Las 74 billeteras, las cajas de seguridad y los pagos: presentan nueva apelación contra el cierre de $LIBRA

Otros damnificados apelaron el sobreseimiento de Milei y apuntaron a las billeteras que compraron antes del tuit presidencial.

Inversores presentaron un recurso contra el sobreseimiento de Javier Milei en la causa por la criptomoneda $LIBRA.

Martín Romeo, junto con otros dos inversores que aseguran haber perdido dinero con el token, presentó un recurso contra el cierre de la causa. Cuestionó que se descartara la estafa sin analizar pruebas sobre las operaciones previas al anuncio, los movimientos de fondos, las cajas de seguridad de Mauricio Novelli y un presunto acuerdo con el entorno presidencial. También pidió la nulidad del dictamen fiscal por no haber podido solicitar su revisión.

El sobreseimiento de Javier Milei en la causa $LIBRA sumó una nueva impugnación. Martín Romeo, uno de los damnificados que intervino en la investigación, apeló la resolución que cerró el expediente para el Presidente y otros diez imputados, y lo hizo junto con otros dos inversores, representados por el abogado Nicolás Oszust , que sostienen haber sufrido pérdidas con la criptomoneda promocionada por el mandatario.

El planteo va más allá de cuestionar la decisión judicial del 23 de octubre por la que se dictaron los sobreseimientos: apunta a lo que considera una investigación incompleta, a pruebas que —según afirma— no fueron debidamente valoradas y a la decisión de descartar la existencia de delitos sin analizar todas las hipótesis denunciadas.

Uno de los ejes del recurso está en las operaciones realizadas antes de que Milei publicara el contrato del token en sus redes sociales. Según la presentación, 74 billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos u$s13,5 millones apenas 22 segundos antes del tuit presidencial. Para los apelantes, esa secuencia es incompatible con la explicación de que los compradores simplemente asumieron los riesgos propios de un mercado volátil.

“Nadie asume el riesgo de que el contrato haya sido entregado de antemano a 74 billeteras, ni de que la salida del dinero estuviera planificada diez días antes del lanzamiento”, sostuvieron.

Y agregaron una frase que resume el núcleo de su cuestionamiento: “El engaño no fue una frase aislada: fue la puesta en escena completa, con la investidura presidencial como garantía”.

Las billeteras, el tuit y las llamadas con Novelli

El escrito reconstruye una secuencia que considera central para sostener la hipótesis de una maniobra preparada con anticipación. Afirma que el fondo de liquidez del token se creó a las 18.40 del 14 de febrero de 2025, pero que las primeras compras se registraron a las 19.01, cuando 74 billeteras realizaron las operaciones que sumaron unos u$s13,5 millones. El mensaje de Milei con el contrato de $LIBRA se publicó a las 19.01.22.

A esa cronología, Romeo suma las comunicaciones entre el Presidente y Mauricio Novelli. De acuerdo con el recurso, la extracción del teléfono del empresario registró una sucesión de llamadas entre ambos entre las 18.44 y las 19.03 de ese día.

La presentación también cuestiona que se haya considerado el desplome del activo como un riesgo de mercado asumido por los inversores. Sostiene que las billeteras identificadas como “Libra Team Wallets” liquidaron los tokens adquiridos en el comienzo de las operaciones y que los fondos terminaron concentrados en una bóveda que reunió 44.593.888 USDC, según el informe de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal citado en el escrito.

Para los apelantes, la existencia de esas operaciones previas y la posterior concentración de fondos debían ser examinadas en conjunto con el mensaje presidencial y las comunicaciones entre los involucrados, en lugar de descartar la hipótesis de estafa.

Las cajas de seguridad y los movimientos de dinero

Otro tramo de la apelación apunta a las cajas de seguridad vinculadas a Novelli. El escrito cuestiona que el hecho de que estuvieran vacías cuando fueron allanadas haya sido utilizado para descartar la hipótesis delictiva.

Según la reconstrucción presentada, Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia el 4 de febrero de 2025. El 17 de febrero, después del colapso del token, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli habrían concurrido a vaciarlas. Sin embargo, el allanamiento de una de esas cajas se realizó recién el 8 de mayo.

“Que el Estado haya llegado tarde no prueba la inocencia de nadie; al contrario, el vaciamiento inmediato posterior al colapso es un indicio en contra de los imputados”, planteó Romeo.

La presentación también enumera transferencias de dinero que considera relevantes para reconstruir la circulación de fondos en los días previos al lanzamiento. Entre ellas menciona una transferencia de u$s507.400 a una cuenta de Orlando Mellino el 30 de enero; movimientos por 150.010 USDC hacia Favio Camilo Rodríguez Blanco; depósitos por más de u$s2,4 millones en cuentas de este último el 4 de febrero y una transferencia de 695.990 USDT a la bóveda CPE1 ese mismo día.

El planteo es que la resolución no habría explicado por qué esos movimientos, las visitas al banco y el retiro de fondos no guardaban relación entre sí. Para los recurrentes, que las cajas estuvieran vacías al momento de los allanamientos no permite determinar qué se guardó en ellas ni qué se retiró después del derrumbe de $LIBRA.

El acuerdo por u$s1,55 millones

La apelación también cuestiona el análisis de un documento denominado “Kelsier Group LATAM Agreement”, que contemplaba, según el escrito, pagos por u$s1.550.000 a favor de Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy.

Los apelantes sostienen que, aunque el documento no tuviera firmas, existían otros elementos que debían ser considerados para evaluar si el acuerdo había existido y se había ejecutado. Entre ellos, mencionan movimientos de fondos por montos que coincidirían con los pagos previstos, una factura emitida por María Pía Novelli a Kelsier Holdings Limited y una anotación encontrada entre los elementos secuestrados al empresario.

Se trata de la nota “Pago Javier kari”, que el recurso vincula con referencias a sumas que podrían haber sido destinadas al Presidente y a Karina Milei.

“Un pago que se ejecuta en el monto, la fecha y la billetera previstos en un contrato demuestra que ese contrato existió y se cumplió, con o sin firmas”, argumentaron.

La presentación cuestiona, además, que la resolución no haya examinado el delito de cohecho en los términos planteados por los denunciantes. También objeta que se haya tomado como elemento de descargo la respuesta de la Secretaría General de la Presidencia, que informó que en sus registros no había antecedentes ni documentación de un acuerdo confidencial.

Frente a esa respuesta, los apelantes sostienen que en el teléfono de Novelli se encontraron un borrador de acuerdo con “H.” y una carta de intención en la que Hayden Davis se ofrecía como asesor del Presidente. A su criterio, esos elementos debían ser evaluados antes de descartar la hipótesis investigada.

Una investigación que, según la apelación, quedó incompleta

Otro de los cuestionamientos centrales es que el sobreseimiento se haya dictado sin que los imputados fueran llamados a prestar declaración indagatoria. Romeo también señala que algunas medidas de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) no pudieron concretarse por falta de herramientas técnicas y que la cooperación judicial con Estados Unidos terminó cerrada por considerar insuficientes los elementos aportados.

“Una investigación que no se completó no puede concluir con un pronunciamiento de certeza”, sostuvo.

El recurso discute, además, el valor que el juez les asignó a los informes de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), cuestionados en la resolución por presuntas irregularidades en su elaboración y en la cadena de custodia.

Según la presentación, el sumario administrativo invocado para respaldar esas objeciones no investigó ni puso en duda la extracción y el análisis de los dispositivos secuestrados, sino el eventual acceso sin justificación funcional a determinados archivos. El escrito afirma que tampoco se acreditó que las agentes investigadas hubieran filtrado información reservada a la prensa.

Por eso, sostiene que las conclusiones del sumario no justifican descartar los informes técnicos incorporados a la causa.

El planteo para poder apelar y el pedido de nulidad

La presentación incluye una discusión procesal relevante: Romeo argumenta que conserva legitimación para recurrir el sobreseimiento, pese a que anteriormente había sido apartado del rol de querellante por una decisión judicial que todavía tiene impugnada ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Afirma que su reconocimiento inicial como querellante había quedado firme y que la resolución posterior que lo excluyó continúa bajo revisión. Por eso, sostiene que no se puede considerar definitiva esa exclusión mientras siga pendiente la queja.

Respecto de Krasutskaya y Lapchenko, los otros dos inversores, el escrito plantea que ambos también deben poder recurrir porque su pretensión de ser admitidos como querellantes continúa en revisión. Si el sobreseimiento quedara firme antes de que se resuelva ese planteo, argumentan, una eventual incorporación al proceso perdería sentido.

Los tres sostienen que son damnificados directos porque compraron el token y acreditaron las operaciones mediante documentación, historiales de transacciones y registros de sus billeteras. Romeo, en particular, afirma haber acompañado actas notariales y documentación de sus cuentas.

Además de pedir que se revoque el sobreseimiento, la apelación solicita la nulidad del dictamen del fiscal Eduardo Taiano y de la resolución que lo aceptó. El argumento es que no se les comunicó el pedido fiscal de cierre ni se les dio la posibilidad de solicitar su revisión, un derecho que atribuyen al artículo 80, inciso j), del Código Procesal Penal Federal.

El recurso apunta contra el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Chyi Haur Peh —conocido como Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

La apelación se suma a la de otro damnificado, Juan Patricio Marchetto, quien también cuestionó los sobreseimientos.