No se esperaba de un Mauricio Macri, que parece desvelado por sumar a las cuentas porteñas. Pero ayer, su gobierno dejó trascender el texto de un decreto que saldrá en los próximos días, donde se reclaman a los proveedores que se anoten para cobrar sus deudas.
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Se trata de los acreedores que comenzaron a llamar a los teléfonos de los funcionarios macristas, cuando apenas habían pasado horas de estrenar sus escritorios. Es que resulta la llamada deuda flotante, la que dice Macri que Jorge Telerman no le dejó registrada en ninguna parte. Pero, el jefe de Gobierno ya les había pedido a sus funcionarios que le alcancen los números exactos de esas acreencias que quiere divulgar públicamente. No le han cumplido. Vencido el plazo que les otorgó, sólo cuatro reparticiones hicieron llegar los cálculos, pero falta un área clave como es Desarrollo Urbano (ex Obras Públicas) que conduce Pablo Chain. Allí creen los macristas que está el grueso de la deuda que en un momento especularon «supera los $ 1.000 millones».
Ante la incertidumbre, ayer firmaron un decreto el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Faltaba la firma de Macri para que en los próximos días se incluya en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de la publicación, los proveedores tendrán 15 días para hacer valer sus facturas, de acuerdo con la norma. Pero, hay un detalle que hasta parece una picardía: Macri crea una comisión para que se ocupe del tema y, cuando se la crea, la tradición asegura que nada resuelve. El decreto dice que «en atención a los múltiples contratos de obras públicas y suministros de bienes y servicios en ejecución y los diversos procedimientos de redeterminación de precios, concluidos y en trámite, que inciden sobre las deudas registradas es preciso organizar y actualizar la información a fin de determinar con mayor grado de certeza las deudas que eventualmente debe afrontar esta administración por compromisos contraídos con anterioridad a su asunción».
La norma es una « invitación» y dicen que no es obligatoriala presentación, pero el que no se anota corre el riesgo del folclórico pagadiós.
Señal
Las deudas que deben registrarse son las pendientes al 31 de diciembre de 2007, y harán valer facturas como reclamos de redeterminación de precios, lo que significa que ahora Néstor Grindetti -el ministro de Hacienda- está decidido a «abrir la caja». Toda una señal, ya que pasó un mes hasta que el funcionario permitió gastos en los ministerios.
El decreto en cuestión también explica que se hará un «relevamiento de deuda legítima» y que se crea «la comisión de relevamiento de deudas integrada por representantes de contaduría, de la dirección de redeterminación de precios y del Ministerio de Desarrollo Urbano (Chain)».
La «adhesión» al relevamiento contará así con el plazo de dos semanas a partir de la publicación del decreto, pero no se anunció aún en qué días, horarios y lugar físico (se cree que Grindetti habilitará sus oficinas del tercer piso de Bolívar 1 para los proveedores, pero sólo tres horas por la mañana).
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