Bicameral de inteligencia lapidaria con la era Macri (piden "comisión judicial")

Lapidario dictamen de comisión: 307 víctimas directas y la intervención de la AFI en 43 causas penales. Solicita conformar una nueva Bicameral para "causas armadas". Es la primera vez que legisladores emiten un documento de estas características. Hubo declaraciones de agentes en actividad bajo confidencialidad.

Leopoldo Moreau

Para el Congreso de la Nación, entre los años 2015 y 2019, el Poder Ejecutivo montó una matriz de espionaje ilegal con fines políticos que utilizó recursos e instituciones del Estado para llevar adelante un “plan sistemático” ilegal como “método de dominación y extorsión” a adversarios políticos y empresarios. El dictamen de la mayoría oficialista de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, bajo el acápite “Estado Mafioso”, plasmó lapidarias conclusiones acerca del desempeño del Gobierno de Mauricio Macri. Pero lo que resultó de mayor impacto es la cifra de “objetivos” de esas maniobras: 307 víctimas directas confirmadas (a través de distintos casos judiciales que vieron la luz en diferentes células dedicadas al espionaje estatal y paraestatal); 43 intervenciones de servicios de inteligencia en causas penales en tan sólo los primeros 12 meses de gestión.

Los legisladores –senadores y diputados- relacionaron esta práctica con el denominado “Lawfare” y que las acciones concretas que se llevaron a cabo fueron seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recopilación de movimientos migratorios, utilización de “arrepentidos” bajo presión, entre otras. Coincidieron en señalar que el objetivo no era tener información avanzada de los movimientos de los adversarios, sino utilizar esa información para el armado de denuncias penales y la filtración a los medios de comunicación para vulnerar el debido proceso y crear un clima de “sentencia anticipada”.

De la información que obtuvo por sus amplias facultades, la Bicameral arribó a la conclusión de que para esto, se valieron no de las estructuras preexistentes del Estado, sino que crearon “células” con sus estructuras “paralelas y clandestinas”. Para esto la AFI habría puesto manos a la obra a comienzos de 2016, apenas asumido el Gobierno. Todo esto habría sido financiado con fondos reservados de inteligencia que volvieron a la opacidad tras un decreto presidencial del propio Macri. Se menciona la cifra de u$s100 millones derivados a estos fines.

La minoría de la comisión, y que incluso participó de la recolección de testimonios a través de la subcomisión creada para tal fin, evitó las consideraciones finales en materia de espionaje y aseguraron que la Bicameral no poseía facultades tan amplias de investigación. Paradójicamente, mencionan que esta conclusión avalaría el presupuesto de una persecución política sobre la gestión de Cambiemos.

Los legisladores se refirieron a varias causas surgidas de esta usina, y que varias de ellas contenían como requisito la detención de los involucrados o de familiares de ellos para obtener testimonios. Señalaron el episodio de Pablo Barreiro –que es investigado en una causa- y GNL, que concitó varios escándalos, con la participación de un perito que confeccionó un falso informe y que cuando cayó fue reemplazado para sostener la causa con el falso abogado Marcelo D´Alessio que lideraba otra de las células paraestatales. El apartado sobre las escuchas al teléfono de Oscar Parrilli constituye otro de los ejemplos recopilados, lo mismo que el armado de “precausas” por la AFI que permitía avanzar sobre garantías del Estado de Derecho. Se consideraron además las revelaciones de declaraciones que permanecen anónimas de agentes de inteligencia (en funciones) que fueron recibidas por los legisladores bajo resguardo de confidencialidad por su actividad. Allí se relató una cadena de mando y una forma operativa que adquirían las maniobras descriptas en el seno de la central de espías. Incluye el de autoridades del Departamento de Casos Judiciales de la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Existía un área inorgánica que se hacía llamar “Gabinete B” en la central de espías. Allí se hacían transcripciones de escuchas. En ese marco, se inscribió algo inédito también para el espionaje criollo: el espionaje penitenciario.

La conclusión final de todo este recorrido legislativo terminó anunciando un capítulo por abrir: el judicial. Por eso es que respecto al accionar de magistrados y causas, la Bicameral solicitó la creación de una comisión homóloga pero dedicada a escudriñar el desarrollo de esos expedientes que se presumen viciados por el accionar ilegal. Una Bicameral “que de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales”, está escrito de forma textual.