Barra, todo terreno, a favor de los decretos de De la Rúa

Fernando de la Rúa ha tratado de ocultar, detrás de lo que parece una lluvia de decretos (en realidad los firmados en lo que va del año son 140 aproximadamente, es decir una cantidad estándar), que en algunos emprendimientos centrales su gobierno está detenido. No por enfermedad de su voluntad sino por las amenazas que se ciernen sobre esas resoluciones desde otros poderes del Estado. Los dos decretos sobre los que se sostiene la reforma que encaró el gobierno, el de modificaciones al régimen previsional y el de desregulación de las obras sociales, están impugnados en la Justicia y, además, cuestionados por una parte importante del Congreso, la cual, tratándose de decretos de necesidad y urgencia, podría voltearlos. Pocos funcionarios salieron en auxilio del propio gobierno: ni siquiera Jorge de la Rúa, que está al frente del Ministerio de Justicia, hizo demasiados esfuerzos para defender la firma de su hermano.

Por eso sorprendió más el aporte que la Casa Rosada consiguió ayer: inesperadamente, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió una opinión sobre los decretos de necesidad y urgencia favorable a que se consideren legítimos los que emitió el Poder Ejecutivo. El funcionario es, quién diría, Rodolfo Barra, quien remitió una copia de su dictamen al presidente provisional del Senado, Mario Losada (de quien depende la Auditoría), y dejó otra en manos del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, con quien se reunió ayer.

La curiosidad de la conducta de Barra es múltiple. Lo primero que se puede observar es que inventó, con el pronunciamiento de ayer, un nuevo género de textos administrativos: las «Opiniones de Presidencia de la AGN». La referida a los decretos se identifica con la nomenclatura OP-AGN/001/01. Los tres dígitos son de por sí inquietantes ya que hacen suponer que Barra podrá llegar en este año a las 999 «opiniones». Estas son pronunciamientos del titular de la AGN, que es un funcionario con rango constitucional, que expresan su criterio sobre determinados dilemas teóricos o hechos controvertidos, sin que esas tesis comprometan al resto de los auditores, que conforman un colegio. Habrá que ver en los próximos días cuál es la reacción de esos otros funcionarios que, a los efectos de estas nuevas «opiniones», están «pintados», como se dice vulgarmente.

Los efectos de esta nueva especialidad se irán conociendo con el tiempo. Con la «opinión» de ayer el gobierno habrá festejado: si bien reclama una reglamentación que le dé participación al Congreso en la convalidación o rechazo de estos decretos, Barra justifica su sanción. Pero puede que en el futuro haya «opiniones» adversas, que desde la Rosada querrán seguramente evitar.

Brete para la Alianza

La segunda curiosidad del pronunciamiento de ayer es que pone en un brete a la Alianza. Es sabido que Barra no es santo de esa devoción (la metáfora es apropiada para un católico militante como él). Raúl Alfonsín puso su renuncia a la Corte como condición para firmar el pacto de Olivos y Carlos Chacho Alvarez le dedicó uno de sus poco republicanos escraches mediáticos -sin éxito-después de haber compartido la iniciativa de su designación como auditor (esa conducta anticipó la que, meses más tarde, el ex vicepresidente tendría respecto de la denuncia sobre sobornos que le llevó a su despacho Antonio Cafiero). Ahora el oficialismo se beneficia con las argumentaciones de su adversario y por eso será difícil que las rechace: al contrario, no debería llamar demasiado la atención si Alfonsín, guiñando un ojo cómplice, termina citando «a un jurista de prestigio como Barra» cada vez que durante la campaña senatorial alguien le eche en cara los decretazos de De la Rúa. Lo mismo puede suceder con Alvarez, quien ahora ve con qué solvencia el antiguo demonio vino a justificar, entre otras cosas, una de sus propias medidas cuestionadas por la Justicia. Porque no debe olvidarse que el decreto de necesidad y urgencia que desregula las obras sociales fue firmado por Chacho en uno de sus interinatos como presidente.

En todo caso, Barra no será acusado de incoherente. Ya en los albores del menemismo fue el primero en justificar, sobre la base de un democratismo extremo, que los tribunales -y mucho más el Congreso-no deberían ser ciegos a los movimientos de la opinión pública que se expresa en las elecciones del presidente, en quien recuerda al «jefe supremo de la Nación», como dice la Constitución. Si hubo algún cambio de opinión, se produjo entre sus antiguos detractores, que ahora tal vez lo elogien por decir lo mismo que antes.

Es posible que no se advierta claramente cuál es, además del apego a sus propias doctrinas, la motivación que llevó a Barra a constituir esta «opinión», favorable al gobierno. Tal vez lo sepa Virgilio Loiácono, antiguo ayudante de De la Rúa en la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad Católica. El actual secretario Legal y Técnico recuerda que Barra fue alumno del actual presidente y que, en esa época, se tenían una gran consideración mutua. Aun así, nadie esperaba la «manzana» que el alumno le dedicó al maestro con su dictamen de ayer.