Autos de lujo: renunció número dos de Cancillería

El escándalo por la importación ilegal de autos con franquicia diplomática se cobró dos nuevas víctimas políticas. Y una, de alto rango. Ayer presentó su dimisión nada más ni nada menos que el número dos del canciller Jorge Taiana, Roberto García Moritán. Horas antes, lo había hecho el director de Ceremonial, Marcelo Pujó.

Si bien García Moritán trató de despegar su salida de la investigación, su renuncia se da en uno de los momentos más críticos de la causa. El flamante ex funcionario confirmó su dimisión al diario La Nación. Allí trató de explicar que se debió a motivos personales que nada tienen que ver con la investigación en curso.

Distinto fue el caso de Marcelo Pujó. Se trata del funcionario de carrera que dirigía desde 2004 la Dirección de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y en cuya área se concretaron las importaciones irregulares con patentes diplomáticas.

En su carta de renuncia que entregó ayer a Taiana, declaró que tiene absoluto desconocimiento de lo que pasó en su área sobre las franquicias otorgadas ilegalmente y que desarrolló su trabajo con absoluta honestidad.

Sin embargo, Pujó, es uno de los varios diplomáticos de carrera que van a ser citados por el juez Norberto Oyarbide para declarar sobre el presunto caso de asociación ilícita derivado de la investigación interna de la Cancillería sobre el contrabando de automóviles importados con patente diplomática. Pujó era el superior de Jorge Matas, el titular del área de Franquicias que está siendo seriamente investigado por el caso y al que Oyarbide estudia acusar de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y eventualmente de «asociación ilícita». De hecho, Matas podría ser uno de los primeros en ser citado por Oyarbide, que ayer declaró además que podrían haber varios detenidos en este caso.

Matas además estaría seriamente comprometido en el sumario interno que la Cancillería realizó sobre el tema, y que se conocerá en los próximos días.

La salida de Pujó no es algo menor para el gobierno. Se trata de un diplomático muy cercano a Néstor Kirchner, cuando éste era presidente. De hecho era la persona que en los viajes oficiales del patagónico trataba de lidiar con cierta simpatía con la enemistad kirchnerista ante el protocolo internacional, incluyendo las impuntualidades. La confianza de Pujó continuó con la gestión de Cristina de Kirchner, que incluso lo incluyó en el listado de funcionarios que la acompañó en la última gira por Venezuela, Haití y República Dominicana, donde la Presidente participó en la Cumbre de Rio. Sin embargo, la aparición de Pujó en el listado de funcionarios que tendrán que circular por el despacho de Oyarbide, hizo que la situación del diplomático sea insostenible.

Tampoco el gobierno tuvo suerte en cuanto a la cobertura del cargo de Matas. Su inmediato reemplazo, Eduardo Michel, también fue reemplazado a horas de haber asumido en el cargo, al continuar habilitando automóviles en medio de la polémica por la importación y comercialización de vehículos con franquicia diplomática irregular. Michel, de todas maneras, tuvo una buena salida: fue designado miembro del Tribunal de Etica del sindicato de diplomáticos argentinos (Apcpsen).

Sobre la causa que maneja Oyarbide, el juez asegura que ya se estaría por acreditar la existencia de una «asociación ilícita» que operaba y que en ella participaron funcionarios o ex funcionarios. Puntualmente, el caso que está investigando Oyarbide fue la nacionalización de un vehículo que fue adquirido por la esposa de Matas. También figuran en la lista de las personas que el juez citará a declarar, en calidad de eventuales involucrados en la causa, la ex secretaria de Matas, Cristina Rodríguez, la hija de ésta y empleada del Departamento de Franquicias Marisol Santander Rodríguez, y Roberto Barrios, funcionario que se desempeña en la mesa de entradas del Palacio San Martín.

Estas tres personas trabajaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que en noviembre último fueron separadas de sus cargos tras el sumario administrativo que detectó varias irregularidades.

Otro que podría ser llamado a indagatoria es el gestor Pablo Rodríguez, pariente de las funcionarias de Cancillería, quien oficiaba de intermediario con los compradores de los vehículos de lujo. Pablo Rodríguez intervino en al menos siete de las 93 operaciones investigadas por la Justicia, entre ellas en el Audi modelo A4 azul que habría adquirido la esposa de Matas, María Eugenia Sanguinetti, y que pertenecía a Mikail Moskin, un empleado administrativo de la embajada de Rusia en Buenos Aires, según trascendió en fuentes de la investigación.

Ante la posibilidad de que la causa quede en manos del juez en lo Penal Económico Jorge Brugo, que instruye otro sumario por posible contrabando agravado, Oyarbide aseguró que él investiga «el delito más grave». «La causa la voy a tener yo y la Justicia me va a dar la razón», concluyó el juez al comparar la gravedad del presunto delito de «asociación ilícita» que él investiga frente al de «contrabando agravado» que instruye su colega Brugo