Diputados de todos los partidos no querían ni oír hablar ayer de la posibilidad de sesionar mañana. Y no es por falta de ganas o temas para tratar, sino porque no quieren someterse a las duras críticas que recibirán desde la marcha organizada por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. En esa concentración habrá planteos contra la ahora cuestionada actuación de los diputados que integraban la Comisión Bicameral, a quienes se acusa de haber omitido denunciar en su momento las cuestionadas negociaciones entre Juan José Galeano y Carlos Telleldín para que el reducidor de autos declarara en contra de Juan José Ribelli, después de haber visto -algunos de los integrantes- un video que les mostró el propio juez federal sobre la conversación con el acusado.
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Ese mismo video fue el que llevó a la cárcel a Mariano Cúneo Libarona, acusado de haberlo robado para extorsionar a Galeano con el contenido de esas sospechosas negociaciones con Telleldín. No fue el único episodio en que Galeano consiguió sumar la protección de algunos de los integrantes de la Bicameral. En otro momento, ante el peligro de perder el control de la causa en manos de Mariano Bergés, Galeano tuvo reuniones en el Salón Gris del Senado de donde salió con el apoyo del Congreso bajo el brazo.
La onda expansiva que produjo en el Congreso la sentencia absolutoria del Tribunal Oral Federal 3, con acusaciones a los tres poderes del Estado por su participación en los 10 años de investigaciones del atentado a la AMIA, llegó a golpear a todos los legisladores que en ese momento fueron útiles al esquema de sustento político de la actuación de Galeano en la causa. Desde los partidos provinciales ya se emitieron varios pedidos de investigación de la actuación de la Bicameral, y hoy el radicalismo tendrá a la sentencia del Tribunal como tema central de la reunión de bancada.
Hay una cuestión que sí es bastante clara: si hubo una mala actuación por parte de los diputados y senadores que integraban la Comisión Bicameral, la culpa podría extenderse a todo el Congreso: «La responsabilidad política que alcanza a algunos legisladores es, en realidad, para todo el Congreso. Las resoluciones e informes de la comisión fueron aprobados por los plenarios de las dos Cámaras. Todo el mundo sabía lo que se analizaba», decía ayer el radical Horacio Pernasetti en defensa de los miembros de su partido que integraban la comisión investigadora en ese momento.
Pero hubo excepciones, y no todos los diputados y senadores tuvieron la misma actuación. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, integrante y en su momento activa investigadora de la comisión, fue una de las más críticas al accionar de algunos de los diputados y senadores, e incluso llegó a la violencia verbal cuando se cruzó personalmente con Galeano acusándolo de mentirle en una de las entrevistas que los legisladores mantuvieron con el juez. Elisa Carrió directamente denunció muchos de los procedimientos de la Bicameral investigadora, aunque su compañero de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carlos Soria, sea ahora uno de los más implicados en el fallo del Tribunal Oral por no haber denunciado la existencia de negociaciones viscosas entre Galeano y Telleldín, sobre todo porque presidió la Bicameral en uno de los momentos más difíciles de la investigación.
En el Congreso, de todas formas, se defendía ayer la posición que en su momento tuvieron los legisladores que presenciaron el famoso video: «No se los puede acusar de omisión de denuncia cuando estaba viendo las pruebas de ese supuesto delito delante de dos jueces federales. Se suponía que no había nada que denunciar si la cuestión ya estaba en manos de la Justicia», decían. El argumento tiene su lógica, pero el problema es que los legisladores no corroboraron lo que al mismo tiempo estaba sucediendo en la causa. La comisión investigadora de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel se creó el 24 de julio de 1995, pero se constituyó más de un año después. El proyecto fue votado por unanimidad -había sido presentado por los entonces frepasistas Carlos Chacho Alvarez y Graciela Fernández Meijide, el peronista Claudio Mendoza y el radical Juan Gauna-y establecíala creación de un cuerpo integrado por seis diputados y seis senadores: Soria (PJ), Raúl Galván (UCR), Chacho Alvarez ( Frepaso), el correntino José Romero Feris, Augusto Alasino (PJ), César Arias (PJ), Melchor Cruchaga (UCR) -que su momento declaró que se habría desviado un móvil de la Policía Federal para dejar desprotegida la Embajada de Israel el día del atentado-, Cristina Kirchner, José Genoud (UCR), Miguel Pichetto (PJ), Bernardo Quinzio (PJ) y Federico Storani (UCR).
La selección de los integrantes da una muestra clara de la importancia -cierta o protocolar-que se quiso dar a esa comisión investigadora en ese momento.
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