Biodiésel: Diputados aprobó proyecto para eximir impuestos
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Cámara de Diputados.
Consideró que el proyecto forma parte de la política oficial "de mejorar la ecuación de divisas de la energía".
Para la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ese punto es "inconstitucional", porque se trata de "una facultad que pertenece al Poder Legislativo".
En ese artículo, el kirchnerismo incluyó una modificación a la letra original y estableció que el Poder Ejecutivo tendrá facultad para extender la medida hasta 2024.
Según consideró el massista y dirigente petrolero, Alberto Roberti, se trata de "una medida reparadora que la industria va a recibir muy bien".
A su turno, el jefe del bloque macrista, Federico Pinedo, evaluó que el Gobierno "busca frenar el desastre productivo" que se produjo tras "crear una maraña de ilegalidades morenísticas que destruyó la industria del biodiésel".
"Hay que fijar reglas claras y previsibles para que todos los que quieran producir lo hagan en igualdad de condiciones y terminar con este sistema completamente arbitrario e inconstitucional", reclamó Pinedo.
En tanto, se abstuvieron de votar los integrantes de la Coalición Cívica, Unidad Popular y Suma Más Unen.
"No acompañamos este proyecto ya que implica un subsidio de más de 2000 millones de pesos a las grandes empresas aceiteras que controlan el 70 por ciento de la producción y la exportación de biodiésel", explicó el diputado de UP, Claudio Lozano.
El rechazo, a la vez, fue encabezado por los miembros del Frente de Izquierda.
"Estamos en contra de los biocombustibles, cuya producción eleva el precio mundial de los alimentos, agravando el hambre y la caída del poder adquisitivo de los salarios de miles de millones de trabajadores. Además, agravan el daño ambiental y no cambian la matriz energética que nos llevó a la presente crisis hidrocarburífera basada en recursos no renovables", se quejó Néstor Pitrola.
El gobierno nacional lanzó la medida en momentos en que el país mantiene una denuncia en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra España por el impedimento a la compra de biodiésel argentino, medida que el gobierno ibérico había adoptado como "represalia" por la estatización de YPF y la salida de Repsol.



