Ajuste de emergencia en Buenos Aires para evitar crisis terminal

Buenos Aires - En cascada, el gobierno provincial comenzará a instrumentar esta semana reformas sensibles en el esquema salarial de los empleados públicos.

El 31 de enero -aunque se especula que el plazo podría postergarse para marzo-se «caerá» la mayoría de los contratos del Estado: aproximadamente 10 mil, distribuidos discrecionalmente en infinidad de oficinas.

Y en febrero, desaparecerán horas extra y viáticos (un sobresueldo sistematizado en Buenos Aires) y en su reemplazo se aplicará un nuevo sistema: las Unidades Retributivas por Productividad y Eficiencia (URPE).

Con esto, el próximo mes, según la teoría oficial, sólo los empleados que efectivamente hagan horas extras recibirán pagos adicionales. Dicen en La Plata que actualmente eso funciona como premio a fieles políticos.

Igual con los contratos. Hay para todos los gustos: mil contratados en la unidad de trenes (que casi no funciona) y 20 asesores VIP con sueldos de 5.000 pesos como laderos de Santiago Montoya en Ingresos Públicos.

A juzgar por la impresión de un hombre del gabinete de Solá, muy pocos quedarán en pie. «Hay 100 mil empleados (estables o con contratos) que no le prestan servicio a nadie» repasó, como amenaza, la fuente.

En paralelo, el Parlamento prevé analizar el proyecto oficial para retocar el régimen de licencias y suplencias de los docentes bonaerenses. Los legisladores observan el texto con temor: «Nos van a prender fuego» se asustó un opositor. Son tres apuesta fuertes y de alto riesgo. Por esa vía, Felipe Solá busca un ahorro imprescindible en una administración virtualmente en bancarrota que abona los sueldos con atraso y 80 por ciento en patacones. Un dato del infierno: en lo que va de enero, la recaudación tributaria provincial cayó 40 por ciento respecto a 2001. Ingenuo o suicida, Solá suplica a los contribuyentes que paguen los impuestos.

Esa es la horca del gobernador. Sin fondos, en febrero no podrá completar el pago de salarios ni garantizar los servicios mínimos, por caso en hospitales. Y en marzo, la crisis se agudizará con el conflicto docente.

Por eso, Solá manoteó a un hombre de su entera confianza -José María González Fernández, su cuñado y secretario general-para que fiscalice la reforma en el sector de personal. Al margen, para montar un respaldo político, pactó con el gremio estatal más fuerte (UPCN), una participación íntima de los delegados sindicales en la decisión sobre a quién se entregarán URPES.

Menos permisiva es la postura de ATE, y los docentes de SUTEBA y FEB que recelan de la reforma que diseñó el ministro de Educación, Mario Oporto. Es González Fernández quien discute con los gremios sobre horas extras y contratados. Florencio Randazzo, el ministro de la reforma de Estado, cubre el resto de la agenda sindical.