones que componen la ANDIS son la Dirección de Política y Regulación de Servicios, que otorga el Certificado Único de Discapacidad (CUD) -que se creó por ley (24.901) en los años noventa-. Y la Dirección Nacional de Inclusión, que lleva adelante actividades deportivas, administra el predio de ANDIS para deportes, asesora y aplica políticas de accesibilidad, hace capacitaciones a reparticiones del Estado, facilita intérpretes de lenguas de señas, etc. Es el sector que se ocupa de activar políticas públicas con perspectiva de discapacidad y garantizar la inclusión laboral.

Además, maneja el fondo nacional para personas con discapacidad, conformado por el cobro de un impuesto en los cheques rechazados.

Los prestadores y las familias coinciden en que el sistema de discapacidad en la Argentina siempre atravesó dificultades, pero nunca estuvo en una crisis de esta magnitud. No sólo en términos financieros, sino también de transparencia. Entre otras medidas que se tomaron en la gestión anterior, la Agencia incorporó un sistema de digitalización con fondos de una donación que hizo la Corporación Japonesa a través del BID. El objetivo fue el acceso a la información de las compras del PACBI y el proceso de pago de las prestaciones. Hoy, las instituciones cargan allí sus facturas y en esa plataforma pueden hacer un seguimiento de los plazos de pago.

Esta herramienta de trazabilidad puede ser hoy de utilidad para el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes investigan un presunto circuito de coimas y sobreprecios en el organismo en la gestión libertaria.