2 de abril 2001 - 00:00

Acelera Senado derogación de la ley del "dos por uno"

El proyecto de ley que deroga la polémica ley del «2x1» que facilita la excarcelación de procesados y condenados sin sentencia firme, sería votado en menos de 15 días por el Senado, que no modificará la sanción de Diputados.

El texto votado por la Cámara baja el pasado 14 de marzo continuará siendo analizado esta semana por la comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios del Senado, y los senadores planean a más tardar en diez días emitir el correspondiente dictamen.

La idea del mayoritario bloque justicialista es firmar el dictamen el miércoles, respetando el articulado del proyecto que fue votado en Diputados, aunque los legisladores del radicalismo pretenden escuchar primero una serie de opiniones sobre el tema.

Demora

Los representantes de la UCR, encabezados por el presidente de la comisión, Jorge Agúndez, quieren convocar a los cuerpos que nuclean a escribanos y abogados, a juristas y a integrantes del Ministerio de Justicia, fundamentalmente del área de administración carcelaria. Esto demoraría en una semana el tratamiento, aunque a cambio le daría más participación a los diferentes sectores involucrados en el tema.

El sistema del «2x1» fue sancionado en 1994 a propuesta del gobierno justicialista de Carlos Menem, cuando se multiplicaban los motines en las cárceles, algunos de ellos sangrientos, por la demora de la Justicia en dictar las respectivas sentencias.

Los legisladores apuntan fundamentalmente a la derogación parcial de la Ley 24.390 para que no tengan el beneficio de la excarcelación los delincuentes peligrosos -es decir, condenados a más de quince años, violadores o terroristasy el justicialismo quiere la anulación total de la norma.

Control

El proyecto deroga el sistema, mantiene el plazo de dos años y uno de prórroga para que el juez pueda emitir sentencia desde el dictado de la prisión preventiva y establece un mecanismo de control para evitar la morosidad judicial.

Sobre los plazos judiciales, fija que la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia, con la posibilidad de prorrogarse un año, por resolución fundada, y con una comunicación inmediata al tribunal superior.

También habilita al Ministerio Público a «oponerse a la libertad del impuesto por la especial gravedad de la pena que le fuera atribuida, o cuando entendiera que concurre algunas de las circunstancias previstas en el artículo 319 del Código Penal, o que existieron articulaciones manifiestamente dilatorias de la defensa».

Contempla, además,
un sistema de control de parte del Consejo de la Magistratura, que tendrá que recibir un informe de cada juez explicando los motivos por los cuales no emitió sentencia, tras haber pasado dos años de prisión preventiva, y confeccionar un registro de los procesados.

Cuestionamientos

Este punto es justamente el que recibe los mayores cuestionamientos por parte de abogados, jueces y fiscales, aunque no sería modificado por el Senado.

El debate de hace 15 días en Diputados estuvo centrado en la derogación del artículo 7 de la ley del «2x1», que según expusieron los legisladores en esa sesión, fracasó, ya que habilitó la liberación de numerosos delincuentes peligrosos, que volvían a reincidir en los mismos delitos, y aún peores. En esa jornada, varios diputados aclararon que «la derogación de los artículos 7 y 8 significa la eliminación de un beneficio o supuesto beneficio, pero no implica que estamos incumpliendo el Pacto de San José de Costa Rica».

Más gráfico fue el radical
Julio Tejerina, quien aseguró que desde que se aplica la ley, 15.000 delincuentes «fueron dejados en libertad» y «80 por ciento ha vuelto a cometer delitos». También mencionó que en la provincia de Buenos Aires se roba «un auto cada 7 minutos y se mata una persona cada cuatro horas».

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