Oficialista pide comisión interna de consulta en el Banco Central con legisladores y fiscales

El órgano a crear deberá ser de "consulta obligada del directorio" de la institución que hoy preside Miguel Pesce -su pliego aún no fue aprobado en la Cámara alta, por decisión del peronismo- a la hora de evaluar "proyectos de normas a dictar que afecten a las y los usuarios de servicios financieros".

José Luis Ramón

El diputado y flamante aliado “oficial” del kirchnerismo José Luis Ramón presentó un proyecto que encenderá las alarmas del ya trastocado Banco Central: el legislador mendocino pretende reformar la Carta Orgánica de la institución que hoy preside Miguel Pesce -su pliego aún no fue aprobado en la Cámara alta, por orden del cristinismo- para crear una comisión interna “de Protección de las y los Usuarios de Servicios Financieros, con la misión de asegurar la participación, defensa y protección de las y los usuarios de servicios financieros, sus derechos e intereses económicos.”

La comisión en cuestión deberá estar integrada por “dos representantes de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia” de Diputados, al igual que la de “Derechos y Garantías” del Senado. El proyecto va más allá de la intromisión legislativa e impone la presencia de “un representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, además de integrantes de la autoridad de aplicación y de usuarios de servicios financieros.

Según consta en el texto de Ramón, el órgano interno servirá también para “proponer de oficio al Directorio del Banco Central de la República Argentina proyectos de normas, reformas o acciones a implementar en favor de las y los usuarios de servicios financieros”; “solicitar informes” a “otras entidades públicas o privadas”; e impulsar acciones “en el marco de un conflicto de incidencia colectiva o de una o un usuario de servicios financieros en particular, en los casos que se considere pertinente”.

En su sexto artículo, la iniciativa descomprime el embate inicial y deja claro que “los dictámenes no serán vinculantes y deberán expedirse sobre la legalidad, conveniencia y modificaciones que se consideran pertinentes en las normas sometidas a su análisis”. No obstante, luego arremete: “El Directorio del Banco Central de la República Argentina deberá incorporar, bajo pena de nulidad, de modo expreso, fundamentos en la norma o decisión final, explicitando los dictámenes recibidos, mérito sobre su contenido y las eventuales modificaciones incorporadas al texto en consecuencia”.

Ramón argumentó: “En última instancia, la presente propone operativizar el artículo 42 de la constitución, dando espacio a la participación de los consumidores en los entes de control nacionales, que, si bien en este caso no se corresponden con un servicio público propiamente dicho, sí se corresponden con uno que se puede categorizar como ‘servicio público impropio’, esto es, actividades en las que el estado tiene un control superior por la posible afectación masiva de los derechos de la ciudadanía (como sucede en los contratos de seguros, de ahorro previo, etcétera)”.

Al legislador mendocino lo satisface “poner a consideración de mis pares el presente proyecto, donde se conjuga el reconocimiento de las y los usuarios de servicios financieros con una tutela preventiva de sus derechos e intereses económicos”.

Para Ramón -visitó días atrás a Alberto Fernández y abrazó al Frente de Todos-, la ley “responde a estándares nacionales e internacionales respecto del carácter sustantivo de la participación ciudadana, así como a una lógica preventiva del daño o afectación de los derechos e intereses económicos de las y los usuarios de servicios financieros”. Y aclaró que “la regulación de la garantía judicial en cuanto a legitimación y pretensión termina por asegurar el carácter operativo de la ley frente a frecuentes restricciones autoimpuestas”.