Ascendieron militares impugnados por Garré

El Senado aprobó ayer 176 pliegos de ascensos de oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, incluyendo los de 4 oficiales cuestionados por haber participado del alzamiento de Semana Santa de 1987. Postergó además para marzo del 2001 el análisis de 3 casos correspondientes al Ejército y 2 a la Armada, que fueron objetados por organismos de derechos humanos. En el inicio de la sesión el titular de la bancada peronista, José Luis Gioja, hizo leer por secretaría una carta enviada por Federico Storani, en la que aclara que los conceptos hechos públicos por su viceministra Nilda Garré constituyen «una opinión personal que no comprometen la opinión del gobierno».

«El gobierno ha estudiado cada una de las propuestas que se realizaron -agregó el ministro del Interior-y descuenta que compartirá el criterio de los senadores.»

Garré se pronunció en contra del ascenso de los militares cuestionados por violaciones a los derechos humanos e intentos golpistas en una nota que lleva el membrete oficial del ministerio.

Los oficiales impugnados cuyos ascensos quedaron postergados para el año próximo son los tenientes coroneles Alfonso Vaquero y Virgilio Alberto Moschino, además del coronel Hugo Casela, en tanto que de la Armada fue objetada la promoción de los capitanes de fragata Edgar-do Rodríguez y Carlos Anzoátegui.

Vaquero, Moschino y Casela fueron señalados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) como presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno militar.

Sobre Vaquero, que no es hijo del general del mismo apellido, la jefatura I Personal del EMGE, informó que en los años en que se lo acusa a este oficial, se desempeñaba en la Escuela de Artillería de Campo de Mayo como profesor, a órdenes del entonces teniente coronel Martín Balza. Sobresaliente en sus calificaciones, Vaquero es el primero de su promoción de Artillería.

Moschino, que coincide con nombres y apellidos de denunciados, realizó controles de rutas uniformado, como ocurrió con frecuencia con miles de efectivos de las FF.AA. y de Seguridad en aquellos años, según órdenes impartidas.

El caso de Casela es casi de sainete. En su momento lo citó la Cámara Federal de Bahía Blanca por la misma causa que se lo acusa hoy, y advertidos de que no se trataba de la misma persona, los jueces terminaron disculpándose. El capitán de fragata de Infantería de Marina, Anzoátegui, tuvo a su cargo como misión ordenada por la superioridad acompañar uniformado a Entre Ríos, el féretro de un aspirante de la escuela de Suboficiales de IM, fallecido en Mar del Plata en 1977. El oficial de perfil profesional que ha merecido las más altas calificaciones en su foja. El caso de Rodríguez es parecido. Denunciado, nunca se especificó por qué, ni tampoco el eventual bien jurídico afectado. Nunca ninguna persona física reclamó, presentó cargos o demandó al capitán Rodríguez. Además no tuvo ni tiene causa judicial alguna y fue condecorado por el Congreso por su participación en la Guerra de las Malvinas.

Carapintadas

En tanto, los casos de los cuatro militares que habrían participado de un alzamiento carapintada, dieron origen a un discusión más profunda.

Durante el debate, que se inició casi a las 13 y finalizó pasadas las 14, el frepasista Pedro Del Piero, los justicialistas Carlos Verna y Beatriz Raijer y la neuquina Silvia Sapag propusieron la postergación del ascenso de cuatro oficiales del Ejército. Se trata de los tenientes coroneles Luis Candia, Jorge Cáceres, Jorge Daura y Daniel Onetto, objetados por su presunta participación durante el alzamiento carapintada que encabezó el ex teniente coronel Aldo Rico en 1987. Se repitió así lo ocurrido el año pasado, cuando 15 casos quedaron para ser tratados este año.

El planteo de postergación de estos oficiales no fue aceptado y la mayoría de los integrantes del Senado votaron finalmente la promoción al grado de coronel de los cuatro tenientes coroneles.