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La UCR había advertido que nunca habilitaría el debate en una sesión especial como la que fracasó ayer al mediodía. Se trata de una cuestión más que formal: los correligionarios, que ya no resisten las presiones de los gobernadores propios -sobre todo Roberto Iglesias (Mendoza) y el catamarqueño Oscar Castillo, urgidos por fondos coparticipables-para conciliar con el oficialismo, no quieren dejar en evidencias las discrepancias de entrecasa y también pretenden disimular que se prestan al juego del gobierno que busca clausurar el frente de conflicto con el máximo tribunal.
En el marco de una sesión en la que se traten otros proyectos (sesión ordinaria), resultaría más tolerable que haya quienes se resistan a dar quórum y quienes acepten adaptarse a las necesidades justicialistas. Las entradas y salidas de las bancas del sector UCR pasarían más inadvertidas, suponen los estrategas.
Por esta razón y porque el comité nacional de la UCR no pudo anteanoche desandar el discurso beligerante, fracasó la sesión especial convocada por el PJ para las 11.30 de la víspera. El centenar de presentes no alcanzó a 129, gracias a la renuencia del radicalismo, el ARI de Elisa Carrió, los frepasistas, otras expresiones de izquierda y los «rebeldes» del peronismo como el kirchneriano Sergio Acevedo. Los asistentes -85 oficialistas, más casi una veintena de provinciales y cavallistas-se conformaron con tener micrófono en minoría.
Baladrón subrayó que se trata «nada más y nada menos que de definir el enjuiciamiento a uno de los tres poderes del Estado». «Esto no es un dato menor -abundó- porque define la permanencia de la cabeza de uno de los poderes y no tratarlo es seguir prolongando esta incertidumbre, que configura una situación de excepción inédita que sienta un precedente institucional gravísimo para la Argentina».
Otro justicialista, el tucumano, Roque Alvarez llamó a la UCR a «que se constituya en este recinto para afianzar la democracia cada vez más debilitada porque no hay quórum».
El coordinador del Interbloque Provincial, Alberto Natale, planteó que «el Congreso no puede tener indefinidamente abierta esta situación» y sostuvo que «el país no puede seguir con la incertidumbre institucional sin cerrar estas cuestiones».
El cavallista José Luis Fernández Valoni destacó la necesidad de abordar el debate en el recinto del juicio político a la Corte Suprema de manera «urgente» por entender que si la Cámara sigue «perdiendo el tiempo» el país «va a terminar con una gravísima crisis institucional».
Valoni puso sobre el tapete un artículo de la Constitución Nacional (el 64) que autoriza a «compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá». A continuación de la sesión, el diputado de Acción por la República presentó una iniciativa para reglamentar esta cláusula.
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