Caso $LIBRA: organizaciones piden que intervenga una fiscalía especializada para reactivar la investigación

Dos organizaciones que participaron del expediente como “amigos del tribunal” cuestionaron la actuación del fiscal Eduardo Taiano y reclamaron que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tome intervención. Advierten sobre el riesgo de impunidad tras los sobreseimientos de Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve imputados.

Pidieron la intervención de la PIA por sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei en causa $LIBRA.

Dos entidades que participaron en el expediente de $LIBRA en calidad de amicus curiae —“amigos del tribunal”— reclamaron que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en investigar irregularidades vinculadas con la función pública, y pusieron en discusión la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien pidió el sobreseimiento de todos los acusados.

El planteo apunta a que una dependencia especializada del Ministerio Público Fiscal intervenga en una causa que involucra al presidente Javier Milei y a su entorno, luego de que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispusiera el cierre de la investigación por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda que el mandatario promocionó en sus redes sociales.

“Consideramos que el sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA constituye una decisión prematura, que no contempla adecuadamente la relevancia del rol que tuvo el presidente de la Nación en la difusión del criptoactivo”, advirtió el director de CIPCE.

Las organizaciones cuestionan que el expediente haya terminado con el sobreseimiento de los once investigados y reclaman que se agoten las vías posibles para evitar que la decisión judicial se traduzca en impunidad.

La discusión ya no se limita a la responsabilidad de los protagonistas del lanzamiento de $LIBRA: también alcanza al modo en que se condujo la investigación y al papel de los organismos que deben controlar posibles delitos cometidos por funcionarios públicos.

El foco, sobre el rol del fiscal

Uno de los ejes del reclamo es la falta de intervención de la PIA durante la investigación penal. Se trata de un organismo de la Procuración General de la Nación con competencia para investigar hechos de corrupción e irregularidades administrativas que involucren a funcionarios estatales.

La intervención de esa procuraduría adquiere relevancia porque, antes de que el caso llegara a los tribunales, ya había abierto actuaciones vinculadas con el episodio. Sin embargo, no fue incorporada a la investigación judicial que terminó con el sobreseimiento de Milei, su hermana Karina y los otros nueve imputados.

El cuestionamiento se produce después de que Taiano, fiscal a cargo del expediente, solicitara el cierre de la causa y Martínez De Giorgi aceptara ese pedido.

La decisión dejó en una posición central la discusión sobre quién puede impulsar una revisión del fallo, en particular luego de que los inversores o damnificados que denunciaron pérdidas fueran apartados de su condición de querellantes.

El reclamo para que intervenga un organismo especializado busca reabrir la discusión sobre la necesidad de profundizar las pesquisas cuando los hechos denunciados podrían involucrar a integrantes del Poder Ejecutivo.

Una causa bajo presión por su cierre

El sobreseimiento de los once investigados generó cuestionamientos por la forma en que concluyó el expediente y por las posibilidades de revisar la decisión. La controversia se agravó porque el fiscal pidió el cierre y el juez lo resolvió rápidamente sin que los acusados hubieran sido convocados a prestar declaración indagatoria.

A esto se suma la situación de los inversores damnificados, que buscan recuperar su lugar como querellantes para poder intervenir activamente en el proceso. Uno de ellos, Juan Patricio Marchetto, ya presentó una apelación contra los sobreseimientos y pidió que se revoque la decisión para que la investigación continúe.

En su recurso, Marchetto señaló que todavía quedaban medidas de prueba pendientes. Su presentación abrió una primera vía de impugnación contra el cierre de la causa, aunque la posibilidad de que prospere también depende de que la Cámara de Casación reconozca su legitimación para recurrir.

El reclamo para que intervenga la PIA agrega una nueva dimensión institucional al caso: la discusión sobre si una investigación que involucra al Presidente y a otros funcionarios puede darse por terminada sin la intervención de un organismo especializado que ya había examinado los hechos.