Ahora, piadoso con monopolio "Clarín"

Ni siquiera se trató en comisión el fallo de la Corte porteña que determinó la inconstitucionalidad de algunos artículos de la llamada ley «Clarín» que evitó que las empresas de cable de la Capital Federal -tres, dos del monopolio- debieran soterrar las redes como indicaba una vieja ordenanza.

Venció el plazo esta semana y ayer debía tratarse el tema en la sesión ordinaria de la Legislatura, pero tampoco fue incluido en el temario, de modo que la ley seguirá como está pero, no para la empresa que reclamó y obtuvo el fallo a favor del Tribunal Superior de Justicia. La firma, Gigacable, podrá también competir con las prestadoras actuales del servicio de TV paga, Multicanal, Cable-Visión y Telecentro, pero antes deberá solicitar al Gobierno porteño el permiso para colgarse de los postes. Es decir, Mauricio Macri tendrá la última palabra sobre la base de informes técnicos que opinarán si los postes actuales soportan un cable más.

Hasta ahora, el jefe de Gobierno se vino pronunciando a favor de limpiar el cielo porteño y, en ese sentido, desató una dura campaña contra los letreros ilegales, pero también dijo que no podía hacer perder dinero «a una empresa nacional», como es el monopolio, obligándola a soterrar.

La ley en cuestión prohíbe el tendido aéreo en el casco histórico y microcentro, pero permite que en el resto de la Capital Federal las empresas «preexistentes» mantengan los cables por el aire. Es la razón por la cual Gigacable SA reclamó a la Justicia, ya que los peritos de la cuestión afirmaron que el tendido aéreo saldría unos $ 30 millones y diez veces más el soterramiento.

La idea del macrismo, en principio, era insistir con la norma y desoír el fallo judicial que permite la aparición de competidores, pero ni el propio oficialismo pudo reunir los votos, mantener en firme la ley y rechazar la resolución de los magistrados.

En cambio, ahora la norma rige, pero Gigacable cuenta con el permiso, lo que habilita, si las hubiera, a otras empresas a citar la decisión de los jueces para obtener la habilitación. En ese caso, quedará a decisión del Poder Ejecutivo.

En su momento, dentro del macrismo hubo legisladores que se opusieron a beneficiar a las empresas de cable con la sanción de la ley «Clarín» que se votó durante la gestión de Jorge Telerman sobre un proyecto que se había presentado en la gestión del destituido Aníbal Ibarra.

Pero, al no modificar la ley quitándole las cláusulas que la Justicia opinó que son inconstitucionales, Macri evitó perjudicar al monopolio, ya que cada caso deberá verse puntualmente, incluido el de Gigacable.