Boudou pidió ser sobreseído en la causa por el auto con papeles irregulares
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Amado Boudou.
Junto al Vicepresidente, el juez también dispuso el procesamiento por el mismo delito a la denunciante María Graciela Taboada de Piñero, en calidad de autora, y a la expareja Agustina Seguin, como partícipe necesaria, y no hizo lugar a su pedido de Boudou para le fuera restituido el vehículo.
La causa se inició en 2009 por denuncia de Taboada de Piñero, titular de la oficina número dos del Registro Nacional del Automotor, por irregularidades en la documentación del coche que fue importado a principios del ´90 por la firma NABSA Corporation S.A.
El mismo fue patentado el 8 de octubre de 1992 a nombre de Cayetano Campione, al año siguiente es otorgado a la concesionaria Atlántica Automotores de Mar del Plata, y luego es comprado por Boudou.
Al ser indagado, Boudou se negó a contestar preguntas y en cambio presentó un escrito en el que deslindó la responsabilidad en los gestores: "Jamás me encargué del trámite de inscripción registral, no completé los formularios cuestionados ni falseé información de tipo alguno, ni hice completar documentos con datos falsos. Con todas las letras, se inscribe un vehículo a mi nombre que efectivamente adquirí legalmente y del cual me encontré privado de su uso durante años", señaló.
Seguín amplió su declaración judicial días atrás: dijo que no tuvo responsabilidades en la firma de los documentos, aseguró que el Vicepresidente fue quien contrató y pagó al gestor y que el propio Boudou usaba el auto antes de comenzar la relación con ella.
Este procesamiento se suma a otro que le impuso el juez federal Ariel Lijo en junio pasado por el caso Ciccone, en el que se acusa al Vicepresidente de "cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública", a raíz de su presunta intervención en el proceso de salvataje de la quebrada ex Ciccone Calcográfica y su posterior compra.
La semana pasada, además, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, se abrió una nueva causa contra Boudou por haber insertado información falsa en su Documento Nacional de Identidad (DNI), al tiempo que la Justicia también lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y por avalar cuando era secretario de Hacienda del Partido de la Costa un plan de viviendas que nunca se completó.




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