En el marco de la consulta lanzada para reformar la ley de educación, el ministro Filmus nos informa que 70% de la población considera que las trabas para mejorar el servicio provienen de la norma vigente e identifica tres problemas: salarios, formación docente y la propia ley. Esta afirmación soslaya que entre setiembre de 1984 y marzo de 1988 la sociedad argentina en su conjunto y la comunidad educativa en particular reflexionaron, debatieron y acordaron los derechos, objetivos y criterios que hoy constituyen el andamiaje jurídico y axiológico del sistema educativo argentino.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La mayoría de aquellas conclusiones se plasmó en el texto de la Ley Federal Nº 25.195, norma que retoma la senda constitucional del federalismo educativo: competencias concertadas y concurrentes entre jurisdicciones, gratuidad, administración descentralizada de los servicios y extensión de los niveles de la educación básica y obligatoria. El discurso oficial al deslegitimar a ley vigente reitera la lógica «fundacional» que recorre todas las políticas públicas del actual gobierno. Existen una larga historia y recurrentes diagnósticos sobre las causas de la crisis de la educación, pero pocas voces aluden a las responsabilidades dentro del propio sistema: todo esfuerzo será estéril si no se suprimen burocracias innecesarias y se revierte la falta de compromiso del establishment educativo con la educación popular. A lo largo de los últimos quince años, un elenco rotativo de funcionarios públicos conduce las gestiones educativas nacionales, provinciales y gerencian las unidades ejecutoras de costosos empréstitos internacionales con el objetivo de producir reformas curriculares, estructurales y de administración en la escuela de gestión estatal -a la que no asisten sus propios hijos- que nunca implementarán, y para ello cuentan con la complicidad de gran parte de la dirigencia política y sindical. Antes bien, una consulta pública no puede tapar ni disimular el debate.
Los problemas endémicos de la educación argentina son casi todos la consecuencia de postergar las reformas de gestión formalmente por todos aceptadas, y ya es tiempo que el centro del sistema educativo sean los alumnos y no las jurisdicciones estatales, las autoridades burocráticas o los sindicatos docentes. El orden de prioridades que se adjudica a la educación popular se desmorona y se vuelve retórico al no encontrar una correlación en la realidad cotidiana del sistema, cuando se observan ineficiencias en el manejo de los escasos recursos, incumplimiento de los objetivos y metas, y antieconómicos costos en sus circuitos burocráticos. Recuperar la calidad de la educación nacional implica desarrollar una comprensión universal de la problemática y aplicar una metodología de gestión más potente que los problemas irresueltos. Si al gobierno le interesa realizar los cambios profundos para reconstruir la escuela argentina, sólo tiene que proponerse objetivos alcanzables e ir ampliándolos, en lugar de fijar el horizonte en metas tan vastas y ambiciosas cuanto teóricas e impracticables.
Existe amplio consenso en universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel secundario y extender la jornada de la educación primaria. Para concretarlo, el Estado federal debe implementar una asignación escolar que subsidie con un ingreso mensual -que cubra las necesidades elementales para mantener la condición de alumno regular-, a los niños y adolescentes de los sectores sociales carenciados que cursen la escolaridad básica y obligatoria.
El ingreso será solicitado y percibido por los padres contra la presentación de la libreta escolar que mes a mes certifique la asistencia a clase. Alcanzar esta meta requiere de un giro sustancial en la administración del sistema que reemplace el subsidio a las plantas orgánicofuncionales docentes (POF) por el subsidio a la escolaridad. Ello implica determinar el costo de la educación por alumno y por escuela. La educación de gestión estatal o privada tiene un costo y es el resultado del esfuerzo de los contribuyentes, por lo que el Estado debe asumir el financiamiento de la educación de manera responsable. La realidad indica que el gasto educativo se instrumenta desde la oferta, es rígido, acompaña la tendencia general del gasto público estatal y está constituido por erogaciones corrientes no vinculadas a aumentos en la matrícula estudiantil.
El gasto educativo tiene su propia dinámica y deformaciones producto de las distorsiones folclóricas del sistema. Bajo tales parámetros, el financiamiento se transforma en un fin en sí mismo, al tiempo que en el factor condicionante de la viabilidad y sustento de las políticas educativas. Es importante ubicar el gasto educativo en el contexto de las finanzas públicas para tener una idea de la relevancia que se le asigna: las provincias asignan entre 20% y 30% de su presupuesto al área, a lo que deben sumarse los aportes del Estado federal. Asimismo, se observa que desde 2003 los salarios docentes mejoraron respecto del resto de los agentes estatales.
La soluciones implementadas por la actual administración, por caso, la Ley de Financiamiento 26.075, repite la fracasada estrategia del Pacto Federal Educativo de 1997, insistiendo en la lógica de permitir que el grueso de los recursos alimente un fondo de compensación salarial. Toda reforma educativa será una quimera si ésta no se sujeta a metas exigentes: estándares curriculares demandantes, indicadores representativos y competencias externas.
Dejá tu comentario