Avanzó Diputados con ley que blinda las acciones del Estado en empresas

La Cámara de Diputados se encamina a convertir este miércoles en ley el proyecto que impide vender las acciones que posee el Estado en empresas privadas sin el consenso de los dos tercios de los votos de ambos cuerpos del Parlamento.

La decisión se adoptó en un plenario de la comisión de Presupuesto, que preside Roberto Feletti, en cuyo transcurso el oficialismo y sus aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, Partido Solidario Si y el Movimiento Popular Neuquino respaldaron esta iniciativa que fue rechazada por la mayoría de la oposición.

De este modo, la bancada del Frente para la Victoria, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, dio este mediodía un nuevo paso para aprobar mañana, en el marco de una sesión especial, este proyecto diseñado por el gobierno que fue sancionado la semana pasada por el Senado.

El proyecto plantea garantizar que las acciones que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que quedaron en manos de la Anses tras la estatización del régimen privado de jubilados, sólo pueden venderse con el voto favorable de los dos tercios de los diputados y senadores.

Feletti señaló que el objetivo de esta ley es "impedir la libre disposición de las acciones que pertenecen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad", dado que hace "26 años se facultó al Poder Ejecutivo a vender acciones del Estado".

"La intención es que su venta no sea definida por el mercado sino por el Parlamento, y no terminen siendo un bien devaluado, y se mantenga la participación del Estado en los directorios de estas empresas privadas", apuntó el legislador oficialista.

Desde la oposición, el economista de Unen Martín Lousteau expresó su rechazo a esta iniciativa porque "este proyecto es contradictorio con los objetivos que se propone cumplir, dado que nos quedamos anclados con acciones que pueden andar peor, y cuyas inversiones fueron decididas por las AFJP y no por el Estado".

Desde el radicalismo, el diputado Luis Pastori dijo que la UCR "presentará un dictamen en minoría en rechazo de este proyecto, manteniendo la misma postura asumida en el Senado".

En tanto, el macrista Federico Sturzenegger se quejó "de la falta de flexibilidad que tiene el proyecto dado que cuando se quieran vender las acciones se tiene que anunciar, pedir autorización al Congreso, y así se pueden bajar el valor de las acciones".

A su vez, el diputado de Unidad Popular Claudio Lozano dijo que "compartimos la decisión de proteger el patrimonio previsional estatal y que se tenga que pedir autorización al Congreso", pero "rechazamos la creación de una agencia" que administrará esas acciones del Fondo de Sustentabilidad.

La iniciativa enviada por el gobierno nacional busca proteger las acciones que tiene el Estado en esas empresas, y prohíbe la transferencia al sector privado sin la autorización del Congreso por los votos de los dos tercios de sus miembros.

En sus fundamentos, la propuesta sostiene la necesidad de "promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado Nacional o al FGS, para que la realización del interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en las participaciones societarias".

También se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), que tendrá a su cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.

Además, el proyecto apunta a "contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado Nacional, orientada a la administración unificada e integral de las empresas en que participa en forma minoritaria" a través del FGS o del Ministerio de Economía.

Este nuevo organismo se conformará con un directorio y un consejo consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de Diputados y ocho del Senado.

El directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el Director Ejecutivo de la Anses, dos directores designados por el PEN (uno será el Ministro de Economía y el otro el Ministro de Industria), dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría.

Además, crea un consejo consultivo como asesor del Directorio que estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, un integrante de la Anses y uno de la CGT.

Los directores durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por otro período, y sólo podrán ser removidos por mayoría simple si la causa de la remoción es una situación de ilegalidad vinculada con una infracción a la Ley de Ética Pública.