Batalla judicial del campo podría demorarse un año

Las entidades rurales emprenderán a partir de hoy un largo y controvertido camino judicial para obtener la declaración de inconstitucionalidad de las retenciones móviles.

Más allá de lo que se decidía anoche en el Senado sobre la polémica Resolución 125, ahora el campo atacará la medida ante la Justicia tachándola de inconstitucional y confiscatoria.

Sin embargo, todavía falta definir cuál será la estrategia. El primer paso, antes de acudir a los tribunales, seré esperar la promulgación. Luego, la Sociedad Rural de Luciano Miguens, Confederaciones Rurales de Mario Llambías, Federación Agraria de Eduardo Buzzi y Coninagro de Fernando Gioino establecerán quién será la parte damnificada que se presentará a la Justicia. Existen dos caminos:

La Teoría de los Derechos Difusos, avalada por la Constitución nacional desde la reforma de 1994, permitiría a las entidades constituirse como parte activa para litigar.

Pero también cada uno de los miles de productores agropecuarios que consideren que tienen derechos vulnerados por la ley sancionada ayer en el Congreso podrían presentar una lluvia de demandas judiciales en primera instancia.

De hecho, ya hubo varias presentaciones de chacareros de Mar del Plata, enrolados en CARBAP, que acudieron a la Justicia pero por el cierre temporal de las exportaciones y no puntualmente por el nivel de alícuota de las retenciones móviles.

La Sociedad Rural y CRA, las dos entidades más interesadas en canalizar por la vía judicial el reclamo contra la Resolución 125, no acudirán directamente a la Corte Suprema. Para eso deberían presentar un per saltum, y varios magistrados del máximo tribunal ya dejaron trascender que rechazarían la medida. Deberán entonces plantear sus demandas ante un juez de primera instancia, luego seguir en la Cámara de Apelaciones y recién después, en caso de enfrascarse en una batalla legal con el gobierno, llegar a la Corte. El proceso no demoraría menos de un año.

Hasta ahora, sólo el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se presentó directamente ante el máximo tribunal, ya que la Corte tiene competencia originaria en los conflictos entre la Nación y las provincias. El peronista rebelde ataca las retenciones no sólo por inconstitucionales y confiscatorias sino también porque privan a su provincia de recursos que en teoría deberían ser coparticipables.

En cambio las entidades del campo, o los productores a través de demandas individuales, accionarán por la vía judicial contra las retenciones apelando a dos argumentos. El principal, su inconstitucionalidad: el campo sostiene que la Resolución 125 fue dictada en base a una delegación de facultades para fijar derechos de exportación, previstas en el Código Aduanero, del Poder Legislativo al Ejecutivo.

Pero además, y basándose en jurisprudencia previa de la Corte, sostendrán que las retenciones son confiscatorias por superar la barrera de 33%. Sumando eso a otras cargas como el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, muchos productores llegan a tributar más de 80% de lo que facturan.

Desde el oficialismo aseguran que las retenciones no son un impuesto sino un derecho de exportación que se enmarca en la política económicadel gobierno y que no pueden ser revisadas en sede judicial.

Ayer, en el recinto del Senado, el titular de la Comisión de Presupuesto, el kirchnerista Fabián Ríos, dijo que «es necesario respetar las decisiones que se tomen en ámbitos democráticos» y destacó que «aún en este país se puede recurrir a la Justicia y existe esa posibilidad gracias a que tenemos una Corte Suprema de Justicia independiente».