El primer rédito general de la reunión que mantuvieron ayer Felipe Solá y Alberto Fernández fue que el gobierno nacional admitió crear algún mecanismo de control a cargo de las provincias en el gasto de las partidas de libre disponibilidad por parte de la Nación, dentro del proyecto de Ley de Coparticipación. Al finalizar esa negociación, el gobernador de Buenos Aires aseguró que el jefe de Gabinete había admitido que el llamado «Fondo K» que prevé crear esa norma para auxiliar emergencias -políticas según algunos-sería vigilado por los gobernadores para evitar desviaciones que pueden llegar a unos $ 2.400 millones para usos discrecionales. Prueba del avance es que, anoche, Solá pidió en persona a los diputados PJ apoyo en el Congreso al proyecto de Responsabilidad Fiscal. Es la ley clave para el gobierno que el Senado prometió votar el próximo 7 de julio.
Ninguno de estos argumentos, de todas formas, consigue opacar el mérito que tiene la ley de intentar poner en caja la situación del gasto provincial, más transparencia y dar al mismo tiempo con eso una señal clara al FMI en lugar del fallido tratamiento de una ley de coparticipación.
En el Senado tienen en claro que para sancionar la ley hará falta primero un acuerdo de todos los gobernadores, donde no faltará, como en cada ocasión que se firmó un pacto fiscal, la presión de las provincias por garantizarse más fondos en la distribución desde la Nación.
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