29 de julio 2004 - 00:00

Aníbal Fernández: "Castells debería estar en la cárcel"

Sigue sin encontrar salida el gobierno nacional a la violencia piquetera que ayer sitió la localidad santiagueña de Clodomira, mientras continuaban los picos de tensión en la toma de una planta petrolera en Santa Cruz. A pesar de que los funcionarios prometen que no se criminalizará la protesta, todos los hechos de ayer concurren en que será la Justicia el ámbito que catalizará el fragor de la calle. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, utilizó ayer las palabras más fuertes que se recuerden del gobierno Kirchner contra los piqueteros. Dijo que "Raúl Castells debería estar preso". Irónicamente, también el renunciante, o renunciado, Gustavo Béliz llegó a instancias judiciales, acusado de revelar secretos de Estado por dar a conocer el rostro de un espía. Pero no lo acusa el gobierno sino un abogado privado. El gobierno no quería esa instancia con Béliz para no convertirlo en mártir. De todas formas, al ex funcionario le sobran enemigos y, a pocos días de dejar su cargo, dos jueces ya estudian la supuesta comisión de delitos. Pero Béliz sale indemne de difundir la foto del espía de la SIDE Stiusso (o como se llame) porque ya lo había difundido públicamente el propio Presidente al asignarlo a declarar en el juicio oral por el atentado de la AMIA. Los jueces -que odian a Béliz por su proyecto de reformar la Justicialo quieren juzgar por denuncias de corrupción en el gobierno.

Raúl Castells
Raúl Castells
Luego de anunciar que no permitirá la toma de edificios ni protestas violentas, el gobierno envió ayer otra advertencia a los grupos piqueteros duros al exponer su postura acerca de que Raúl Castells y sus seguidores «deberían estar presos» por haber copado comercios.

Fue el ministro del Interior, Aníbal Fernández, el encargado de transmitir el mensaje que se refiere a Castells -por la toma de un casino en Chaco y locales de McDonald's, entre otros edificios-pero se extiende, como alerta, al resto de los caciques piqueteros críticos de Néstor Kirchner.

«Quien infrinja la ley va a tener que sentarse ante el Poder Judicial y dar sus explicaciones»,
dijo el funcionario y aseguró que, a su entender, Castells y quienes protagonizaron esos hechos, «deberían estar presos».

El planteo de Fernández está en línea con la nueva política oficial respecto de las acciones piqueteras que, por orden de Kirchner, deberán instrumentar el ministro de Justicia y Seguridad, Horacio Rosatti, y el secretario de Seguridad, Alberto Iribarne.

Esa política, que prevé más presencia policial y dotar a los efectivos de armamento disuasivo, fue elogiado por Fernández, quien estimó que el Estado irá «recuperando, paso a paso, ese espacio que nos va a garantizar la autoridad suficiente como para que no tengamos que hablar nunca más del tema».

De todos modos, el alerta oficial no espantó a los piqueteros que anoche anunciaron una movilización para la semana próxima a Tribunales, la Legislatura porteña y el Congreso Nacional, en este último destino para oponerse a la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En tanto, Castells encabezaráel fin de semana en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, un encuentro confederal de su sector, el MIJD, que hará un plan de lucha contra el gobierno y una movilización a la CGT unificada.

Como se sabe, a pesar de una alianza sellada a principios de año, el grupo de Castells se mueve por separado del eje duro que integran el Bloque Piquetero-CCC. Rota esa entente,
Castells encaró sus acciones más violentas, entre otras la toma de nueve locales de McDonald's.

Esa práctica la repitió dos semanas atrás en la provincia del Chaco donde tomó un casino durante varias horas para reclamar que le entreguen dinero para comprar alimentos para sus seguidores locales. Finalmente, logró lo que buscaba. Antes, había recorrido varias empresas porteñas con el mismo objetivo.

Ayer Castells no acusó recibo de las declaraciones de Fernández.
«¿Quiere que vaya preso otra vez?», repreguntó anoche el piquetero consultado sobre las declaraciones del ministro del Interior. «No se merece ni una respuesta», concluyó, sonriendo.

La semana próxima, el nuevo ministro de Justicia y Seguridad tendrá su bautismo de fuego ante piqueteros: el miércoles 4, unas 30 organizaciones, junto a partidos políticos, travestis, prostitutas y vendedores ambulantes marcharán por las calles porteñas.

El jueves último, el gobierno estrenó una custodia especial, con tres líneas de policías protegiendo la Legislatura pero sin armas de fuego.

Desinteligencias en torno a ese operativo, derivaron en la renuncia del jefe de la Federal,
Eduardo Prados. Después siguieron los despidos de Norberto Quantín y Gustavo Béliz.

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