4 de febrero 2015 - 20:49

Aseguran que Bonadio recibió amenazas de muerte

Claudio Bonadío
Claudio Bonadío
El juez federal Claudio Bonadío, quien lleva adelante una causa contra la presidenta Cristina Kirchner, denunció que recibió una amenaza de muerte en su despacho.

Por el hecho, ocurrido el último jueves, el magistrado inició una causa penal que quedó en poder del Juzgado Federal Número 5, a cargo de Norberto Oyarbide.

El expediente fue caratulado como "averiguación de delito", informaron fuentes judiciales a NA, aunque en el entorno del magistrado evitaron dar detalles acerca del contenido de la amenaza.

Bonadío es el juez que interviene en la causa por presuntas irregularidades en la empresa Hotesur, de la que es socia la mandataria nacional y por la cual se la investiga, lo que generó fuerte polémica a fin de año.

También, es el magistrado que envió a juicio oral y público al vicepresidente Amado Boudou por falsificación de documentos a raíz de la compra de un automóvil en 1993.

Según se supo, la amenaza de muerte contra el magistrado se realizó a través de un mensaje que recibió su secretaria privada el jueves pasado en sus oficinas de Comodoro Py.

El juez se enteró al día siguiente y en ese momento realizó la denuncia, que recién se conoció este miércoles.

Por la causa de Hotesur, Bonadío ordenó un allanamiento a las oficinas porteñas de la compañía, luego de una denuncia presentada por la diputada del GEN Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades en los balances de la empresa de Cristina de Kirchner.

En ese marco, la sobrina de la jefa de Estado, hija de Alicia Kirchner y presidenta de Hotesur, Romina Mercado, había pedido la recusación del juez Bonadío, pero luego ese pedido fue rechazado en primera instancia.

No obstante, con impulso kirchnerista, el Consejo de la Magistratura sancionó al magistrado con la reducción del 30 por ciento de su sueldo por demorar dos expedientes, en medio de la disputa del Gobierno con el juez.

Este jueves, la Cámara Federal criticó al magistrado federal por impedir el acceso a la causa a los abogados defensores de Hotesur, compañía investigada porque no presentó documentación ante la Inspección General de Justicia.

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