Aumenta tensión Kirchner con Iglesia: también jueza Highton es una abortista

Si ya venía complicada la relación del gobierno con la Iglesia, sobre todo desde la nominación de Carmen Argibay a la Corte Suprema (por no hablar de la de Eugenio Zaffaroni), ahora ese vínculo parece más deteriorado. Resulta que Helena Highton de Nolasco, la otra mujer del oficialismo anunciada para la Corte Suprema, a quien frente a la Argibay se la reputa de moderada, comparte, sin embargo, opinión y criterio con ésta sobre un tema crucial para la Iglesia Católica: ambas están a favor del aborto. Y, en el caso hasta ahora desconocido de la Highton, con la peculiar y cuestionable teoría del «derecho del niño a no nacer», con la cual habilita luego a cualquier ciudadano infeliz a demandar al Estado porque éste no permitió que su madre abortara para salvarlo de la infelicidad. En las páginas centrales se publican partes de un artículo de esta profesora que habrán, seguramente, de enardecer al propio Papa, quien ya advirtió al gobierno por recomendar a la Argibay. Se supone que el Sumo Pontífice multiplicará esta demanda al canciller Rafael Bielsa, la semana próxima, también para romper el silencio, sobre una cuestión tan delicada, de los propios obispos argentinos, quienes a la hora de hacer oír una voz -como tantas otras en el país-han optado por callar.

La ola de reproches, provenientes sobre todo de la feligresía católica, que recibió el gobierno por la postulación de Carmen Argibay como integrante de la Corte Suprema de Justicia, podría duplicarse a partir de ahora. Es que también Elena Highton de Nolasco está a favor de la despenalización del aborto, que es la principal objeción que se ha expresado contra su colega. En efecto, la doctora Highton desarrolló ampliamente esta posición en un artículo publicado por la Revista de Derecho Privado y Comunitario e intitulado «La salud, la vida y la muerte. Un problema ético-jurídico: el difuso límite entre el daño y el beneficio a la persona». La exhumación de este artículo, que ya recorre de mano en mano algunas parroquias de la Capital Federal, se produce en el peor momento para las relaciones entre el gobierno y la grey católica: días después de que Juan Pablo II se quejara por la política de Néstor Kirchner en relación con la defensa del feto desde la concepción y a menos de una semana de que Rafael Bielsa visite al Papa en el Vaticano.

El artículo en el cual la candidata a jueza expone su tesis fue publicado en 1993. Si para Argibay el principal argumento para despenalizar el aborto es que la mujer «tiene derecho a decidir sobre el propio cuerpo», para su eventual colega la razón es que existiría un «derecho del niño a no nacer». Mejor dejar hablar a la doctora Highton:

«Consideramos que en el tema del aborto está en juego no sólo la colisión de intereses entre el valor vida del embrión o del feto frente al valor libertady autodeterminación de la madre, sino también -y esto es importante de resaltar-el conflicto propio del derecho del no nacido y no querido. Pues debe resolverse dónde hay daño, si en la supresión de la persona o futura persona o en llevar el embarazo a término y hacer ver la luz a un niño forzadamente, para que sea maltratado, quede abandonado física o moralmente o esté a cargo de instituciones de beneficencia y del Estado».

El razonamiento derivaría, si se sigue la lógica, en que alguienpodría demandar tal vez al Estado por haber impedido que su madre abortara y lo condenara a una vida infeliz, sometida a malos tratos o abandonos físicos o morales.

• Genética

En el mismo artículo se expone un elogio de la genética en relación con la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando se detectan enfermedades. «Consideramos que en tanto puedan conocerse problemas y detectar enfermedades -arguye Highton-, la genética es un beneficio, y que no hay daño para las personas involucradas y sus familias, sino la posibilidad de elegir responsablemente el camino a tomar. Las estrategias y técnicas disponibles para la prevención y tratamiento de estos males constituyen beneficios, aun a costa de tener que terminar (o, más bien, poder elegir terminar) con una gestación en marcha. Lo importante e interesante de este tema, más que la opinión personal que a cada uno pueda suscitarle tremendo problema ético, es que en otros países se considera daño el haber nacido e irresponsabilidad médica el haber dejado nacer, habiéndose constituido en eventual beneficio la posibilidad de no haber llegado al mundo en las condiciones desfavorables para las que estaba destinado el 'nascituros'».

Más allá del debate jurídico que pueda inspirar en los expertos el razonamiento de la candidata de la Casa Rosada a la Corte, su pronunciamiento está destinado a tensar más la cuerda con la jerarquía católica.

Sobre todo, con la de Roma, ya que los obispos argentinos, salvo contadas excepciones, han mantenido un llamativo silencio sobre las manifestaciones de Argibay. La doctora Highton acaso sospechaba este efecto de sus posturas cuando, ante una consulta periodística, en vez de referirse a su posición respecto del aborto, dijo: «Yo me manifiesto a través de mis sentencias».

• Incomodidad

A los ministros del Ejecutivo los incomodan estas sorpresas de sus postulantes para el máximo tribunal. En el caso de Gustavo Béliz, el malestar es previsible: católico practicante y con simpatías hacia el Opus Dei, es nada menos que ministro de Justicia, condición que lo obliga a dictaminar delante del Presidentesobre las calidades de los abogados que el Ejecutivo propone al Senado para la Corte. ¿Qué dirá, por ejemplo, su informe sobre la jueza Argibay, quien se confesó abortista y atea militante? Otro funcionario que debió salir a aclarar la postura del gobierno fue Alberto Fernández, el jefe de Gabinete. Aclaró, cuando el Papa habló del aborto, que la candidata a ministra no legislaría, sino que dictaría sentencias. Como para la despenalización se requiere una ley del Congreso, está garantizada la permanencia del orden actual. Profesor de Derecho, Fernández no ignora que a la Justicia ya le fueron sometidos varios casos sobre la constitucionalidad de la interrupción deliberada de la vida del feto en situaciones límite; pero el ministro debe defender la postura del gobierno, claro.

En medio de esta polémica ético-ideológica por la recomendación de Argibay, que profundizó la que ya se había abierto con la promoción de Eugenio Zaffaroni, el oficialismo imaginó que el nombre de Highton sería visto como una señal de moderación. Este supuesto es el que viene a quebrarse con estas novedades literarias.