Pensar y repensar los reclamos de seguridad (segunda parte)

Opiniones

Los crímenes de Lucas González y de Luciano Olivera en manos policiales obligan a plantear un debate acerca de los propósitos político-criminales con las que operan nuestras fuerzas de seguridad.

“No violábamos la ley, la torcíamos para hacer la paz” es un fragmento de un diálogo de la serie estadounidense “The Mayor of the Kingstown” que relata las vicisitudes por las que atraviesa el jefe de un centro penitenciario a partir de su relación con la policía y los grupos criminales, tanto dentro como fuera del penal que administra. Dicha frase sintetiza, de manera clara, el paradigma del control de la calle que aquí pondremos en discusión.

Los crímenes de Lucas González y de Luciano Olivera, a manos de la Policía de la Ciudad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires respectivamente, nos dan cuenta de la necesidad de plantear un debate acerca de los propósitos político-criminales con las que operan nuestras fuerzas de seguridad. Sobre esta situación, hace algunos meses atrás escribí para este mismo portal una columna que daba cuenta de la sobreutilización que desde la recuperación del sistema democrático de gobierno la clase política hizo de las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, para abordar situaciones que debían ser resueltas por los carriles de las agencias no represivas del Estado pero, ante su retracción, quedaron a manos de la policía.

En este sentido, podemos afirmar que gran parte del trabajo policial desde el 83’en adelante estuvo asentado en el control territorial de la sociedad que debía proteger, mutando así de su histórica condición de brazo armado al servicio de los gobiernos de turno, en tanto la violencia social -hasta aquel entonces- no estaba identificada con la criminalidad ordinaria sino con las disputas políticas.

En ese nuevo ecosistema, los controles vehiculares, las razias, la averiguación de antecedentes, resultaron ser las caras de las expresiones más tristemente célebres del trabajo policial en democracia. Digo triste, no solo por su baja efectividad frente al delito, sino por la cantidad de ilegalismos que han acompañado dicho accionar. La táctica de la sospecha, tan bien descripta por autores como Máximo Sozzo, es la que perfiló el trabajo policial en los barrios más vulnerables de los centros urbanos, aquella que entendió al espacio público como un ámbito donde se debe recrear por la fuerza aquello que por la política no se pudo lograr. En esos territorios, olvidados por la clase dirigente, es donde abundan este tipo de procedimientos y, por ende, donde existió siempre una oportunidad para la discrecionalidad policial.

No obstante, dicha discrecionalidad, lejos de ser reprendida por los sectores políticos gobernantes, solo es puesta en crisis ante los hechos de violencia institucional como los mencionados al principio de esta columna. Por ello existe una necesidad real de reconfigurar el espectro operativo de las fuerzas de seguridad, no solo por el hecho de evitar que estas manifestaciones violentas y discrecionales se sigan repitiendo, sino para comenzar a pensar el trabajo policial fuera de la lógica del control social.

El primer paso para ello es reconfigurar el paradigma en el que se asentaron las bases del trabajo policial durante los últimos treinta y ocho años, aquel que supone que el espacio público es un lugar de disputa política, un lugar de ocupación y no de convivencia. Allí las reglas las impone quien detenta el poder, pero no en un sentido democrático, sino por la fuerza. En ese paradigma se abre paso la discrecionalidad y la regulación territorial, allí nacen las prácticas más aleatorias, las menos reglamentadas.

Controlar la calle es tener el delito en una mano, es tener el conocimiento de los territorios complejos, de las bandas criminales, de los circuitos de recaudación, de los involucrados, de sus estructuras, de sus redes cómplices, pero también de los perejiles, de los perseguibles, de los encarcelables y de los reprimibles. Es priorizar la persecución de determinadas conductas cuando convenga políticamente y no cuando la conflictividad criminal así lo amerite. Por el contrario, controlar el delito es cortar sus circuitos económicos, es atacar al crimen para que este deje de ser rentable, es generar una contra economía de lo ilícito. Para lograr ello, la intervención policial no debe ser lineal sino estratégica, no debe ser meramente legal sino, además, oportuna. Para ello se necesita un plan de seguridad pero, por sobre todo, reglas claras para las fuerzas y para la sociedad que sigue depositando fe en ella.

Controlar la calle no es controlar el delito

Controlar la calle no es controlar el delito

El segundo paso es reconfigurar las finalidades de la política criminal del Estado. En ese sentido, uno de los grandes errores de la democracia contemporánea ha sido pensar que el fin de la política criminal no es reducir la criminalidad sino incrementar los medios represivos del Estado. Esta situación lo que da cuenta es de la confusión metódica entre los fines y los medios que este utiliza para intervenir en la delincuencia. Esto lamentablemente nos ha llevado a una idea estatista debilitada elaborada sobre la base de la mirada policial de la seguridad, como también al hecho de discutir solamente cómo reprimir, cómo controlar, y no a cómo prevenir el delito y cuándo utilizar la violencia de manera estratégica.

No obstante, administrar la violencia no quiere decir que se deba intervenir violentamente en todos los conflictos sociales, de hecho son muy pocos los conflictos que necesitan de una intromisión violenta del Estado. El problema es que en la Argentina la eficacia de la política criminal se ha medido por la virulencia de los medios represivos estatales y no por la capacidad que tengan sus agencias para prevenir escenarios de conflicto, o las que haya desarrollado para recudir las tasas criminales en el marco de la ley.

El último paso es empezar a proyectar a las fuerzas de seguridad dentro de un proyecto político de país que entienda de una buena vez y por todas que se necesita de su buen funcionamiento y doctrina para cumplir el mandato constitucional y orgánico para las que fueron creadas. Para lograr ello es urgente que las fuerzas políticas de turno logren un consenso mínimo sobre, por lo menos, lo que la policía debe hacer en un sistema democrático y un estado de derecho. Pero no solo en razón del juego entre límites y potestades, sino en base a imponer como finalidad que la policía debe reducir la criminalidad en el marco que establece la ley, cuestión que no debe ser entendida como una posición permisiva ante la criminalidad sino rigurosa de los medios que utiliza para combatirla.

Mientras ese camino sea empantanado por quienes desean darle rienda suelta a la discreción policial o por aquellos que solo mantienen los prejuicios sobre cualquier actividad policial por el simple hecho de ser o pertenecer a la fuerza, ese recorrido será cada vez más cuesta arriba.

Dependerá de nosotros, los operadores del sistema de seguridad, agilizar ese camino para adecuar el trabajo policial al mandato de la ley. Si eso se logra, ganamos todos.

*Especialista en política criminal y seguridad ciudadana. Director del Observatorio de Política Criminal de la Ciudad.

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