Amplio aval en Senado a blanqueo para reactivar la construcción

Política

El secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, Roberto Arias, respondió consultas al oficialismo y la oposición. Sugerencias a la hora de reglamentar la ley para no demorar sanción.

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado avanzaron rápido ayer con el dictamen del proyecto que estimulará la construcción privada, así como ampliaciones e instalaciones, entre otras variantes. Incluso, también abarca a las obras que posean un grado de avance inferior al 50% de su finalización.

Durante la reunión expuso el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, quien blindó la ley y respondió consultas al oficialismo y la oposición. A pesar de algunas observaciones, se decidió avanzar y apostar a la reglamentación de la ley, una vez sancionada, para evitar el regreso del proyecto a Diputados.

Arias se refirió a dos beneficios. Para los cumplidores, “los contribuyentes que venían declarando todos sus activos en bienes personales”, tendrán “dos años de exención y un crédito fiscal del 1%”, además de “otro que es muy solicitado por la industria y que tiene que ver con el impuesto a las Ganancias: diferir el pago al momento que esa persona que transfirió el inmueble para la construcción realmente tenga una ganancia”.

Desde el Frente de Todos, Oscar Parrilli planteó la importancia de lograr un acuerdo con formadores de precios que producen bienes para el sector para evitar aumentos de precios de insumos de la construcción, al sostener que “hay sectores que cuando el Estado ayuda, se aprovechan para obtener más rentabilidad”.

En tanto, el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, pidió crear -en la reglamentación de la ley- “un registro para que se informe semestralmente el impacto económico de la norma, que incluya el empleo registrado y la inversión”.

Por el lado de la oposición, el radical Martín Lousteau cuestionó el nivel de informalidad den la construcción, al que calificó como “muy alto”, y que “se enfoquen los cañones a un sector cuando hay otros que lo necesitan más”.

Puntos principales

Además de fomentar la construcción privada, la iniciativa reactiva las viviendas sociales abandonadas, situación no contemplada en el proyecto original que envió el Ejecutivo y que la oposición logró incorporar en la Cámara baja.

El proyecto habla de exenciones sobre Bienes Personales, Transferencia de Inmuebles, etcétera. Quienes ingresen al blanqueo sí deberán pagar un impuesto especial del 5% de lo que se declare si dicho acto se realiza dentro de los 60 días de entrada de vigencia de la ley.

Si se superan esos días, habrá un lapso de un mes extra, pero el pago será del 10%. Si se duplica dicha espera, el recargo llegará al 20% del total declarado. La cifra en cuestión no podrá tomarse como pago a cuenta de Ganancias.

Los fondos declarados podrán ser aplicados transitoriamente a la compra de títulos públicos nacionales e inmediatamente invertidos en el objetivo de la ley. El texto deja claro que “no podrán ser objeto de normalización, las tenencias en el exterior, que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes”.

De cara al corto plazo, el Gobierno necesita que las provincias adhieran a la normativa para evitar el choque entre la eximición de tributos federales con el pago de impuestos locales, situación que frenaría las inversiones. Hacia allí apuntó ayer el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, el peronista Carlos Caserio.

ARA San Juan

La comisión de Presupuesto realizó ayer otro plenario, aunque junto a la comisión de Defensa Nacional, para firmar un despacho de mayoría sobre el proyecto que otorga, por única vez, un beneficio extraordinario a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, “importando la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”. En Diputados, la oposición criticó el olvido del Estado sobre la tragedia ferroviaria de Once.

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