Alertan que despidos en Renatea precarizan al peón rural y facilita la trata en el campo

Los trabajadores desplazados aseguran que el plan de vacimiento afecta las fiscalizaciones de empleo en chacras y estancias, la tramitación de las denuncias de trata de personas, la entrega de seguros de desempleo y la organización de planes vacunación, salud visual y odontológica para la familias de los chacareros.

Los trabajadores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatea) solicitaron la reincorporación de los 600 despedidos y alertaron al Gobierno nacional que el plan de vaciamiento previsto para el organismo desarticula los controles laborales en los campos, facilita la trata de personas en el sector agropecuario y deja a los trabajadores agrarios en estado de emergencia.

Las nuevas autoridades del Registro, que operan bajo las órdenes de Gerónimo "Momo" Venegas, buscan "restaurar" el antiguo Renatre, que fue absorbido por el Renatea con la aprobación en 2011 de la ley 26.727 sobre el Nuevo Régimen de Trabajo Agrario, para desmantelar todas las medidas adoptadas durante la gestión anterior. "El Gobierno busca despedir a 600 personas de la planta permanente para desactivar las funciones de control. Desde la asunción de Mauricio Macri el Registro ya dejó de presentar denuncias de explotación laboral", aseguraron los empleados enrolados en ATE.

El desmantelamiento según supo ámbito.com incluye la desafectación de los programas de alfabetización de la población rural y la caída en desgracia de los proyectos PISTA y CUIDAR, entre otros. El primero proponía la inclusión productiva del trabajo agrario a través de la capacitación y empleo de trabajadores temporarios, mientras que CUIDAR era un programa destinado al fortalecimiento de espacios de atención y cuidado y educación de los hijos de los productores.

Pero los gremialistas señalaron además que la falta de personal perjudica directamente a las tareas habituales de la entidad, como las fiscalizaciones de empleo en chacras y estancias, la tramitación de las denuncias de trata de personas, la entrega de seguros de desempleo, la organización de planes vacunación, salud visual y odontológica para la familias de los chacareros y las prestaciones desempleo por "contingencias climáticas" y "especiales" para trabajadores enfermos y víctimas de la esclavización laboral. 

"Lo que están haciendo es dejar un organismo con personal administrativo y sin capacidad de control ni de fiscalización", explicó la delegada gremial Inés Arancibia, y remarcó: "No sólo están dejando trabajadores en la calle, sino que a su vez dejan en un desamparo absoluto a los empleados rurales y le dan todas las comodidades a la Mesa de Enlace para que tenga mano de obra barata y precarizada".

Según consideran los sindicalistas, el "desguace" es un objetivo compartido entre las cámaras empresarias del campo y Venegas, jefe del gremio de los peones rurales Uatre y aliado incondicional de Cambiemos, que tras la asunción del Presidente recuperó el control pleno del Registro.

La justificación de los nuevos despidos masivos en el Estado es un fallo de la Corte Suprema que en noviembre del año pasado admitió un cuestionamiento a la ley 26.727 -sancionada en el kirchnerismo-, que le quitó a la Uatre del "Momo" y a las entidades patronales del agro el manejo del antiguo Renatre y creó en su reemplazo el Renatea.

Pero la situación se vio agravada al momento que UPCN firmó un acta acuerdo por el cual se derogó el Convenio Colectivo de Trabajo del personal del Registro. Esa decisión permitió los 600 despidos, ya que considera "extinguida" la relación laboral para los contratados desde 2012 al 2015, aunque prevé una indemnización de hasta seis meses de sueldos.

En este marco, ATE Capital intimó al Ministerio de Trabajo a reubicar a los despedidos y exigió frenar el "desamparo" en el quedaron los empleados de la entidad, tras el desembarco de los nuevos funcionarios a cargo de Venegas.

En la carta a la que accedió este medio solicitan la continuidad laboral o reubicación en el ámbito de la Administración Pública Nacional, el sostenimiento del Convenio Colectivo, el reconocimiento de la estabilidad laboral, la inmediata aplicación del aumento salarial acordado en paritarias y el cese de la persecución contra empleados y sindicalistas. Ese pedido fue recibido el secretario de Empleo de la cartera laboral, Miguel Ángel Ponte, quien se comprometió a entregarlo al ministro Jorge Triaca y al Secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor.

En paralelo, Guido Mapik Godoy, de la mesa federal de ATE Renatea, adelantó que los diputados del Frente para la Victoria impulsarán una ley elaborada por los trabajadores desplazados que busca evitar el vaciamiento y garantiza continuidad de las funciones del organismo a pesar del fallo de la Corte. "Lo fundamental es continuar con todas las garantías que el registro le brindaba a los trabajadores rurales", dijo el técnico administrativo.

Según datos del propio Registro, desde 2013 se fiscalizaron 1.780 establecimientos rurales, donde se desempeñan 154.000 trabajadores, y a 11.700 empleadores. En ese período, se realizó más de 1.000 denuncias de trata, explotación laboral e infantil. Hoy, las inspecciones y detecciones de casos e irregularidades están paralizadas.

Para Arancibia lo peor está por venir. "Eliminar las acciones del Renatea es la victoria de las corporaciones patronales agrarias, que no sólo tendrán los beneficios de la eliminación de las retenciones y la devaluación, sino que necesitan la flexibilización de las condiciones de empleo de los trabajadores agrarios, se trata de la revancha de estos sectores que pagarán los trabajadores agrarios en la desprotección. Vienen por las ochos horas de trabajo que conquistaron los trabajadores rurales con el Estatuto de 2011", concluyó.