Aprueba Senado aval a presidente legislador

Avanzó anoche en el Senado el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner para reglamentar el uso de los decretos de necesidad y urgencia. No aceptó el oficialismo en ningún momento modificar su idea de consagrar a un Poder Ejecutivo que podrá legislar por decretos, los que regirán ilimitadamente. La clave pasa por que no dejarán de tener validez si el Congreso no los aprueba en determinado plazo. Pueden pasar varios años sin que se los acepte o rechace e igualmente regirán. Otro elemento no menor es que de poco servirán para dar, sobre los temas que esos decretos traten, cierta seguridad jurídica. En el momento de contar eventualmente con mayoría legislativa, la oposición puede dejarlos sin efecto inmediatamente. Fue la segunda jornada, también tensa, en el Senado, con críticas a la prensa. Cristina Fernández de Kirchner centró 75% de su discurso en todas las editoriales que cuestionan la iniciativa. Diputados deberá tratarla y ello será dentro de 15 o 20 días. Son los que necesita el gobierno para seducir a los 129 legisladores del oficialismo que requiere para transformarla en ley. Esto a pesar de una mayor oposición en provincias. Tendrá sin duda consecuencias más graves para el funcionamiento republicano que la que reformó el Consejo de la Magistratura.

La senadora Cristina Kirchner tomó dos horas y media para explicar el proyecto del gobierno sobre los DNU y aprovechó para seguir con críticas a la prensa.

El Senado se aprestaba anoche a votar el proyecto de reglamentación del funcionamiento de la Comisión Bicameral que controlará los decretos de necesidad y urgencia firmados por el Presidente. La sesión fue protagonizada, obviamente, por la autora del proyecto, Cristina Fernández de Kirchner, que en un acto inusual para el Senado se tomó dos horas y veinticinco minutos no sólo para explicar su posición, sino también para volver a ejercitar su habitual crítica a cómo la prensa cubre los actos de gobierno.

La cuestión que se debatió anoche tiene un punto clave que la doctrina constitucional ha discutido durante los doce años que lleva de demora la reglamentación de este control: cómo debe interpretarse el silencio del Congreso ante un DNU enviado por el Poder Ejecutivo para su revisión. Existen dos posiciones: que pasado un tiempo (algunos proyectos fijan 60 días, otros, 30) sin que los decretos sean aprobados por el Congreso, éstos deben considerarse derogados y que pasado un lapso similar, éstos quedan ratificados.

El proyecto de la senadora, lejos de reflejar lo que ella misma sostuvo en 2000 siendo diputada y en 2002 ya en el Senado, acepta que no existe la sanción «ficta» pero no fija plazo para que el Congreso ratifique o derogue esos decretos, por lo que mientras tanto continúan en vigencia.

Ese fue el núcleo ayer tanto de la defensa que hizo Cristina de su proyecto como del ataque que hizo la oposición. «La sanción ficta no es aplicable. Jamás podríamos aplicar el principio del silencio», dijo. «La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente», en una argumentación inicial que no contempla el hecho de que, fácticamente, al no tener un tiempo obligatorio para debatir los DNU, el «silencio» del Congreso opera como una ratificación.

Pero fue sólo el comienzo de una larga exposición donde Cristina Kirchner después se acordó más de las coberturas de prensa sobre leyes y decretos, que del contenido del proyecto. En esa tarea atacó a radicales, al gobierno de la Alianza, a peronistasque colaboraron con la oposición, a Jorge Vanossi como constitucionalista y a quienes opinan en los medios de comunicación: «Durante años se disfrazó la verdadera situación en cuanto a reglamentación de estos decretos bajo un debate pretendidamente académico a través del cual todos participábamos. El problema residía en que ningún gobierno quería constituir esta comisión», dijo.   

«Feos, sucios y malos»

El diario «La Nación» estuvo en el blanco de la senadora durante casi todo su discurso, incluso cuando argumentó que la prensa no le perdonaba nada al peronismo y sí a otros gobiernos: «Nosotros los peronistas, somos feos, sucios y malos para algunos medios. Venía De la Rúa, la gran esperanza blanca», dijo cuando interpretó que al radicalismo se le perdonaba el uso de los decretos de necesidad y urgencia, y a su marido no. Fue cuando hizo una reseña de todos los proyectos de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia que no llegaron a sancionarse, todo mechado con las notas de prensa de la época sin privarse de recordar que los decretos firmados por Kirchner se destinaban a obras públicas -se enojó con el socialista Rubén Giustiniani por fustigar esos DNU cuando en algunos de ellos se incluyeron obras para Santa Fe-, aumentos a jubilados o salarios, mientras que los de De la Rúa se usaron para descontar salarios de estatales (como el 13% en el 430), desregular obras sociales y descuentos previsionales: «Cuando está un alto rubio y de ojos celestes como De la Rúa es para avalarlo, cuando estamos nosotros, es para controlar». En esa historia recordó, inclusive, que en esa época, «era de tal magnitud la crisis que se pensó en conformar la comisión para gobernar por decretos de necesidad y urgencia», dijo para reseñar la historia sobre el control de los decretos en esa época y la negativa del gobierno a aceptarlo, un proceso en el que también involucró a Elisa Carrió. La argumentación de la senadora se basó, como lo hizo en la Comisión de Asuntos Constitucionales,en que «es imprescindible dejar en claro la legalidad de los DNU». Era obvio, recalcar que los decretos presidenciales, los decretos de veto y los firmados en uso de facultades delegadas que también serán controlados por la comisión tienen una entidad jurídica completa, esto es clave para que el oficialismo pueda justificar la vigencia sin tiempo límite mientras el Congreso no se expida sobre ellos: «El DNU no es una ley, pero tiene fuerza de ley». En cuanto a las ventajas de su proyecto, explicó: «A partir de la sanción de esta ley, si tenemos suerte en Diputados, no va a ser necesario, como pasó durante la gestión de la Alianza, sancionar una ley especial: mayoría simple de cada Cámara va a bastar para que los decretos de necesidad y urgencia puedan ser derogados o no ratificados».

La oposición luego le contestó que para que eso sucediera debía existir voluntad política del oficialismo en tratar los decretos, ya que controla mayoría en ambas cámaras. «Hasta hoy para derogar un DNU, cualquiera sea su contenido, se requerían dos tercios de cada Cámara, la misma mayoría que para reformar la Constitución», insistió Cristina. «Hoy a este gobierno se lo trata de autoritario, hegemónico y de concentración de poder. Ya vimos cómo trataba la prensa cuando estas cosas las hacían otros, por lo menos 'La Nación'», lanzó en otro de los momentos en que la senadora volvió a acordarse de la prensa. Tanta insistencia le valió que Rodolfo Terragno dijera después: «Yo ese diario no lo leo más, total después me lo cuenta la senadora». El primero en responderle fue precisamente Terragno: «Los DNU se han convertido en una herramienta perversa, como bien dijo la entonces diputada Fernández de Kirchner en su proyecto de 2000. Es más, decía en ese momento que debía mandarse el decreto al Congreso y que no servía como excusa para no tratarlo ni siquiera el receso parlamentario. El proyecto de la senadora decía: «Deberá convocar a sesiones extraordinarias».

Hizo Terragno entonces una comparación puntillosa de las posiciones que mantuvo Cristina como opositora en relación con los decretos de necesidad y urgencia, y las que mantiene ahora en su proyecto: «Este proyecto le da la llave a esta comisión para que trate lo que quiera. Este proyecto, aunque se lo disfrace, establece la aprobación ficta, y eso es en definitiva una ley». Por el radicalismo, comenzó a contestarle el jujeño Gerardo Morales: «Se busca modificar por vía reglamentaria el trámite constitucional de formación y sanción de las leyes. Es un imperativo fundamental el establecimiento de un plazo para precisar y acotar el término inmediato, y éste es un tema central en este debate», dijo.

«El control constitucional que detenta el Congreso se convertirá en una ilusión a partir de la consagración de este marco legal que no establece la exigencia para que se arribe al control de los decretos.»