Auditoría uruguaya detectó irregularidades en contrato por dragado del Río de la Plata

Una auditoria realizada por un tribunal uruguayo evaluó que hay "dudas" sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de mantenimiento del dragado del canal binacional Martín García, según un informe difundido por la cancillería uruguaya.

El Tribunal de Cuentas (TCR), órgano fiscalizador del país, indicó además que Uruguay debe evaluar la posibilidad de denunciar el caso en la Justicia.

Según un cable de la agencia AFP, el tribunal había sido convocado en mayo por la cancillería uruguaya, tras versiones del diario El Observador sobre supuestos hechos de corrupción en la extensión del contrato con la empresa Riovia, subsidiaria de la holandesa Boskalis International y que se ocupa del dragado desde 1996.

Sobre este punto, la Cancillería argentina desmintió a través de un comunicado que fuese el gobierno de Uruguay quien propusiese auditar los trabajos de profundización y mantenimiento del canal Martín García.

"Cabe señalar que fue la Cancillería argentina la que propuso como condición para continuar con los trabajos de profundización y mantenimiento del canal Martín García que ambos países auditen en forma inmediata la prórroga del contrato de dragado, atento a las denuncias de prensa publicadas por medios uruguayos", indicaron.

El informe del tribunal sostiene que "existió un enlentecimiento en el tratamiento de temas importantes y trascendentes dentro de la CARP (Comisión administradora del Río de la Plata), actitud que tuvo incidencia directa en la forma en que se llegó al final del plazo contractual con Riovia".

Mientras se postergaban las negociaciones sobre el llamado a una licitación internacional para una nueva concesión para la profundización del dragado -que Uruguay y Argentina negocian desde hace meses- "se dejaron de adoptar las medidas necesarias para mejor negociar con Riovia S.A. la inminente prórroga del contrato", lo que llevó a que no se hiciera un concurso de precios y generó condiciones más beneficiosas a Riovia, indicó.

El informe atribuye la responsabilidad por esa situación a la delegación argentina al tiempo que afirma que los delegados uruguayos ante la CARP -creada en 1973- actuaron "tratando de preservar los intereses del país".

Según el documento, el presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, informó a la cancillería sobre al menos dos situaciones que "permiten irradiar dudas sobre la regularidad de los procedimientos tendientes a extender el vínculo con Riovia S.A. a partir del mes de febrero pasado".

El tenor de estas situaciones "amerita que la cancillería evalúe la adopción de medidas que correspondan a derecho", para lo cual "deberá tener en cuenta el principio de territorialidad del derecho penal".

Pero para el Gobierno argentino las demoras en la negociación con Riovía para prorrogar el contrato resultaron en un ahorro de 2.850.000 dólares.

"La CARP, siguiendo las instrucciones impartidas por ambos gobiernos a sus respectivas delegaciones, inició un proceso de negociación con Riovía para prorrogar el contrato. Mientras que la empresa llegó a valorizar el precio del trabajo en 18 millones de dólares, finalmente concluyó en el acuerdo de prórroga suscripto el 7 de febrero de 2012, por el que se estableció el precio de 15.150.000 dólares anuales. La supuesta demora, de la cual es sospechada la Argentina, resultó en un ahorro de 2.850.000 dólares", sostuvo la cartera que encabeza Héctor Timerman.