El jury de enjuiciamiento que iba a decidir si corresponde o no iniciarle un juicio político al juez Sal Lari se postergó por la renuncia de senador bonaerense del Frente para la Victoria, Alfredo Sivero. Ahora volverá a reunirse después del 10 de diciembre.
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Las acusaciones en su contra eran por liberar detenidos que luego cometieron robos y asesinatos.
Los familiares de las víctimas reclaman que un jury de enjuiciamiento instruya un sumario contra el juez de garantías, a quien acusan de mal desempeño en sus funciones.
La decisión fue acordada en un encuentro en la Capital Federal que contó con la presencia del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien promovió el pedido de juicio político al magistrado a pedido de la familia de Carlos Regis, el ingeniero asesinado en julio de 2008 en Beccar.
La hija de Regis, Carla, abrió el encuentro leyendo una carta dirigida a los miembros del Tribunal de Juicio Político, a pocas horas de que el jury de enjuiciamiento decida se instruye o no un sumario contra el magistrado.
La comisión del Jury de enjuiciamiento se iba a reunir hoy a las 14.
Respecto de la acción contra el juez Sal Lari, la hija del ingeniero Regis expresó que "como ciudadanos nos encontramos abocados a llevar adelante la denuncia contra un funcionario que forma parte de uno de los tres poderes, el juez de Garantías Rafael Sal Lari, magistrado que no escucha el clamor popular que pide desesperadamente que se proteja la vida y termina beneficiando a asesinos, violadores y ladrones o deja encarcelada a gente humilde inocente pese a que un Tribunal superior dispusiera su libertad muchos meses antes".
Los familiares víctimas de la delincuencia dieron a conocer ocho causas por las que fuera denunciado el juez Sal Lari de modo tal que pueda ser investigado por el Jury de Enjuiciamiento.
Además de la eximición de prisión de los asesinos del ingeniero Regis, figuran la denegación de detención de dos presuntos violadores, la excarcelación de un abusador, la libertad a un imputado por robo y abuso sexual, medidas alternativas y morigeradas a los imputados por el robo del Banco Río, denegación de allanamientos en lugares de comercialización de estupefacientes y denegación de libertad a un ciudadano que estuvo más de siete meses detenido luego de haberse dispuesto su libertad provisoria.
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