Ahora Banco Mundial presiona para quitarles caja a los sindicatos

Piden clemencia los sindicalistas en cada reunión, más o menos reservada, que mantienen con funcionarios del gobierno. ¿Qué temen? Que el Banco Mundial insista en febrero, como condición para renovar la financiación a la Argentina, en eliminar la intermediación en el sistema de salud. Los técnicos de ese organismo propusieron que, en adelante, las clínicas, laboratorios y demás prestadores no facturen sus servicios a las obras sociales sino que los descuenten de la recaudación que realiza la AFIP para esas entidades de salud. Así se eliminaría la intermediación de «gerenciadoras» que administran esos contratos y que son, casi siempre, controladas por «allegados» a sindicalistas. Sería un golpe mortal, no sólo para el poder económico de los gremios sino para la economía personal de sus titulares. Un sablazo más cortante que la desregulación con la que Carlos Menem amenazó durante 10 años.

Aceleran los sindicalistas sus contactos con el gobierno y pretenden ver a varios ministros por semana, antes de que llegue febrero. Es que para esa fecha la más cruel de las guillotinas promete derrumbarse sobre sus cabezas: Axel von Trotsenburg, el representante del Banco Mundial en Buenos Aires, ha ratificado delante del gobierno que para que se apruebe el programa pactado con la Argentina debe reformarse el sistema de obras sociales en los términos de la carta de intención convenida a comienzos de este año.

Los términos de ese acuerdo, a cambio del cual el Banco se comprometió a desembolsar u$s 1.500 millones por encima del «roll over», tienen una cláusula letal para los gremialistas. Es el denominado «débito automático». Se trata de que los sanatorios, laboratorios o centros de salud que brindan sus servicios a las obras sociales no cobren de ellas esas prestaciones sino, directamente, le facturen a la AFIP, que es la que recauda el aporte de los afiliados a cada una de las entidades sindicales.

¿Por qué sería, ésta del Banco Mundial, una de las peores agresiones que puede sufrir el sindicalismo? Porque ya no afectaría a las obras sociales sino a sus propios bolsillos, al menos en la mayoría de los casos. Cuando los funcionarios del Banco Mundial explican el sentido de esa exigencia, confiesan: «Nos hemos dado cuenta de que el sistema de salud tiene un sobrecosto, en general, de por lo menos 10% y se debe a la intermediación de gerenciadoras».

No avanzan más estos funcionarios internacionales, porque prefieren no inmiscuirse en las corruptelas locales. Concretamente: es un secreto a voces que las «gerenciadoras» que cobran alrededor de 10% para administrar esos convenios entre prestadores y obras sociales son de los propios sindicalistas. Es decir, los titulares de obras sociales cobrarían un porcentaje por «favorecer» a un centro médico (odontológico, clínico, laboratorios, etc.) con un contrato con su entidad. La forma de cobrar ese «peaje» es que en el convenio aparezca un intermediario que administra la relación de la entidad con los prestadores. Es costumbre que el «gerenciador» tenga alguna vinculación, en general opaca, con el sindicalista que dispone en qué sanatorio se atenderán sus afiliados.

No se necesita aclarar demasiado: si Kirchner admite esta condición del Banco Mundial para aligerar los costos del sistema de salud, dará un sablazo sobre la estructura económica del sindicalismo como los gremialistas jamás imaginaron. Para ellos se trataría de una agresión superior a la desregulación de las obras sociales (ensayada por Carlos Menem) y a la preferencia que el gobierno actual expresa hacia los piqueteros (no hay que menospreciar el efecto de esa predilección sobre los viejos sindicalistas; ellos creen que los piqueteros inventaron la pólvora: «Distribuyen guita, cobran la cuota como nosotros, pero no tienen que preocuparse por si anda el tomógrafo o si la obra social quiebra», explicó un dirigente de la CGT a este diario).

• Abogado

El avance del Banco Mundial sobre el bolsillo sindical es tema de conversación entre los gremialistas y los funcionarios en todas las ocasiones que los reúnen: desde las primeras aproximaciones con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, hasta las últimas tertulias con Julio De Vido. Ginés González García prefiere no inmiscuirse en el conflicto. Sabe que su cabeza depende tanto como las de los sindicalistas de la clemencia de Kirchner, al parecer por algunos números imperfectos -llamémosle así- que quedaron pendientes de la prehistoria duhaldista de «doctor ahorro», en el gobierno de Eduardo Duhalde.

En la CGT creen haber encontrado un abogado inigualable, con el que podrán aplacar la intemperancia presidencial: se trata de Armando Mercado, «Bombón», el marido de la ministra Alicia Kirchner y ex secretario general del SUPE en Santa Cruz. Sindicalista ortodoxo, este «Bombón» cuyo simpático anecdotario nocturno ya forma parte de la literatura santacruceña podría pasar a ser el encargado de administrar el Tango 01, donde el gobierno quiere corregir viejas irregularidades, como es sabido. En la CGT de Rodolfo Daer esperan que, desde esa cercanía con el Presidente, el cuñado sirva de defensor de la corporación frente a la reforma que piden los organismos internacionales. ¿Alcanzará con Mercado? Por lo menos, creen los gremialistas, conseguirán con este familiar neutralizar los consejos a favor de avanzar sobre las «cajas» que recibe el jefe de Gabinete, Fernández, a quien asesoran médicos menemistas, expertos en reparto de subsidios entre obras sociales, dependientes antes del oncólogo José Pampuro en el gobierno de Duhalde.