El gobierno estaría dispuesto a avanzar en una ley para bajar la edad mínima de imputabilidad a los 14 o 16 años. Lo admitió el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, ayer en un reportaje al diario «La Nación». De este modo, las sanciones a los menores que delinquen entraron en la agenda política de una discusión que tendrá como principal escenario el Congreso de la Nación. En rigor, hay decenas de proyectos para penalizar a los menores de 18 años. El debate, sin embargo, está estancado porque no existe acuerdo acerca de su implementación. Aunque hay una posición mayoritaria a favor de que las sanciones a menores deben ser distintas de las que tienen los adultos, las diferencias residen respecto de lo que hace a la privación de la libertad en el marco de un régimen penal especial que permita al mismo tiempo cumplir con los pactos internacionales.
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La medida -que de impulsarse deberá ser aprobada por el Congreso- es uno de los principales reclamos del ingeniero Juan Carlos Blumberg, quien a fines del mes pasado encabezó un multitudinario acto en la Plaza de Mayo para exigir mayor seguridad civil.
Sin embargo, Iribarne aseguró ayer que, lejos de ser una reacción ante el reclamo del padre de Axel, la baja en la edad de imputabilidad es un tema en el que viene trabajando desde que asumió su cargo, en julio del año pasado.
Uno de los proyectos en danza establece que los menores a partir de 14 años podrán ser imputados de un delito y sometidos a la Justicia ordinaria.
Otras iniciativas con estado parlamentario señalan distintas reducciones de la edad para imputarle a un joven un delito, incluso hasta alcanzar a niños de 12 años.
El gobierno y las entidades no gubernamentales han coincidido en admitir que jóvenes menores de 18 años e incluso niños toman parte en delitos violentos en los grandes centros urbanos.
Según Iribarne, cualquier medida que se disponga no puede atacar el problema de la inseguridad si no está acompañada de otras políticas, aunque consideró que «así como es falaz negar la relación entre delito y problemas sociales, también lo es no ejecutar políticas de seguridad mientras no cambien determinadas situaciones sociales».
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