Alivio fiscal (poco) para clínicas privadas y gastronomía

Política

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió derivar una partida presupuestaria a las cooperadoras escolares para que se hagan cargo de la compra de lo necesario para cumplir con los protocolos sanitarios ante la pandemia que demandan, por ejemplo alcohol en gel en forma permanente en los establecimientos.

Al mismo tiempo la Ciudad "ratificó" la presencialidad en las aulas, ante la difusión de estudios del Conicet sobre la posibilidad de disminuir los contagios de coronavirus con clases virtuales.

Así, el Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña explicó en un comunicado que "ratifica" la presencialidad y a la vez lanzó el "Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia Sanitaria para las Asociaciones Cooperadoras de todos los Establecimientos Educativos del Gobierno de la Ciudad".

Las escuelas que tengan constituidas cooperadoras recibirán hasta $700 mil para la "adquisición de elementos de protección personal y otros insumos de bioseguridad necesarios para garantizar una presencialidad cuidada".

Las partidas se le otorgarán a los colegios en 2 cuotas, en mayo y septiembre de este año de acuerdo a la matrícula 2021 de cada establecimiento, según explicó Educación que aclaró que este mes "se continuarán entregando los insumos de bioseguridad correspondientes".

"Esto se suma a los más de $2 mil millones que lleva invertidos en la compra de kits de limpieza, elementos de bioseguridad y purificadores de aire para las escuelas", indicó el Ministerio de Educación.

Por otro lado, la legislatura porteña sancionó ayer una norma que exime del pago de Ingresos Brutos -desde mayo hasta julio- al sector gastronómico ante la restricción a bares, restaurantes y locales comerciales en general deberán cerrar las puertas a las 19.

Otra ley sancionada ayer también para ayuda fiscal dispone que las clínicas y sanatorios privados de la Ciudad no paguen Ingresos Brutos por los servicios de internación, de mayo y junio.

La medida, que fue apoyada casi por la totalidad de los legisladores porteños, alcanza a las actividades comprendidas como "servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental”, y apunta a “evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el denominado aludido covid-19”.

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